Ley de Secretos Oficiales: la hora de abrir el candado

España tiene una Ley de Secretos Oficiales opaca, poco garantista, parida en 1968, en pleno franquismo. Un lastre para la democracia plena. Hablamos de un asunto que no determina el voto de nadie, que no protagoniza encendidos debates políticos y que, sin embargo, es troncal para determinar la transparencia de un estado y la salud de su Gobierno. Amnistía Internacional acaba de lanzar una campaña en la que defiende que la reforma de esta norma es “improrrogable”, que es hora de “abrir el candado” y adecuar el articulado a los estándares de claridad de las principales naciones occidentales.

Desde 2016, hasta en tres ocasiones y siempre gracias al empeño del PNV, el Congreso ha aceptado la tramitación de una proposición de ley para reformar el texto, pero las sucesivas prórrogas en el trámite de enmiendas hace que el debate se demore y las decisiones no se tomen. La propuesta de los nacionalistas vascos supone poner límites temporales a la clasificación de información y limitar la capacidad de clasificar, declarando únicamente competente al Consejo de Ministros. Ahora mismo, el proceso está parado.

En abril de este año, el Gobierno también planteó su deseo de reformar la norma, pero de entonces a hoy no ha vuelto a dar detalles. Dijo que crearía una comisión formada por los principales ministerios de Estado (la vicepresidencia primera, Interior, Defensa y Exteriores) encargada de redactar un texto que cumpla con los parámetros de las organizaciones internacionales a las que pertenece España. Fuentes de Defensa sostienen que la idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos -de 25 o 10 años es lo que se plantea en la propuesta del PNV-, sino plazos diferentes, sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto de cada materia.

“Es algo bastante inaudito que en un estado democrático, 40 años después de la Transición, todavía haya una ley de esta naturaleza”, resume Carlos Escaño, responsable de la campaña de Amnistía.

Lo que tapa esta ley

Plazos aparte, la ley “conecta con graves violaciones de derechos humanos”, dice Escaño, especialmente en dos ámbitos: los crímenes de la dictadura franquista y la venta de armas de España a otros estados. “Es una situación sin parangón que un país democrático proteja secretos de una dictadura. ¡Hablamos de 40 años después! No se puede consultar nada de ese periodo. Se ha logrado la desclasificación de algunos papeles previos al 68 y hay petición desde el Congreso para que se haga, por ejemplo, con el 23-F, pero sigue siendo un muro para familias, investigadores o activistas de la memoria”, explica.

Estas lagunas impiden cosas muy concretas, nada teóricas, como emprender algunas exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil o de la posterior dictadura o indagar en las tramas de bebés robados.

Pero hay más. “Estamos ante una ley que oculta la comisión de crímenes durante ese periodo pero que, además, oculta cuestiones que son de una sensibilidad máxima en materia de derechos humanos, como la comisión o la posible complicidad en la comisión de crímenes de guerra actuales”. Un articulado”grave”, denuncia, que “oculta del pasado, el presente y el futuro mientas que no se reforme”.

Escaño recuerda que Arabia Saudí lidera una coalición que bombardea constantemente Yemen, el país con la crisis humanitaria más grave del planeta, no se cortan a la hora de atacar hospitales, iglesias, cementerios, autobuses, o mercados. “Y el estado español le está vendiendo armas a Arabia Saudí. El lugar donde se toman las decisiones sobre la venta de armas españolas es la Junta interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) y las actas de esas reuniones son secretas, esta ley las ampara después de que la materia fuera declarada “reservada” por el Consejo de Ministros en 1987 (bajo mandato de Felipe González). “Sabemos que hay un riesgo grande de que seamos en este momento cómplices de la comisión de crímenes de guerra, con esa venta de armas. Nuestro derecho es saberlo”, reivindica.

Esto hace que actualmente España esté en el puesto 90 en el ránking mundial de derecho de acceso a la información, a la altura de países como Níger, China o Irán. En zona roja.

Para toda la vida

Mientras en los países más desarrollados se liberan informaciones pasadas dos o tres décadas y, de hecho, es intenso el debate sobre la necesidad de acortar los plazos de espera, España aprobó en 2013 una Ley de Transparencia que poco ha cambiado. Idílico parece su artículo 12, que afirma que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”, pero las ilusiones se disuelven dos artículos más adelante, en el 14, que introduce hasta 12 límites al “derecho de acceso” que, en la práctica, suponen un cerrojazo informativo en toda regla. Nada escapa a esas excepciones.

A ello se suma que la base real de esa legislación sigue siendo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, hecha en la dictadura con la mente de un dictador, levemente remozada diez años después -no incluía hasta ese momento los fondos reservados-. Hace falta un mandato expreso del Estado para permitir que se conozca un documento. Ese mandato no llega prácticamente nunca. Y todos, de todos los colores, han esquivado hasta ahora el enorme elefante en la habitación. La ley no se toca.

Así que los papeles oficiales en España son secretos de por vida, eternamente. Cuando cumplen 50 años, se consideran documentos históricos, pero no hay ni una línea que diga que, pasado ese tiempo, y con la nueva etiqueta que se les asigna, puedan ser abiertos a investigadores o periodistas o ciudadanos en general que quieran saber. Nadie afirma que sean públicos y, en la práctica, no salen a la luz ni con medio siglo de vida.

De nada han servido reclamaciones como la de Amnistía -su campaña es actual pero su queja ya es vieja de años- o la de más de 300 especialistas que en 2013 se unieron, exigiendo el desbloqueo inmediato de 10.000 documentos de la dictadura franquista. Su petición cayó en saco roto.

Derecho con matices

Todo Gobierno tiene derecho a declarar las materias que estime como secretas, por motivos de seguridad nacional. Lo que no vale es un coladero, un cajón oscuro al que mandar lo que no interesa mostrar sin explicar antes las razones, sin motivar y sin establecer plazos, con un marco genérico como el actual.

“Toda restricción tiene que cumplir con los principios del llamado triple test: legalidad, necesidad y proporcionalidad. No se puede ocultar información relativa a la violación de derechos humanos, y eso es lo que se está haciendo”, dice el especialista de Amnistía Internacional.

Y tampoco vale una norma que, en sí misma, va contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque convertir información pública en secreto viola los estándares básicos del derecho a la información, sea de ciudadanos, informadores o investigadores.

“Bien motivado y argumentado, sí. Lo que sucede es que con esta ley franquista no hay un procedimiento desarrollado para clasificar o desclasificar esos documentos y la información reservada. Se ignora este test, de referencia mundial. No se contemplan plazos para la desclasificación, algo insólito en una democracia. En otros países hay información reservada y por un periodo de años no se da acceso, pero luego se desclasifica el material y ya no hay riesgo. En España, no. Es algo ilimitado, infinito, eterno. Incomprensible, también”, se lamenta.

De hecho, ya hay países que están revelando datos sobre nuestra historia gracias a la desclasificación de documentos. Ha pasado con EEUU y la CIA, aportando detalles, por ejemplo, de la guerra sucia de los GAL contra ETA. Ese paso del tiempo, quizá, el hecho de que otros cuenten nuestras vergüenzas o sencillamente su versión de nuestro pasado, también podría ayudar a acelerar la reforma.

Sólo ha habido un intento importante de cambiar las cosas: 34 años después de aprobada la Constitución, se produjo el primer intento de desbloquear documentos. La iniciativa la tomó la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón (PSOE), quien planteó la desclasificación de unos 10.000 documentos referidos a acontecimientos de entre los años 1936 y 1968. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero entendía que esos papeles ya no presentaban peligro alguno para la seguridad nacional. Ahí hay respuestas a preguntas sobre la Guerra Civil, la postguerra, la dictadura, las relaciones con la Alemania fascista o el Marruecos colonial...

Conquistada la mayoría absoluta por parte del PP, el sucesor de Chacón, Pedro Morenés, paró máquinas. No saldría ni un papel de su escondite. La razón: su desclasificación suponía un “extraordinario trabajo”, generaba “ruido mediático” y había cosas más importantes que abordar.

Es el momento

Escaño reconoce que la vía es lo menos importante, da igual si la reforma prospera gracias al PNV o si el Gobierno coge el toro por los cuernos. Lo esencial es que la ley se cambie y en términos adecuados, transparentes y garantistas, que defina claramente lo que es un secreto y los tiempos para guardarlo la necesidad y constate un respeto las declaraciones internacionales y a la propia Constitución. “Que no sea un nuevo brindis al sol, más tiempo mareando la perdiz, dejando que pasen los meses y, luego, lamentando que no hubo plazo para llevarlo a cabo.

El eje de su campaña es, no obstante, Pedro Sánchez, a quien le lanzan un llamamiento directo: “Conviértete en el héroe de esta historia y haz algo que para la democracia es muy importante, es una signatura pendiente muy grande. Por supuesto, habrá quienes no quieran que se avance, pero tú anímate, podrás estar muy orgulloso de ello”.

Amnistía pone énfasis en el detalle -que para muchos parece menor- de que cando hay acceso a la información, “se cuenta con una herramienta de protección de la ciudadanía ante posibles violaciones de derechos humanos”. Alguien se lo puede pensar un par de veces antes de hacer ciertas cosas si sabe que será público y notorio lo que ha hecho.

“Está claro que hay un partido que tiene interés en esto, que es el PNV, pero el partido llave es el PSOE y pensamos que si ellos facilitan con liderazgo el proceso, con un texto propio, o apoyan enmiendas, habrá una mayoría para que logre sacar adelante el cambio, en los dos bloques claros que se ven en el Congreso, dice Escaño. El problema, avisa, son los tiempos: “Si no se activa pronto, la reforma no va a tener lugar en esta legislatura, porque es delicada, y si eso pasa, no sabemos cuánto tiempo más habrá que esperar. La oportunidad y el momento de empujar es ahora”, enfatiza.

Lo que dicen los expertos

La Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid es, en el plano académico, la más activa a la hora de reclamar un cambio en la Ley de Secretos Oficiales. Coincidiendo con las campañas electorales, han ido publicando sus reivindicaciones, que en muchos puntos coinciden con las planteadas en la campaña de Amnistía.

Reclaman que, para empezar, la Inteligencia y la seguridad se convierta en “objeto sistemático de debate y escrutinio público”, lejos de ser una materia sombreada de secreto. Los cambios y la evolución de esta parcela son necesarios en un contexto de “revolución” política como el que vive España, sostienen. La “regeneración” es obligada, insisten, y por eso los secretos oficiales y lo que tras ellos hay deben dejar de ser un “arma arrojadiza” entre partidos.

España es “una excepción en nuestro entorno” y por eso y por beneficio “democrático” propio, hay que optar por el aperturismo, defienden en la Cátedra. Lejos de ver fantasmas en una mayor transparencia sobre estos documentos, su progresiva salida a la luz “prestigiará” el papel de la Inteligencia nacional, en vez de dañarlo. Siempre, claro, que el proceso sea “serio, riguroso y responsable”. Nadie busca desvelar cotilleos o usar basura contra el adversario político del momento. Es una cuestión de ciudadanía.

Entre las propuestas concretas que aportan los expertos destacan la reflexión sobre el asunto en el debate político general, la investigación comparada de la situación en otras naciones, la creación de una especie de defensor sobre esas cuestiones y, sobre todo, la creación de una Comisión de Inteligencia para gestionar esta información, que debe estar protegida si es obligado y libre cuando llegue el momento.