Putin manda a un opositor 25 años a Siberia
El periodista Vladímir Kara-Murzá, de 42 años y colaborador del 'Washington Post', ha sido condenado por alta traición y por difundir información falsa sobre el Ejército.
El opositor ruso Vladímir Kara-Murzá, condenado a 25 años de cárcel por alta traición y por difundir información falsa sobre el Ejército, ha sido encerrado en una cárcel siberiana, informó este domingo su abogado.
Kara-Murzá, de 42 años, ha sido enviado a la prisión de máxima seguridad IK-6 de la ciudad siberiana de Omsk, a unos 2.700 kilómetros de Moscú.
"IK-6 es una prisión de máxima seguridad para condenados primerizos. Se encuentra a las afueras de la ciudad", escribió Vadim Prójorov, abogado del opositor, en Facebook.
El opositor y periodista crítico con el Kremlin fue conducido desde Moscú a Omsk durante casi tres semanas, proceso especialmente traumático conocido en Rusia como "etapirovanie" (traslado por etapas).
Durante el camino fue encerrado en prisiones en Samara y Penza, en la parte europea de Rusia; en Cheliabinsk, en los Urales, y en una prisión preventiva de Omsk.
Nada más llegar el pasado 21 de septiembre a IK-6, Kara-Murzá fue encerrado en una celda de castigo por haber cometido una infracción que sus abogados desconocen.
Las autoridades penitenciarias rusas ordenaron el traslado del opositor sin esperar a que la Justicia se pronunciara sobre un recurso de casación presentado por su defensa.
Recientemente, la esposa de Kara-Murzá, Yevguenia, denunció en la red social X, antes Twitter, que el traslado se consumó en secreto y en vísperas del 42 cumpleaños del periodista opositor para que éste no recibiera "mensajes de apoyo desde todo el mundo"·
La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha condenado la persecución política del opositor, proceso que considera "políticamente motivado". Washington demandó "la liberación inmediata del señor Kara-Murzá y la de más de 600 presos políticos en Rusia".
La oposición considera que el Kremlin se la tenía jurada desde hace años a Kara-Murzá, uno de los iniciadores de la Ley Magnitski, la primera lista de sanciones contra el Kremlin, pese a lo que éste regresó a principios de año a Rusia.
Kara-Murzá, que escribía artículos de opinión para medios como The Washington Post, fue detenido en abril por presuntamente colaborar con países de la OTAN y desacreditar a las Fuerzas Armadas en un discurso pronunciado en la Cámara de Representantes de Arizona (EEUU) el 15 de marzo.
Considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue distinguido con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos 2022 otorgado por el Consejo de Europa.
Acoso a la sociedad civil
El caso de Kara-Murza fue citado expresamente por la relatora especial para Rusia, Maria Katzarova, quien intervino el pasado 21 de septiembre por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y denunció el "cierre efectivo" de la sociedad civil rusa tras 20 años de represión, agravado tras el comienzo de la guerra en Ucrania.
"Se han silenciado la disidencia y la prensa independiente, mientras se cometen detenciones arbitrarias, acosos a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes políticos y religiosos, activistas contra la guerra y cualquiera que se atreva a criticar al Gobierno o el conflicto en Ucrania", subrayó.
Katzarova, experiodista búlgara con 25 años de experiencia en la investigación de conflictos y su impacto en los derechos humanos, afirmó que "las calculadas y crecientes restricciones a las libertades fundamentales que Rusia ha impuesto en las pasadas décadas han culminado en un estado actual de criminalización de cualquier crítica real o percibida mediante censura y propaganda".
La relatora puso como ejemplo el cierre, el pasado año, de uno de los últimos diarios independientes que quedaban en Rusia, el Novaya Gazeta, y las acusaciones de "agente extranjero" contra su redactor jefe Dmitri Muratov (galardonado con el Nobel de la Paz), que implican la imposición de limitaciones y represalias.
De hecho, añadió Katzarova, la reciente modificación de leyes contra "agentes extranjeros" y "organizaciones indeseables" es otro ejemplo de la creciente represión en Rusia, al restringir y penalizar actividades de organizaciones de derechos humanos y medios independientes, forzando a muchos a cerrar.
La situación, recordó la relatora, empeoró con el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022 y, desde entonces, más de 20.000 personas han sido detenidas por participar en marchas contra la guerra y 600 han sido procesadas, entre ellas Oleg Orlov, copresidente de la organización Memorial, también galardonada con el Nobel.
"Ha habido un aumento en los juicios de carácter político, con más de 500 casos sólo el pasado año. Algunos han sido juzgados por traición, espionaje u otros graves crímenes y, en casos donde la comunidad internacional ha reclamado clemencia, se han dictado penas extraordinariamente largas", destacó, recordando los casos de líderes opositores como Alexei Navalni o Vladímir Kara-Murza.
"Pido a las autoridades rusas que lleven a cabo reformas amplias en materia de derechos humanos para corregir dos décadas de daño y que cumplan con sus obligaciones internacionales", concluyó la relatora, quien aseguró que los responsables rusos han intentado obstruir su trabajo y "disuadir a mecanismos de la ONU para que no colaboren".
"Muchos han puesto su libertad e incluso su vida en riesgo para comunicarse conmigo", añadió Katzarova, al mencionar las más de 200 fuentes que desde dentro y fuera de Rusia han colaborado en la elaboración de su primer informe.