Trillo-Pujalte: lo legal y lo ético

Hace un mes, con motivo del extraño accidente del avión de Germanwings que se estrelló en las montañas de los Alpes, leímos una carta de un familiar de las víctimas del Yak-42 que se estrelló en Turquía. Curra Ripollés, hermana de un de los militares fallecidos en ese último accidente, contaba en la misiva que el pasado mes de noviembre vinieron a su casa los portavoces de los accidentes de Barajas, Alvia, Metro de Valencia, Madrid Arena y Yak-42. Esto es, los representantes de cientos de muertos y heridos en una serie de accidentes ocurridos en los últimos doce años, miembros todos ellos de REVES (Red de Víctimas Españolas). "Horrorizada -escribe Ripollés-, escuchaba sus experiencias por una sola razón. Todos habíamos pasado una y otra vez por lo mismo: impunidad, engaños y soledad".

Yo supongo que los familiares de las víctimas del Yak-42 habrán sido especialmente sensibles a la noticia publicada por el diario El País respecto a los señores Martínez Pujalte y Federico Trillo, diputado del Partido Popular y embajador en Londres, respectivamente, sobre todo porque en el caso del segundo ocupaba la cartera de Defensa cuando ocurrió el accidente de Turquía. Una vez sabido que ambos están implicados en el cobro de casi quinientos mil euros, en calidad de informante verbales, por parte de una constructora de obra pública, la Asociación de Víctimas del Yak 42 -que considera a Trillo responsable político de la gestión de aquella tragedia en la que fallecieron 62 militares-, exigió al presidente del Gobierno que se le retire a don Federico el cargo de embajador de España en Reino Unido, pues se trata de la peor persona que puede representar las intereses de España.

Tanto Martínez Pujalte como Federico Trillo han reconocido haber recibido esos emolumentos, que los dos consideran legales, pero no éticos. El Congreso de los Diputados está lleno de profesionales que, además de parlamentarios, desempeñan otra actividad ajena o no a la política. Acabo de leer que así lo ha reconocido el 80 por ciento en esta legislatura. El diputado autorizado a ejercer una segunda actividad retribuida no está obligado a presentar una justificación de su segundo trabajo en ningún momento, ni siquiera al final de la legislatura o cuando abandona el acta de diputado. En consecuencia, es imposible conocer qué ingresos ha percibido por ello y quiénes han sido los pagadores.

Los empresarios que tenían a sueldo a Martínez Pujalte y a Federico Trillo han sido bastante sugerentes a la hora de valorar las aportaciones de sus dos colaboradores mediante los correspondientes informes verbales, de los que no hay -por verbales- ninguna constancia: siempre es útil tener a dos políticos a cargo de tales cometidos. ¿Se podrá saber algún día cúantos hay así y con qué cometidos? Sobra decir por qué se les retribuye tan generosamente.

Conviene recordar como precedente con relación al exministro que en 2005 la empresa de seguridad privada Prosegur rescindía el contrato que había firmado con el bufete de Trillo, debido a que la relación entre éste y Prosegur podía violar la Ley de Incompatibilidades, que impide durante dos años a los altos cargos trabajar con firmas que hayan facturado a sus departamentos. Entre 2000 y 2004, los años de Trillo en Defensa, Prosegur contrató con ese ministerio servicios por valor de 7,1 millones de euros.

En el caso de don Federico, además de esas incidencias, concurre la circunstancia de ser un muy reputado erudito en el estudio del poder político en los dramas de Shakesperare. Treinta páginas de su tesis doctoral sobre esta materia son un corta y pega de obras previas de varios investigadores extranjeros. El trabajo del actual embajador en Londres mereció en su día la calificación de sobresaliente cum laude.

PS.- Me permito formular la siguiente pregunta al término del anterior artículo: ¿Qué futuro tiene una clase política que a la hora de enjuiciar su quehacer distingue entre lo legal y lo ético? ¿No sería lo más higiénico botarla?