Así persigue Putin a la prensa libre

El arresto en Rusia del reportero de The Wall Street Journal Evan Gershkovich es el último ejemplo de cómo se las gasta Vladimir Putin con la prensa independiente, sea nacional o extranjera.  El pan de cada día para quien quiere informar de lo que pasa en el país más allá de la propaganda. Según las autoridades rusas, se le ha abierto un expediente por espionaje en virtud del artículo 276 del código penal, un cargo por el que podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel. 

El corresponsal, de 30 años, fue detenido en Yekaterimburgo, capital de los Urales, por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB). Cubría no sólo Rusia, Ucrania y las exrepúblicas soviéticas desde enero de 2022. Antes de incorporarse a este periódico trabajó para la agencia francesa AFP en Moscú y, anteriormente, para el sitio en inglés The Moscow Times. Habla ruso perfectamente, porque su familia emigró de Rusia a Estados Unidos cuando era niño. Se dedicaba, dice, a trabajar. Nada más. Niega por completo su culpabilidad en el caso. 

Cuenta con el apoyo de su redacción, del Gobierno de Estados Unidos (donde está radicado), de asociaciones internacionales profesionales y de defensa de los derechos humanos y hasta de cerca de 70 periodistas independientes y representantes de la sociedad civil de Rusia, que han pedido en una valiente carta abierta su liberación. Por ahora, sin resultados, tendrá que seguir detenido al menos hasta el 29 de mayo.

El caso ha sido clasificado de altamente secreto, por lo que se desconoce la información que maneja el FSB para acusar al periodista de espionaje, salvo que le imputan haber "recopilado informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso por encargo de EEUU". Su diario, "profundamente preocupado por la seguridad" de Gershkovich, insiste en negar los cargos contra su reportero y solicita su "liberación inmediata".

Putin, el depredador de la libertad de prensa

El sistema de represión y persecución de periodistas en Rusia está alcanzando nuevas cotas con la guerra de Ucrania, esa no declarada y que el Kremlin llama aún "operación militar especial", pero ya venía siendo realmente asfixiante en los tiempos de Putin, que ha intensificado con los años esa animadversión. La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo sitúa como uno de los mayores depredadores de la libertad de prensa del mundo, dejando a su país en el puesto 155 de 180. 

Señala que a raíz de la guerra todo ha ido a peor. Periodistas independientes y de la oposición en Rusia "han evitado cubrir las actuaciones de las Fuerzas Armadas rusas" debido a la amenaza de ser condenados a 15 años de prisión, incluso. Es gracias a una nueva ley, adoptada el 4 de marzo, apenas una semana después de la invasión, que "no es más que la primera de una serie de normas contra los medios de comunicación". "Dracocianas", denuncia.

De acuerdo con la ley adoptada el 4 de marzo (una importante modificación de la ley de 2019 sobre desinformación), publicar información acerca de las Fuerzas Armadas rusas que sea considerada "falsa" o "desacreditadora" puede conllevar penas de hasta 15 años de cárcel. Además de esta norma, modificada varias veces desde su adopción, "se han implantado al menos otras seis leyes orwellianas desde que Rusia invadió Ucrania".

"La ley del 4 de marzo impone, de facto, la censura bélica en Rusia, ya que se deja que los tribunales progubernamentales decidan qué constituye información falsa acerca de las Fuerzas Armadas, castigado con 15 años de prisión», afirma Jeanne Cavelier, responsable del Área de Europa del Este y Asia Central de RSF, en un comunicado. "Cientos de periodistas han huido desde la implementación de esta dura medida, mientras aquellos que permanecen en el país deben trabajar de forma casi clandestina. Apoyamos a los periodistas rusos independientes que resisten con valentía los golpes de Vladimir Putin y sus aliados, y exigimos a los parlamentarios rusos que dejen de enunciar leyes draconianas", añade. 

Sólo en los primeros seis meses de aplicación de la norma, más de 4.000 personas -incluyendo periodistas- han sido perseguidos debido a esta ley durante los últimos seis meses, y 224 de ellos enfrentan una posible pena de prisión, de acuerdo con el último informe de OVD-Info, una ONG rusa de derechos humanos. "Basta con publicar un enlace en redes sociales a una noticia de los principales medios de comunicación internacionales sobre las masacres del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Bucha, por ejemplo, para ser enjuiciado".

Este informe señala también que al menos 27 medios han cerrado o suspendido sus actividades en Rusia a lo largo de los últimos seis meses. Entre ellos se encuentran medios de comunicación extranjeros tan importantes como la BBC, la CNN y la CBC/Radio Canadá, que abandonaron el país después del 4 de marzo por el peligro que corrían sus empleados y colaboradores rusos.

En abril, otra ley retocada en la Duma, referida al papel de la URSS contra el nazismo, coló una modificación que también afecta a la prensa: ahora la Fiscalía General puede suspender legalmente cualquier medio (prensa, radio, televisión o página web), o impedir su registro sin necesidad de acudir a un tribunal. Y en virtud de otras enmiendas aprobadas el 30 de junio, la suspensión puede ser inmediata y sin previo aviso, "con el objetivo de evitar que el medio de comunicación tenga la oportunidad de eliminar el contenido controvertido para evitar la sanción". Quieren evitar, argumentan, fake news, noticias irrespetuosas o que dañen a sus Fuerzas Armadas. 

En el caso del periodista del WSJ, se complican las cosas si se recurre a una ley adoptada el 29 de junio, que consolida la etiqueta de "agente extranjero", que puede imponerse a cualquier persona que haya recibido apoyo internacional o esté "bajo influencia extranjera" y que realice actividades políticas, recoja información sobre actividades militares y técnico-militares, la difunda al gran público o participe en su creación. Los periodistas están, por tanto, en el punto de mira de esta legislación. Puede encajar. 

Un total de 172 periodistas y entidades periodísticas estaban en otoño registradas como "agentes extranjeros", frente a la escasa docena que se contabilizaba antes de diciembre de 2020. Todos los incluidos en esta lista deben indicar que son "agentes extranjeros" en la cabecera de todo lo que publican. El estatus de "agente extranjero" tiene por objetivo desacreditar a los medios y a los periodistas a ojos de sus lectores. Asimismo, también supone una pesada carga administrativa, en particular por la obligación de proporcionar al Ministerio de Justicia las declaraciones de todos sus ingresos y gastos. El incumplimiento de estas obligaciones se castiga con multas o penas de prisión de hasta cinco años, recuerda RSF.

Para romper la burbuja propagandística, los periodistas independientes intentan seguir informando de las noticias reales, ya sea desde el extranjero o desde el interior de Rusia, a menudo de forma encubierta. Destaca el caso de Dmitri Murátov, Nobel de la Paz, director del Novaya Gazeta, un periódico ruso conocido en su país por su cobertura crítica y su periodismo de investigación de los asuntos políticos y sociales rusos. y con varios periodistas asesinados en su memoria, como Anna Politkovskaya. Cerrado y bloqueado, ha logrado salir en el exterior e incluso con una edición europea, en inglés. 

Violaciones reiteradas

Lo de Putin va más allá de la prensa. La ONG Amnistía Internacional ha lamentado que, con su llegada a la presidencia en 2000, el país puso en marcha un estricto sistema de silenciamiento y represión de las protestas y manifestaciones contrariaras al Kremlin y que ahora, con la guerra de Ucrania, parece haber alcanzado nuevas cotas. La prensa es un flanco más por que golpear. 

En su informe De todos modos, te vamos a arrestar, de noviembre pasado, daba cuenta del "sofisticado sistema de restricciones y duras represalias" para cercenar las protestas públicas, que pasa incluso por la detención de profesionales de la comunicación. "Las autoridades rusas están decididas no sólo a evitar a toda costa y sancionar duramente cualquier protesta, aunque sea pacífica, sino también a minimizar cualquier conciencia ciudadana sobre ellas", dice la investigadora Natalia Prilutskaya. 

En el caso de los medios, se fijan en la publicación independiente Vechernie Vedomisti y su directora, Guzel Aitukova, a quienes se le han impuesto sanciones económicas que ascienden a los 450.000 rublos –más de 7.120 euros– por difundir fotografías de pegatinas en contra de la guerra. Otro caso destacado es el del medio de comunicación Dovod, cuyo redactor jefe, Kirill Ishutin, vio como la Policía registró su domicilio por, supuestamente, ser testigo de una investigación penal sobre vandalismo en relación con la aparición de pinturas urbanas en contra de la guerra en un puente de la ciudad de Vladimir.

Las autoridades irrumpieron también en las oficinas del diario Pskovskaya Guberniya para confiscar ordenadores, teléfonos móviles y otros materiales como parte de una causa sobre el delito de "desacreditar" de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero. Tras este episodio, el diario anunció el cese temporal de su actividad.

Un suma y sigue que amenaza con convertir Rusia en un páramo informativo, en un agujero negro, donde mandan la propaganda y el culto al líder.