El Supremo declara que Madrid vulneró los derechos de los médicos de Atención Primaria
La sentencia determina que la Comunidad no les dotó de forma completa de medios de protección antes y después de la pandemia.
El Tribunal Supremo ha determinado que la Comunidad de Madrid vulneró los derechos de los médicos y pediatras de Atención Primaria en materia de integridad física y salud al no dotarles de forma completa de medios y medidas de protección en sus centros de trabajos antes y después de la pandemia.
En una sentencia, el Alto Tribunal estima la impugnación del Gobierno regional contra dos apartados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de marzo de 2021, que declaró vulnerados los citados derechos.
Los magistrados anulan parcialmente el fallo en lo relativo a que desaparece la fijación de los cupos, “número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno”, a los que emplazó la sentencia de instancia.
También elimina la orden de establecer “una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma”. El resto de la sentencia anterior se confirma en lo relativo a la vulneración de los derechos de los trabajadores.
“El examen de la sentencia recurrida y el cotejo de su fundamentación jurídica con el fallo permite evidenciar graves defectos de motivación por incongruencia en los dos extremos a que se contrae el recurso”, subraya la Sala en relación a los pronunciamiento impugnados.
Escudero evita valorar la sentencia
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Durante un acto en el Hospital público Ramón y Cajal para presentar el Plan de Terapias Avanzadas 2022-2024, el consejero ha subrayado que le “consta” que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid no ha recibido esa sentencia, por lo que ha evitado pronunciarse hasta no conocer los detalles de la misma.
El procedimiento que ha derivado en esta sentencia tiene su origen en una demanda colectiva promovida por vulneración de derechos fundamentales a instancias del sindicato APsemueve, a la que se adhirieron diversas organizaciones en defensa de médicos de Atención Primaria, entre ellos UGT, CCOO, CSIT Unión Profesional y Amyts.
