Un día memorable en la historia de Colombia
El pasado 27 de junio, sin lugar a dudas, ha sido uno de esos días memorables de la historia reciente de Colombia. Tras algo más de seis meses de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno colombiano, el grupo armado ha hecho entrega, ante la verificación de Naciones Unidas, de más de 7.000 armas, lo que supone un promedio de un arma por guerrillero –lo cual triplica lo acontecido en los procesos centroamericanos– y a lo que se sumará el material alojado en las más de 900 caletas (zulos), respecto de las cuales ya se ha empezado a facilitar a las autoridades su posición.
Y es que, aunque son muchas las voces que cuestionan el compromiso de la guerrilla en el actual proceso, lo cierto es que su concentración en zonas veredales, su disposición para asumir un tránsito efectivo de la vida armada a la vida civil, y el referido proceso de dejación de armas dan buena cuenta del firme compromiso en poner fin a más de medio siglo de lucha armada. Es decir, se ha puesto de manifiesto cuánto de irreversible era el proceso, tal y como han repetido en innumerables ocasiones sus más altos dirigentes.
Sin embargo, la verdadera responsabilidad, a partir sobre todo de este momento recae tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Hay que activar el proceso de amnistías e indultos que, según el Acuerdo, debe beneficiar a más de 2.000 excombatientes de las FARC-EP. Asimismo, hay que activar todo un elenco de normas en favor de transformaciones del orden estructural e institucional que favorezcan un proceso de normalización política, social y cultural. Es imprescindible iniciar las medidas con las que conferir seguridad económica a los excombatientes cuya vida debe transformarse de un marco de violencia a otro bien distinto de reincorporación. Debe comenzar la implementación de los compromisos de justicia transicional y también de pluralidad y oposición política a efectos del inminente panorama electoral que comienza después del verano. En definitiva, a la dejación de armas debe acompañar todo un conjunto de acciones y compromisos gubernamentales que, en el fondo, darán buena cuenta del nivel de voluntad política y de compromiso por parte de un Gobierno y un Legislativo que, en parte, ya entiende que lo que prima es el nuevo orden electoral de 2018 y no un proceso de paz en el que las FARC-EP ya han satisfecho el primero y principal de sus compromisos: abandonar la lucha armada.
Por otro lado, al siguiente Gobierno, además de respetar y garantizar lo acordado con las FARC-EP (y lo cual queda en peligro, de llegar la derecha extrema de Álvaro Uribe o Alejandro Ordóñez al poder) deberá garantizar una prioridad hasta el momento insatisfecha, y es la garantía del control territorial por parte de la Fuerza Pública respecto de aquellos territorios más afectados por la presencia de la guerrilla. Territorios que, de lo contrario, corren el riesgo de ser cooptados por disidencias de las FARC-EP, por el ELN y por grupos post-paramilitares, y que ya han comenzado a intensificar los niveles de violencia. Del mismo modo, el compromiso de la paz en Colombia debe orientarse hacia una superación de las condiciones de exclusión y marginalidad social que sigue afectando a millones de colombianos, además de combatir efectivamente a los grupos criminales que aún hoy reclutan miles de efectivos en sus filas, y negociar, con la facción que así quiera, de un ELN internamente fracturado, en tanto que al menos dos de sus estructuras - los frentes de guerra oriental y occidental- no parecen muy dispuestas en la labor.
En conclusión, solo con lo anterior será posible inyectar al proceso de paz la integralidad y la complejidad que requiere, más allá del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Un Acuerdo de Paz que en la dejación de armas encuentra un día memorable pero que requiere de más acciones y más compromisos si verdaderamente se busca llegar a la paz estable y duradera que demanda el país.
