Un juzgado eleva al Supremo la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid

El juzgado número 39 de plaza de Castilla ha remitido al Tribunal Supremo las querellas presentadas contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), por la gestión de las residencias en lo peor de la crisis del coronavirus, según ha avanzado este viernes la Cadena SER.

La presidenta regional goza de aforamiento, por eso debería ser el alto tribunal el que se encargue de juzgar el asunto en caso de que Díaz Ayuso haya incurrido en algún delito del que se pudiera derivar alguna responsabilidad penal. La querella la presentaron el 11 de mayo 26 familias de la llamada ‘marea de residencias’ junto a diez directores de centros socio-sanitarios.

En esta querella, los denunciantes piden que los responsables de la Comunidad de Madrid sean investigados por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Los denunciantes alegan que la Comunidad de Madrid tiene todas las competencias en Sanidad y en el control de las residencias de mayores. Por esta última el Ejecutivo madrileño está viviendo una pelea entre los partidos que forman el Gobierno: PP y Cs.

Desde que estalló la crisis sanitaria, más de 6.000 madrileños han muerto en las residencias de ancianos de la región. La cifra supone cerca del 70% del total víctimas por covid-19 de Madrid.

Este jueves, además, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció en la Asamblea que el documento que se envió a las residencias en el que se desaconsejaba hospitalizar a ancianos para evitar el colapso del sistema existía tras semanas negándolo. Pero dijo que se trató de un borrador que se hizo llegar “por error”.

Madrid acumula la mayoría de investigaciones de la Fiscalía

La Comunidad de Madrid acumula el 60% de las denuncias de toda España interpuestas ante la Fiscalía por la gestión que se ha hecho de las residencias. El 24 de mayo, 25 familiares de algugnos residentes en geriátricos presentaron en los juzgados una querella contra cinco directores de centros socio-sanitarios de Alcorcón y Leganés. También incluyeron al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.

Los familiares Consideran que López es responsable de lo sucedido durante la pandemia “por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril”.