Trump en su laberinto: Delitos, indultos y más delitos

Según se acerca inexorablemente la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, preso de gran agitación, se afana por apurar hasta la última gota del poder que todavía ostenta. Una de las prerrogativas más importantes de los presidentes americanos es la de conceder indultos, cosa que suelen hacer poco antes de abandonar el cargo.  Normalmente estos indultos se otorgan para reparar injusticias o para cerrar heridas.  Por ejemplo, Barack Obama concedió bastantes indultos a presos que habían recibido sentencias que en retrospectiva parecían demasiado severas para sus faltas y Gerald Ford concedió el indulto a Richard Nixon para evitar un largo y doloroso proceso legal que habría prolongado la crisis política causada por el escándalo de Watergate. Donald Trump se diferencia de presidentes anteriores en dos aspectos. Primero, hasta ahora ha concedido relativamente pocos indultos. Segundo, casi todos los indultos que ha concedido han sido, no para reparar injusticias o para cerrar heridas, sino para favorecer a sus parientes, amigos y aliados políticos. Se espera que en los próximos días indulte a más colaboradores, así como quizás a sus hijos y a su yerno, y hasta puede que a sí mismo, ya que el auto-indulto no está explícitamente prohibido en la constitución. Por absurdo que parezca, podría intentarlo, como él mismo ha insinuado más de una vez.  

En un artículo publicado el 24 de Diciembre en The Washington Post, el conocido profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chicago Aziz Huq dice que los abusos de poder de Trump con respecto a los indultos podrían llevar a cambios positivos. Si se indultase a sí mismo, la cosa acabaría en el Tribunal Supremo que, a pesar de todos los jueces ultra-conservadores que Trump ha instalado en él, no es probable que apruebe semejante dislate. Un fallo en contra del auto-indulto revolvería este asunto de una vez para siempre.  Lo que es más importante, si Trump concediese indultos a sus hijos, éstos, lo mismo que los otros indultados, perderían el derecho a acogerse a la enmienda quinta de la constitución, que permite negarse a testificar para no auto-incriminarse, lo que facilitaría mucho las investigaciones que se hiciesen. En particular, esto podría potenciar considerablemente las investigaciones del Congreso, las cuales para Huq son más apropiadas para lidiar con los desmanes de la Era Trump que las investigaciones penales. Si los indultados se negasen a testificar, el Congreso podría imponerles penas de cárcel y multas diarias de alta cuantía para forzarlos a hacerlo. Aunque siempre existe la opción de darles inmunidad para posibilitar su testimonio a las personas que invocan la quinta enmienda de la constitución, este procedimiento es más complicado y oneroso, así que los indultos podrían servir para acelerar las investigaciones.     

Por su parte, en un artículo publicado el 26 de Diciembre en The Financial Times, el famoso profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard Laurence Tribe habla de las investigaciones penales que cree podrían hacerse a propósito de algunos indultos. Este erudito distingue dos clases de indultos corruptos: inmorales e ilegales. Ejemplos de indultos inmorales son los que Trump ha concedido a los contratistas de la compañía Blackwater, criminales de guerra convictos de una masacre de civiles inocentes llevada a cabo en Irak, así como los que ha otorgado a una serie de políticos corruptos como el antiguo gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, convicto de intentar vender un escaño del senado, o los que ha dado a sus allegados, como su consuegro Charles Kushner, convicto de delitos fiscales, entre otras cosas.  Estos indultos son reprensibles, pero no son ilegales, como lo son con toda probabilidad los indultos de Paul Manafort y Roger Stone, colaboradores muy cercanos de Trump, sobre el que se sospecha que tienen información comprometedora.  Convictos de diversos cargos, tanto uno como otro se negaron a proporcionar noticias sobre la trama rusa y su papel en las elecciones presidenciales de 2016, posiblemente con vistas a obtener un indulto presidencial como recompensa por su fidelidad. Que Trump haya indultado a los que podrían meterlo en serios aprietos legales puede verse como obstrucción de la justicia y soborno. Según Tribe, la constitución dice que, aunque un presidente haya sufrido un proceso de impeachment durante su mandato, como es el caso de Trump, condenado por los diputados, si bien los senadores decidieron no desalojarlo de su puesto, todavía está luego sujeto “a acusación, juicio, fallo y castigo”. Es decir que el impeachment durante su mandato no impide que, después de éste, el presidente tenga que responder de sus actos ante la ley. La concesión de indultos, al quitarles a los beneficiados la facultad de negarse a testificar, facilitaría el caso contra Trump. Perdonar a sus compinches puede costarle caro. De manera similar, este experto piensa que el auto-indulto violaría la regla de que nadie puede ser a la vez juez y parte y que, si Trump usase ese truco, podría ser castigado por ello. En otras palabras, Trump está creando un círculo vicioso, en el que, al conceder indultos para evadir las consecuencias de viejos delitos, comete nuevos delitos. Tribe cree que esta conducta es intolerable y que el próximo fiscal general del estado debe hacer que caiga sobre Trump todo el peso de la ley.

Biden está deseando olvidarse de las fechorías de Trump y dedicarse a lidiar con la crisis sanitaria y económica que asola al país. Pero las transgresiones de Trump son tan graves que no pueden ignorarse. No se trata de delitos puntuales cometidos en secreto como los de Nixon, sino de delitos generalizados cometidos con todo descaro y en abierto desafío y burla de las leyes. Transgresiones de tal magnitud no pueden quedar impunes. Biden ha prometido respetar escrupulosamente la independencia de los poderes legislativo y judicial, como es su obligación. Lo que Huq y Tribe dicen en estos artículos es que tanto el poder legislativo como el poder judicial deben investigar a fondo y sin vacilaciones los delitos de la Era Trump, porque lo que está en juego es el propio sistema democrático. Hay que romper el círculo vicioso de delitos, indultos y más delitos. Trump no es Nixon y 2021 no es 1974.  No se puede pasar por alto lo sucedido. Hay que coger el toro por los cuernos.