Marchena quiere limitar la acción popular: 'Un partido nunca debe ser parte'
El Supremo se muestra contrario a Vox.
La ley de Enjuiciamiento Criminal española permite a los partidos políticos ejercer la acusación popular. Este fue el motivo por el cual Ortega Smith irrumpió en la causa del “procés”, algo que ahora el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, considera fuera de lugar.
El juez ha apostado por limitar la acusación popular y, en concreto, la personación en los procedimientos penales de partidos políticos, sindicatos o asociaciones ajenas a la causa.
“Un partido político nunca debe ser parte activa en un proceso penal”, ha dicho Marchena, que fue ponente de la sentencia del juicio del “procés”, en el que ejercía como acusación popular el partido Vox.
En su comparecencia este miércoles ante la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su renovación como presidente de la Sala de lo Penal, Marchena ha afirmado que la acusación popular “tiene que tener unos límites”, que deberían afectar en concreto a los partidos, “con independencia de su ideología”, porque “no hay ideología que legitime o deslegitime”.
En opinión de Marchena tampoco tendrían que ser parte en este tipo de proceso sindicatos o asociaciones que no tengan nada que ver con la causa, no así asociaciones que sí tengan interés en la reparación del daño.
De esta manera, sí ha defendido que las asociaciones afectadas se puedan personar, puesto que, a modo de ejemplo, para Marchena “es inimaginable pensar que frente a una catástrofe ambiental una asociación defensora del medio ambiente no pueda personarse”.
“Pero cuando llegamos a una profesionalización de la acción popular, eso introduce un elemento de desconfianza que perturba” el desarrollo de los procesos penales, ha añadido el magistrado en su comparecencia.
El magistrado también ha asegurado que lamenta “de corazón” las filtraciones del fallo a los medios de comunicación antes de que la conociera los condenados, y ha estimado que lo ocurrido es “un mal al que hay que hacer frente”, pero ha quitado hierro al asunto.
Los políticos independentistas, concentrados ante el Supremo tras la pancarta que dice: "Decidir no es delito".
Autobús especial de la Guardia Civil para traslado de presos, llegando al Supremo.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, saluda al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, a su llegada al Tribunal Supremo.
Torra, camino del edificio principal del Supremo, donde ha sido recibido según el protocolo de autoridades.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a las puertas del Tribunal Supremo.
El exconseller de Presidencia Francesc Homs, que coordinará la defensa de los exconsellers del PDeCAT, llegando al tribunal.
La exconsellera de Gobernación catalana, Meritxel Borràs, llegando al tribunal.
El exconseller de Justicia Carles Mundó (derecha), a su llegada al Tribunal Supremo.
Un grupo de personas se concentra tras una bandera con la leyenda "El nacionalisme és supremacisme" ("El nacionalismo es supremacismo") ante el Supremo.
Varios colectivos se concentran con unas pancartas en los alrededores del Tribunal Supremo.
Santiago Abascal, líder del ultraderechista Vox, haciendo declaraciones ante el Supremo.
Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, atiende a la prensa antes del inicio del juicio.
En la imagen de izda. a dcha. en el último banco la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás (i); el exconsejero de Empresa de la Generalitat Santiago Vila (c) y el exconsejero de Justicia Carles Mundó (d). Segundo banco, la exconsejera d...
