La Policía sospecha de una veintena de adjudicaciones durante el Gobierno de Aznar por 600 millones
En el marco del caso de la caja B del Partido Popular.
La Policía Nacional ha remitido un informe al juez del caso Bárcenas en el que pone bajo sospecha una veintena de adjudicaciones realizadas durante el último mandato del Gobierno de José María Aznar, entre los años 2000 y 2004, según publica este lunes El País.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investiga la relación entre la concesión de contratos públicos y donaciones de empresarios a la caja B del Partido Popular, cita en el informe adjudicaciones de cinco ministerios, Renfe, Adif y la Agencia Tributaria, entre otros, por un valor total de casi 600 millones de euros. La Audiencia Nacional es quien ahora debe decidir si investiga o no.
El informe pone la lupa sobre Alfonso García Pozuelo, dueño de la Constructora Hispánica y condenado a dos años en el juicio de la Gürtel.
“Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente a Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”, se asegura en el documento al que ha tenido acceso El País.
Su nombre aparece nueve veces en los papeles de Bárcenas entre 1998 y 2006 con aportaciones que suman 258.000 euros. Según el informe, en el periodo bajo sospecha su empresa recibió 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros, además de 231 contratos de órganos públicos gobernados por el PP por más de 1.400 millones, cita el diario.
La UDEF defiende que hay suficientes elementos que evidencian la relación entre las donaciones y la concesión de proyectos. Por este motivo pide al juez José de la Mata que investigue y que “exija a Fomento (actual Ministerio de Transporte) los expedientes de cinco carreteras; a ADIF, de cuatro tramos del tren de alta velocidad; a Interior, de la comisaria de Xirivella (Valencia); a Defensa, de un nuevo acuartelamiento en Paracuellos del Jarama; a la Agencia Tributaria, de un edificio en Avilés; a Turespaña, del parador de Lorca; a Educación, de la rehabilitación de la nueva sede del archivo histórico nacional; y a Medio Ambiente (actual Ministerio de Transición Ecológica), de la restauración de las marismas de Santoña y Noja”, entre otros proyectos.
En el informe se señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa, según apunta Europa Press.
El empresario señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.
