Por qué es hora de legalizar las drogas
Las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas han destruido muchas más. Todos queremos proteger a nuestras familias del peligro potencial de las drogas. Pero si nuestros hijos desarrollaran un problema de drogadicción, seguro que querríamos que cuidaran de ellos como pacientes que necesitan tratamiento, y no que fueran catalogados como delincuentes.
Por mi experiencia, considero que una buena política pública debe basarse en un análisis esapasionado de lo que en la práctica ha funcionado o no. La que se basa en suposiciones comunes y en sentimientos populares puede convertirse en una receta de prescripciones erróneas e intervenciones equivocadas.
Este divorcio entre retórica y realidad se hace especialmente patente en la formulación de las políticas internacionales de drogas, donde pesan demasiado las emociones y la ideología, más que las pruebas.
Pongamos por ejemplo el uso médico del cannabis. Teniendo en cuenta los datos de Estados Unidos, ahora sabemos que legalizar el consumo de cannabis para fines médicos no ha provocado un incremento de su consumo entre adolescentes, como argumentaban sus detractores. Por el contrario, en Estados Unidos casi se ha triplicado el número de muertes por sobredosis de heroína entre 2010 y 2013, pese a que la ley y las estrictas penas siguen siendo las mismas.
Este año, entre el 19 y el 21 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una sesión especial sobre las drogas y el mundo tendrá la oportunidad de cambiar su rumbo. Ahora que se acerca este acontecimiento, debemos preguntarnos si estamos en el camino adecuado. Concretamente, debemos preguntarnos cómo hacemos frente a lo que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ha llamado las "consecuencias involuntarias" de las políticas de los últimos 50 años, que han contribuido, entre otras cosas, a crear un amplio mercado delictivo internacional de las drogas, que alimenta la violencia, la corrupción y la inestabilidad. Pensad sólo en los 16.000 asesinatos que hubo en México en 2013, muchos de los cuales están directamente ligados al tráfico de drogas.
A nivel internacional, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito. Se estima que la prohibición global cuesta al menos 100.000 millones de dólares (90.700 millones de euros) al año, mientras que hay 300 millones de personas que consumen drogas en el mundo, contribuyendo a un mercado ilícito internacional con un volumen de 330.000 millones de dólares al año, uno de los mayores mercados de materias primas del mundo.
La prohibición ha tenido poco impacto en la oferta y demanda de drogas. Cuando en algún lugar los organismos de seguridad avanzan, la producción de las drogas simplemente se traslada a otra región o país, el tráfico de drogas pasa a otra ruta y los consumidores cambian de droga. La prohibición no ha reducido considerablemente el consumo. Los estudios han fracasado una y otra vez a la hora de establecer un vínculo entre la dureza de las leyes sobre drogas de un país y sus niveles de consumo. La criminalización y el castigo generalizados de las personas que consumen drogas -las cárceles masificadas- significan que la guerra contra las drogas es, hasta cierto punto, una guerra contra los consumidores: una guerra contra las personas.
África es un triste ejemplo de estos problemas. La Comisión de África Occidental contra las Drogas, a la que convocó mi fundación, informó el año pasado de que la región ahora se ha convertido no sólo en un punto de tránsito mayor entre los productores de Latinoamérica y los consumidores de Europa, sino también en un área donde está incrementando el consumo. El dinero de la droga, y la delincuencia que va asociada, está fomentando la corrupción y la violencia. La estabilidad de los países y de la región está amenazada.
Creo que las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas de gobierno han destruido muchas más. Todos queremos proteger a nuestras familias del peligro potencial de las drogas. Pero si nuestros hijos desarrollaran un problema de drogadicción, seguro que querríamos que cuidaran de ellos como pacientes que necesitan tratamiento, y no que fueran catalogados como delincuentes.
La tendencia en muchas partes del mundo a estigmatizar y encarcelar a los consumidores de drogas ha impedido a muchos buscar tratamiento médico. ¿En qué otros ámbitos de la salud pública criminalizamos a los pacientes que necesitan ayuda? Las medidas punitivas han llevado a muchas personas a la cárcel, y allí su consumo se agrava. Para un joven, tener antecedentes penales por un delito menor de drogas puede ser un peligro para su bienestar mucho mayor que el uso ocasional de drogas.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, el propósito inicial de la política contra las drogas era proteger la "salud y el bienestar de la humanidad". Debemos replantear la política internacional y nacional en torno a este objetivo clave, y para ello hay que adoptar cuatro medidas críticas.
En primer lugar, descriminalizar el consumo personal de drogas. El consumo de drogas es nocivo y reducir este daño es tarea del sistema de salud pública, no de los tribunales. Esto debe ir unido al refuerzo de los servicios de tratamiento, sobre todo en los países de renta media y baja.
En segundo lugar, hay que entender que un mundo sin drogas no es más que una ilusión. En cambio, debemos esforzarnos para que las drogas causen el menor daño posible. Las medidas de reducción de daños, como los programas de intercambio de jeringuillas, pueden provocar un cambio real. Alemania adoptó tales medidas hace tiempo y el nivel de infecciones de VIH entre los drogadictos que se inyectan es inferior al 5%, frente a porcentajes de más del 40% en países que se resisten a este enfoque pragmático.
En tercer lugar, tenemos que promover una regulación y una educación pública en vez de una supresión total de las drogas, que ya sabemos que no funcionará. Las medidas llevadas a cabo con éxito para reducir el consumo de tabaco (una adicción muy potente y perjudicial) demuestran lo que se puede lograr. Es la regulación y la educación, y no las amenazas de cárcel, lo que ha reducido el número de fumadores en muchos países. La subida de impuestos, las restricciones en la venta y las campañas anti-tabaco han dado buenos resultados.
La venta legal de cannabis es una realidad que comenzó en 1996 en California, donde se legalizó la venta para fines médicos. Desde entonces, 22 Estados de Estados Unidos y algunos países europeos han seguido sus pasos. Y otros incluso han ido más lejos. En Colorado se legalizó la venta de cannabis para uso recreativo a través de una iniciativa ciudadana que ganó por aprobación popular. El año pasado, Colorado recaudó unos 135 millones de dólares en impuestos y cuotas de licencia procedentes de la venta legal de cannabis. Otros han preferido tomar una ruta menos comercial. En España existen clubs sociales de consumidores de cannabis cuyos miembros pueden cultivar y comprar cannabis a través de pequeñas organizaciones no comerciales. Y parece que el próximo año Canadá se convertirá en el primer país del G7 que regule la venta de cannabis.
La tendencia inicial demuestra que donde se ha legalizado el cannabis no ha habido ningún boom en el consumo de drogas ni en los delitos relacionados con la droga. El tamaño del mercado negro se ha reducido y miles de jóvenes se han quedado sin antecedentes penales. Pero un mercado regulado no significa un libre mercado.
Tenemos que pensar bien en lo que se debe regular y lo que no. Pese a que la mayor parte del consumo de cannabis es ocasional, moderado y no va asociado a graves problemas, precisamente es por sus riesgos potenciales por lo que requiere regulación.
Por lo tanto, la cuarta y última medida consiste en reconocer que las drogas deben ser reguladas precisamente porque conllevan riesgos. Es hora de reconocer que las drogas son infinitamente más peligrosas si se dejan sólo en manos de criminales a quienes no les preocupa la salud ni la seguridad. Una regulación legal protege la salud. Los consumidores deben ser conscientes de lo que están tomando y disponer de información clara sobre los riesgos de salud y cómo minimizarlos. Los gobiernos deben ser capaces de regular los puntos de venta y a los comerciantes dependiendo del daño que pueda provocar una droga. Las drogas más peligrosas no deberían estar disponibles sobre un mostrador, sino sólo mediante prescripción médica para personas registradas como consumidores dependientes, como ya está ocurriendo en Suiza.
Las pruebas científicas y nuestra preocupación por la salud y los derechos humanos deben conformar la política contra las drogas. Esto significa asegurarse de que menos personas mueran por sobredosis de droga y de que los autores de pequeñas infracciones no vayan a la cárcel, donde los problemas de drogas se agravan. Es hora de dar a la política contra la droga un enfoque más inteligente y que se base en la salud.
Es hora de que los países, como Alemania, que ya han aplicado mejores políticas, aboguen con fuerza por un cambio de políticas en el extranjero. La sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema internacional de las drogas es una buena casilla de salida.
Este artículo apareció por primera vez en Spiegel.
Kofi Annan, de 77 años, fue secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006. En 2001, se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Actualmente, Annan vive en Ginebra, donde dirige la Kofi Annan Foundation, que trabaja por un mundo más pacífico y seguro. También es miembro de la Comisión Mundial de Políticas de Drogas.
Este post fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano
