La Guardia Civil rompe el negocio de Francia e Italia con su basura ilegal en España
Se enterraban a diario en España toneladas de desechos, incluyendo peligrosos y tóxicos, procedentes de Europa.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos peligrosos de origen urbano que eran trasladados desde Europa hasta vertederos de Zaragoza y Lleida bajo documentación falsificada y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento.
En el marco de la operación 'Poubelle', se ha detenido o investigado a de 19 personas físicas y seis jurídicas, investigadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental, según ha comunicado la Guardia Civil.
Las investigaciones policiales dieron sus primeros pasos por la colaboración internacional en el control de los residuos en frontera, tras detectarse un tránsito "inusual" de camiones cargados con residuos urbanos procedentes de Europa con destino a empresas españolas.
La banda habría ingresado más de 16 millones desde 2020
En las primeras pesquisas, los agentes identificaron varias empresas interrelacionadas y establecidas entre el sur de Francia y las comunidades de Cataluña y Aragón que comerciaban a grandes niveles con residuos procedentes de Europa.
Comprobaron que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización, pero que en vez de someter la carga a procesos de valorización, la redirigían a un vertedero en Zaragoza.
Al identificar la trama completa, verificaron que realizaban contratos internacionales para la gestión de residuos urbanos ofreciendo precios "muy por debajo de mercado". Según la Guardia Civil, la organización criminal habría ingresado más de 16 millones de euros desde el año 2020.
Contra la ley y sistemas de control medioambientales
El instituto armado explica que estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, al ir en contra del principio de proximidad, de que cada uno gestione sus residuos, porque "España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos".
La organización criminal interponía empresas entre el productor y el vertedero español que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para dar la apariencia de que todo se hacía acorde con la legislación.
De esta forma, cada día se enterraban en Zaragoza toneladas de residuos de todo tipo, que incluían residuos peligrosos y tóxicos, "todo ello a costa de un daño casi irreparable en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes".
