Territorios indígenas: cuando reglamentar es limitar
Los días internacionales sirven para "sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver o un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes" . Así lo señala Naciones Unidas, así que hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es un buen momento para llamar la atención sobre los grandes desafíos a los que los pueblos originarios se tienen que enfrentar.
Hace casi 30 años, en 1989, que se aprobó el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales y, desde entonces, ha cambiado mucho el panorama. El creciente interés por la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, ha abierto numerosos conflictos en todo el mundo, y muy especialmente en América Latina. Es un fenómeno de expolio que no es nuevo, pero que ha sido especialmente virulento desde el año 2008, a consecuencia de la crisis generada por el aumento del precio de los alimentos. Esa subida provocó el interés de ciertos sectores empresariales por la agricultura y la generación de energía y aumentó considerablemente las inversiones en países en desarrollo. Podría parecer un cambio positivo, pero tal como se produce no lo es dado que afecta directamente a los intereses de las comunidades donde se ponen en marcha estas inversiones. La realidad es que son muchas las ocasiones en las que las empresas y gobiernos no tienen en cuenta a los pobladores originarios en sus operaciones.
Un claro ejemplo es Guatemala. Un país de poco más de 108.000 kms cuadrados (cinco veces menos que España) en la actualidad tiene abiertos 1.800 conflictos, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estos conflictos tienen una relación directa con el hecho de que empresas y Estado han encontrado en los recursos naturales la punta de lanza de un desarrollo que vulnera los derechos de las comunidades indígenas a su territorio. Si para las empresas se trata de expandir la producción de alimentos, energía, industrias extractivas como la minería, la fabricación de bebidas, etcétera en zonas donde hay agua, tierra y minerales, que son sus materias primas, para las poblaciones locales, su llegada les deja sin unos recursos que forman parte de sus medios de vida esenciales. Al final, los grandes perjudicados en estos conflictos acaban siendo los líderes de las comunidades que no están dispuestos a tolerar esa 'expropiación' de lo que les corresponde. La violencia contra ellos aumenta al mismo ritmo que el desarrollo inversionista.
Un común denominador en prácticamente todos los conflictos ambientales en América Latina es que se trata de proyectos empresariales relacionados con los recursos naturales que se llevan a cabo sin realizar la consulta previa, libre e informada que exigen realizar numerosos acuerdos y declaraciones internacionales, como el ya mencionado Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas o la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En estos momentos se ha abierto un amplio debate en Guatemala, debido a que el Gobierno se ha propuesto reglamentar el Convenio 169 de la OIT que, tras sido ratificado por el Estado en el año 1996, ya tiene carácter constitucional, aunque no por ello se aplica. Las organizaciones indígenas se oponen con contundencia a esta reglamentación, conscientes de que lo que se busca con ella es limitar este derecho internacional. Es decir, constreñirlo a una serie de normativas que lo hagan perder su naturaleza, hasta convertirlo en un mero trámite administrativo. En el fondo, el Gobierno trata de conseguir que, al margen del rechazo indígena a un proyecto en una consulta, éste pueda llevarse a cabo. De hecho, lo que intentan es convertirlo en lo que denominan "un espacio de diálogo" para negociar y lograr un acuerdo que acabaría con la puesta en marcha del proyecto cuestionado. Para los pueblos indígenas, si en una consulta el resultado es NO, el proyecto debe ser desestimado.
Parece claro que admitir el 'NO es NO' de quienes habitan el territorio sigue siendo un reto pendiente, que pese a los anuncios públicos de las autoridades de que quieren mejorar la situación, lo cierto es que no admiten el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus recursos y a ser partícipes de los beneficios que generan. En cambio, si que se quedan con los impactos negativos que en muchas ocasiones los proyectos de empresas les generan.
Por eso, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es oportuno sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre la necesidad de que se respete el derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos indígenas y que la misma sea vinculante. Es algo que no nos es ajeno porque a menudo son nuestras empresas españolas las que hacen negocios y sacan beneficios de esta situación. Sin duda, respetar la legislación internacional es el camino para prevenir los conflictos, y las víctimas que conllevan, en estos territorios.
Desde Alianza, en apoyo de unas inversiones que queremos que sean responsables social y ambientalmente, hemos creado la campaña TieRRRa. Ya hemos conseguido algunos éxitos en Centroamérica gracias al apoyo de la ciudadanía española. Y seguimos luchando en casos como el del complejo hidroeléctrico que construye el grupo COBRA (ACS), de Florentino Pérez, sobre un río indígena en Guatemala. El apoyo de la ciudadanía es esencial para que las inversiones sean responsables allá donde se lleven a cabo.
