Ribera recuerda que corresponde a Red Eléctrica determinar si es posible o no cerrar una central nuclear

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado en una entrevista en la Cadena Ser que corresponde a Red Eléctrica, el operador nacional, determinar si es posible o no cerrar una central nuclear.

Ribera responde así a la amenaza de las compañías eléctricas de cerrar las centrales nucleares en respuesta a las medidas del Gobierno para paliar el precio de la luz.

Las eléctricas, a través del Foro Nuclear, se quejan de que el paquete de medidas del Gobierno les conduce a la “inviabilidad económica”, algo que Ribera ve “llamativo”.

“En el sistema eléctrico está la seguridad de suministro. Y se debe garantizar que está asegurado y que la demanda de electricidad cuenta con respaldo para generarla. Eso hace que la legislación prevea que el operador del sistema eléctrico determine si es posible o no cerrar una central”, ha zanjado la ministra.

Lo cierto es que el Foro ha expresado su rechazo también al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y ha señalado que ambas medidas “ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”.

El presidente, Ignacio Araluce, ha expresado que este cese anticipado provocaría “un cierre desordenado de la generación nuclear” y “la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial”.

Este martes el Gobierno ha desplegado un conjunto de medidas para intervenir el mercado de la luz.

La escalada de precios está empezando a tener un impacto importante en el bolsillo de los españoles. Muestra de ello es el incremento interanual de 3,3% del Índice de Precios de Consumo (IPC), cuatro décimas más que en julio, y que deja la tasa más alta desde el otoño de 2012, según ha difundido este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Gobierno es consciente de que enfrenta una inquietud social cada vez mayor y, por eso, ha decidido tomar cartas en el asunto. Por eso ha dado luz verde en un decreto ley a la suspensión, hasta final de año, del impuesto a la producción eléctrica.

Además, ha rebajado el impuesto especial a la energía del 5,1% al 0,5%, que es la tasa impositiva mínima que exige la legislación de la Unión Europea. Este no es el primer cañonazo impositivo del Gobierno, pues ya rebajó el IVA del 21 al 10%,

El decreto armado por la coalición de Gobierno contempla, como anunció este lunes el presidente, Pedro Sánchez, sustraer los “beneficios extraordinarios” de las empresas energéticas para “redirigirlos a los consumidores”. También limita el precio del gas, uno de los principales desencadenantes del aumento del precio de la electricidad, marcando un umbral a la tarifa de último recurso, un indicador que regula trimestralmente el Gobierno.

Las compañías eléctricas deberán devolver las ganancias extra que están logrando por la escalada del precio de la luz, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 31 de marzo de 2022 y que supondrá 2.600 millones. El montante se usará para reducir los cargos que pagan los usuarios en la factura.

Además, empresas como Endesa, Iberdrola o Naturgy estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado. De esta manera, las comercializadoras independientes y los grandes consumidores podrán adquirirla. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año.