Más de 450 pacientes murieron en un hospital británico al suministrarles altas dosis de opiáceos sin justificación
Una investigación independiente destapa que la "práctica institucionalizada" se llevó a cabo en el centro público entre 1989 y 2000.
El Hospital Gosport War Memorial, situado en el condado de Hampshire (sur de Inglaterra), "acortó la vida" de más de 450 pacientes a través de un "régimen institucionalizado" de prescripción y administración irregular de opiáceos, según ha revelado este jueves una investigación independiente.
El informe indica que otros 200 pacientes también se vieron afectados por esa práctica, que este hospital de la Sanidad Pública británica (NSH, en sus siglas en inglés) llevó a cabo de 1989 a 2000.
En el Hospital Gosport War Memorial existía "menosprecio por la vida humana y una cultura de acortamiento de vidas", señala el estudio, promovido por las familias de los afectados y elaborado a partir del análisis de más de un millón de documentos desde 2014.
La investigación concluyó que hubo "un régimen institucionalizado de prescripción y administración de peligrosas dosis de combinaciones de medicamentos, que no estaban clínicamente justificadas, con pacientes y familiares sin capacidad para interactuar con el personal sanitario".
En los documentos examinados, los investigadores hallaron evidencia de "uso inapropiado de opiáceos en 456 pacientes" y, basándose en historiales clínicos desaparecidos, apuntaron que habría "otras 200 personas afectadas".
Además, la Policía del condado de Hampshire, la Fiscalía y las autoridades médicas "fallaron y no actuaron correctamente para proteger a los pacientes y sus familiares", puntualiza el texto.
La responsable: una doctora
El exobispo de Liverpool James Jones, que ha dirigido investigación, ha manifestado que "no corresponde al panel determinar ninguna responsabilidad penal en caso de que cualquier proceso judicial futuro determine culpables", pero ha señalado a la doctora Jane Barton como "responsable".
En 2010, el Consejo General Médico (GMC, en sus siglas en inglés) determinó que Barton era "culpable de múltiples casos de mala conducta profesional relacionados con la muerte de doce pacientes".
Sin embargo, la doctora no fue juzgada y no se le retiró la licencia médica, sino que dejó por propia voluntad la profesión, tras enfrentarse a esa acción disciplinaria.
Durante los doce años que trabajó en el hospital, Barton, de 70 años, firmó 854 certificados de defunción de pacientes y, de ellos, el 94 % recibió opiáceos.
La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha calificado en el Parlamento las averiguaciones como "trágicas y muy preocupantes" y ha expresado sus disculpas a los familiares por el tiempo que han tenido que esperar para obtener "respuestas".
Para May, las conclusiones extraídas de la investigación deben causar "una angustia inimaginable a las familias involucradas", pero es una cuestión "de la que el Parlamento debe ocuparse".
Por su parte, el ministro británico de Sanidad, Jeremy Hunt, ha asegurado que "la Policía examinará cuidadosamente el nuevo material que aporta el informe, antes de determinar los próximos pasos a seguir y, en particular, la posible carga penal".
Varios de los familiares de las personas afectadas han conocido este jueves el resultado de la investigación a las puertas del hospital.
Bridget Reeves, cuya abuela, Elsie Divine, murió a los 88 años a consecuencia de los opiáceos administrados en el centro médico en 1999, ha destacado que lo ocurrido es "horrible, vergonzoso e imperdonable".
Además, ha insistido en que los hechos deben ser juzgados por un tribunal penal porque, solo "cuando el jurado decida" sobre lo ocurrido, sus allegados podrán "descansar".
