Nuevo movimiento para fulminar el 'Gran Hermano' impuesto por España a los turistas
El PP presentará una moción en los plenos de todos los ayuntamientos y diputaciones para exigir la retirada "inmediata" del registro de viajeros.
El sector turístico sigue en pie de guerra contra el Gobierno por el polémico registro de viajeros. Desde el pasado 2 de diciembre, agencias de viajes, establecimientos turísticos o alquiladoras de vehículos deben transmitir a la aplicación ses.hospedajes aquellos datos personales de los viajeros que ya recaban de manera habitual las empresas hoteleras. En los tres primeros días de diciembre ya se contabilizaron 323.642 altas.
Los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad) y los datos de la transacción. Los negocios que no lo cumplan pueden enfrentarse a sanciones de hasta 30.000 euros.
Las agencias de viajes están abiertamente en contra de esta decisión del Gobierno y alegan que dicha recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95 % son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo. Además, alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.
La Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), por su parte, propuso sustituir el sistema por un "lector de pasaporte y DNI que pueda automáticamente transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
El Gobierno, mientras, se defiende de las críticas y asegura que el registro es una medida eficaz para la prevención y lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, además de cumplir con la legislación actual en materia de protección de datos.
El PP pide su retirada "inmediata"
El PP, muy crítico con esta medida, ha anunciado que presentará durante las próximas semanas una moción en los plenos de todos los ayuntamientos y diputaciones para exigir la retirada "inmediata" del registro de viajeros y la elaboración de una nueva legislación, de forma consensuada con el sector y que garantice la competitividad.
En un comunicado, el PP explica que la moción -que se presentará igualmente en consells, juntas generales y cabildos durante este mes de diciembre y el de enero- pretende denunciar la inseguridad jurídica que provoca el que han llamado "Gran Hermano Turístico".
El PP lamenta que dicha medida conlleva una "desproporcionada carga administrativa", provoca una "desventaja competitiva para España" y vulnera el derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios.
Los populares consideran que esta ley provoca "una fuerte inseguridad jurídica" e "ignora la complejidad operativa de recopilar tanta carga de datos", algo que, en su opinión, "hace que sea casi de imposible cumplimiento".
Sobre la infraestructura tecnológica diseñada para poder cumplir las obligaciones de registro, aseguran que "no funciona ni está operativa, constatando una vez más la incapacidad del Ejecutivo socialista para facilitar el cumplimiento de sus propias iniciativas".
