La plantilla de Twitter España no pide la nulidad de sus despidos: “No les compensa. Son jóvenes muy bien pagados”
Aunque los sindicatos han remitido los ceses masivos a la Inspección de Trabajo, sin una denuncia de los afectados no se pueden emprender acciones legales.
Hace un mes Elon Musk completaba la compra de Twitter. Unos días después, el magnate tomaba la decisión de reducir la plantilla a nivel mundial a través de despidos masivos “para garantizar el éxito de la empresa en el futuro”. A las pocas horas estallaba la histeria. Las oficinas se revolucionaron, los medios se hicieron eco, los sindicatos protestaron, los usuarios buscaron alternativas ante un “inminente cierre” de Twitter… Y ahora, silencio. ¿Qué esconde la aparente calma de la red social?
Intereses y un potente “blindaje” de la comunicación con el exterior. Las fuentes consultadas coinciden en que Musk se está encargando de convertir lo poco que queda de Twitter en una “burbuja” completamente opaca. El primer objetivo es que no haya revueltas ni “sabotajes” de los empleados, el segundo es que si los hay “ninguna fuente oficial los pueda confirmar”.
Es por ello que una de las áreas que más ha sufrido los ceses ha sido la de Comunicación. En estos momentos es prácticamente imposible obtener respuesta de estos departamentos, ya sea por vía telefónica, email o por mensajes de texto debido a que sus profesionales ya no se encuentran trabajando para la compañía. Así lo ha podido corroborar este propio medio al intentar conocer la versión de la empresa sobre este asunto.
En lo que respecta al marco legal de los despedidos, resulta especialmente particular el caso de España. Y es que, a pesar de que el número de despedidos “por correo electrónico” no llegaba a 30 -el 100% de su plantilla- el derecho laboral en el país obliga a las entidades a alegar una causa para cesar a un trabajador, algo que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.
Las fuentes sindicales consultadas exponen que de producirse por causas organizativas “la empresa tiene que presentar una memoria”, así como cumplir una serie de requisitos. De la misma forma, si es por causas económicas “tendría que justificar unas pérdidas o una previsión de pérdidas a futuro”.
Asimismo, tal y como ha explicado a El HuffPost el responsable de Comunicación de la Federación de Comunicaciones y Cultura de UGT, Diego Gallart, “en España cualquier despido colectivo que signifique más de 120 personas en un trimestre o más de un 10% de la plantilla, sí o sí tiene que articularse a través de un expediente de regulación de empleo (ERE)”.
Al analizar que, efectivamente, en el caso de Twitter España se daba esta situación, tanto CCOO como UGT se pronunciaron en defensa de los derechos de los profesionales afectados, explicando que la compañía estaba incumpliendo “los requisitos formales para un despido colectivo” y, por tanto, las extinciones podrían declararse nulas. Sin embargo, contra todo pronóstico, desde UGT comentan que “ningún trabajador” de la oficina española de Twitter ha querido denunciar para que esto ocurra.
Dinero y discreción
Se daban todos los factores para que los empleados -despedidos en su mayoría por email- pidiesen la nulidad de sus despidos e intentaran recuperar sus puestos de trabajo. Sin embargo, esto no ha sucedido, ¿por qué?
“Son una generación de trabajadores muy jóvenes y muy bien pagados en una empresa que tenía mucha proyección”, comienza explicando Gallart (UGT), “no suelen apoyarse en los sindicatos (...) no tenemos delegados ni representación legal en Twitter España”.
En este sentido, detalla que sin representación legal, para negociar “se tiene que hacer una asamblea de trabajadores y elegir un representante que vaya en nombre de los empleados a la mesa de negociación (...) luego hay un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo o no”. Un proceso ‘tedioso’ que los afectados habrían preferido ahorrarse en esta ocasión.
Las 26 personas que se han visto obligadas a abandonar sus puestos -el 100% de la plantilla según los datos recogidos por el Registro Mercantil en 2021- “tienen una media salarial de más de 100.000 euros anuales”, apuntan fuentes del sector. “No les interesa que se mueva mucho más el tema. A los que hayan despedido se llevarán la indemnización y se acabó”.
Tal y como recuerdan desde los sindicatos, la indemnización mínima que tienen derecho a percibir los trabajadores afectados es de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. “Es una buena cantidad y el problema de los ERE es que las condiciones de inicio son muy bajas al principio”, explica Diego Gallart.
“Lo más probable es que la mayoría se sienta conforme con la indemnización. No les compensa esa guerra (...) en vez de alargar el proceso en una empresa donde no ven un futuro nítido actualmente, buscarán otros sitios. Trabajo no les va a faltar porque tienen puestos muy cotizados”, comenta a este medio un empleado de Tik-Tok, otra de las redes sociales más punteras del momento.
Todos estos motivos parecen apuntar a que la ‘baza legal’ española no se aprovechará en este caso para salvar la situación laboral de esta casi treintena de despedidos. Los responsables sindicales reiteran que “si los despiden, nadie nos llama, no denuncian y no liquidan la empresa… No podemos hacer nada (...) parte del problema que tiene la legislación española es que ‘si pagas’, en el fondo te la puedes saltar”, zanjan desde UGT.
En cualquier caso, el número total de despidos -a nivel mundial- todavía no se ha oficializado, algo que compromete el futuro de la compañía en otros aspectos. Ejemplo de ello es la “paralización del plan de igualdad” que ha llevado a cabo Meta por desconocer la composición actual de las plantillas. Todo ello forma parte del plan de Musk, una estrategia que excluye la comunicación interna, la atención a la prensa y persigue el silencio y la discreción a base de dinero y presión.