Vapear no mata. Prohibirlo, sí

En España ya somos más de 250.000 vapeadores, es decir, personas que fumamos pero soltando vapor, en ocasiones con nicotina, en ocasiones sin ella, y sin inhalar las alrededor de 4.000 sustancias nocivas del tabaco, de las cuales más de 50 son cancerígenas.

Merece la pena destacar el estudio realizado por la Universidad de East London que ha demostrado que el 90% de los fumadores que han participado en un reciente estudio han encontrado una alternativa al tabaco gracias a la utilización del cigarrillo electrónico. O las últimas referencias que hace la revista The Lancet en uno de sus artículos, cuyos autores defienden la incomparable menor toxicidad del e-cigarrillo frente al tabaco y afirman que su regulación como producto de consumo podría ayudar a las Administraciones públicas a ahorrar enormes inversiones en tratamientos específicos para dejar de fumar.

Y aún hay más datos, opiniones y estudios concluyentes sobre la menor toxicidad del cigarrillo electrónico frente al tabaco, como Indoor Vapor Air Quality, comisionado por la consultora Change y publicado en la revista Inhalation Toxicology; Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy, publicado en Addiction, o diferentes análisis del Parlamento Europeo, por citar sólo algunos. En paralelo, doctores de renombrado prestigio, como el reconocido oncólogo Umberto Veronesi, han regalado e-cigarrillos a sus pacientes fumadores y confirman que, si se impusiera al cigarrillo tradicional, podrían salvarse al menos 30.000 vidas al año en Italia y cerca de 500 millones en todo el mundo.

El Gobierno de España acaba de anunciar que estudia equiparar la limitación al e-cig con la del tabaco, regular su venta y prohibir la publicidad y su uso en ciertos espacios. Entretanto, y ante la laguna existente de normativas nacionales, algunas comunidades, encabezadas por Cataluña y Andalucía, han decidido ya unilateralmente prohibir el uso del cigarrillo electrónico en determinados lugares públicos.

La asociación que tengo el honor de presidir nació en septiembre de 2013 como entidad sin ánimo de lucro, con la salvaguarda de los derechos de los vapeadores como prioridad. Se ha consolidado como referencia en el sector del cigarrillo electrónico español y aboga por entablar un debate constructivo con la Administración pública, los especialistas médicos y la sociedad en general sobre el uso del e-cigarrillo y su comercialización.

Un debate que ha de ser abierto, transparente e inmune a las posibles presiones que poderosos grupos de interés, como el formado por la industria farmacéutica o, en segundo término, la tabaquera, podrían ejercer para tratar de acabar con los cigarrillos electrónicos, que suponen una seria competencia para sus respectivos productos.

Trabajemos, pues, por crear un marco de colaboración y trasparencia que permita establecer una legislación apropiada para la fabricación, comercialización y utilización de los e-cig, que se superen siempre los máximos estándares de calidad y que esos estándares sean de cumplimiento absolutamente obligatorio para todas las marcas que fabriquen y comercialicen cigarrillos electrónicos. Esa es la vía. No la prohibición per se.