España formaliza su intervención en el juicio contra Israel por posible genocido en Gaza

El Gobierno ha presentado oficialmente ante la Corte Internacional de la Justicia (CIJ) los documentos para sumarse a la demanda de Sudáfrica contra Israel por el riesgo de genocidio en la Franja de Gaza. 

En su documento, el Ejecutivo apela entre otras cosas al bloqueo de la ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras básicas y las declaraciones vertidas por autoridades israelíes. 

Así, como recoge Europa Press, España sigue los pasos de Nicaragua, Colombia, Libia, México y la propia Palestina, que previamente ya se habían incorporado como intervinientes en un litigio que ha derivado en la emisión en dos ocasiones de medidas cautelares por parte de la CIJ, que ha reclamado en vano a Israel frenar su ofensiva y permitir la entrada de ayuda en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación explica en un comunicado que "España da este paso movida por su responsabilidad" como Estado parte de la de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, "por el firme compromiso con el Derecho Internacional y con la labor de la Corte Internacional de Justicia, apoyando su papel como máximo órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y como garante de un orden multilateral basado en reglas".

Aspira a "contribuir a que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio", teniendo en cuenta además que conviene "avanzar" en la solución de dos Estados, ya que a juicio del Gobierno de Pedro Sánchez esta sería "la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad" y haya "estabilidad en toda la región".

En su solicitud, España alude a su condición de firmante de la Convención contra el Genocidio, un acuerdo que, subraya, "no es sólo un tratado de Derecho penal". "Contiene elementos claramente vinculados a la protección y la salvaguarda de valores fundamentales y principios del Derecho Internacional, entre ellos la protección de la dignidad humana y el principio de la rendición de cuentas", por lo que los países firmantes tendrían "obligaciones" que trascienden a la mera persecución penal.

En este sentido, y aunque en el texto dejan claro la "condena inequívoca" de los atentados "brutales, indiscriminados e injustificados" perpetrados el 7 de octubre por Hamás, también se sugiere que hay argumentos que sustentan las acusaciones contra Israel, entre ellas que los palestinos pueden ser considerados un "grupo" particular, condición para que puedan ser víctimas de genocidio.

Alude, asimismo, a la "crisis humanitaria sin precedentes" en la Franja de Gaza y al hecho de que el "bloqueo" impuesto por Israel está derivando en una situación que "podría" estar contemplada en la citada Convención, en particular el artículo que penaliza "destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

En cuanto a la "intención", condición 'sine qua non' para que exista un delito de genocidio, la solicitud española considera "útil" tener en cuenta declaraciones vertidas por altos cargos israelíes y cita en concreto unas del ahora ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que en octubre, cuando era responsable de Energía, instó a "toda la población civil de Gaza" a "irse inmediatamente" y prometió que "no recibirán una gota de agua o una sola pila hasta que se vayan del mundo".

España alude a las medidas provisionales dictadas por las CIJ y en las que hay ya "claras instrucciones" para que Israel "cumpla su obligación de prevención" de un genocidio en Gaza. Unas medidas "vinculantes", reza el texto, en la que se invita a la CIJ a examinar si efectivamente Israel está incumpliendo uno de los pilares de la Convención al desatender la supuesta prevención.

Este es el comunicado íntegro de Exteriores:

España ha presentado hoy ante la Corte Internacional de Justicia una Declaración de Intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre “Aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la Franja de Gaza”. Y lo hace en virtud del Artículo 63 del Estatuto de la Corte, en tanto que Estado parte en dicha Convención de 1948.

La Convención reconoce que los Estados parte en la misma tienen derecho de intervenir en este tipo de procedimientos y con esta Declaración de Intervención, España hace uso de este derecho, como ya lo han hecho otros Estados (Colombia, México o Palestina) y como harán otros que ya han anunciado su intención de intervenir (Irlanda, Bélgica o Chile).

España da este paso movida por su responsabilidad como Estado parte en la Convención. Lo hace por el firme compromiso con el derecho internacional y con la labor de la Corte Internacional de Justicia, apoyando su papel como máximo órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y como garante de un orden multilateral basado en reglas.

Con esta intervención, España busca contribuir a que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. El objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de los dos Estados, que es la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad, y se logre la estabilidad en toda la región.

En esta Declaración de Intervención, España se pronuncia sobre algunos aspectos que considera de particular relevancia como el interés en que la Corte examine la obligación de prevenir la comisión de genocidio a la luz, por un lado, de las medidas cautelares dictadas por la Corte, que son de obligado cumplimiento; y, por otro, de la situación provocada por la falta de acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y la destrucción de infraestructuras.

La Corte ha dictado medidas preliminares en este caso que incluyen el cese de la operación militar de Rafah, así como medidas precisas sobre el acceso a ayuda humanitaria. Asimismo, ha instado a Israel a que abra los pasos para que fluya la ayuda y lleguen a la Franja los medicamentos, los alimentos, el combustible, y el agua que los palestinos de Gaza necesitan para sobrevivir.

Al presentar la Declaración de Intervención, España se compromete a acatar el fallo de la Corte, que también será obligatorio para nuestro país.