Inditex y otras textiles, investigadas en Francia por trabajos forzados a los uigures
"Esas firmas son beneficiarias impunes de una situación de crímenes contra la humanidad", sostienen las ONG denunciantes.
La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha abierto una investigación preliminar contra varias empresas textiles internacionales, entre ellas la española Inditex, por beneficiarse de trabajo forzado de la minoría uigur en China.
“Se ha abierto una investigación tras la presentación de una querella por beneficiarse de crímenes contra la humanidad”, señaló este jueves a Efe una fuente judicial francesa.
Un grupo de oenegés presentó en abril pasado una denuncia ante la Justicia gala contra Inditex, Uniqlo, Sketchers y SMCP, entre otras grandes firmas, a las que acusan de beneficiarse del trabajo forzado al que según grupos de derechos humanos es sometida la minoría uigur en la región china de Xinjiang, en el noroeste del país.
Esa zona produce aproximadamente el 20% del algodón mundial y, según los denunciantes, las labores en el cultivo y recolección se realizan en parte gracias al trabajo forzado al que son sometidos los uigures (una etnia centroasiática de religión musulmana) por parte de las autoridades chinas.
La apertura de la investigación “es una gran satisfacción, teníamos mucha esperanza de que se abriera”, señaló a Efe Nayla Ajaltouni, portavoz de Étique sur l’étiquette (Ética en la etiqueta), uno de los colectivos demandantes. “Para nosotros, es una primera etapa para que se cuestione por fin la responsabilidad de esas firmas y su rol como beneficiarias impunes de una situación de crímenes contra la humanidad”, añadió.
Ajaltouni recordó que las instituciones de la Unión Europea están negociando una directiva sobre el deber de vigilancia y la responsabilidad jurídica de las compañías transnacionales. “Le corresponde también a la Justicia poner fin a esta impunidad que dura ya demasiado tiempo”, recalcó.
Sandra Cossart, directora de Sherpa, otra de las oenegés demandantes, expresó su satisfacción por la apertura de la investigación preliminar, “que da testimonio de la implicación potencial de actores económicos en crímenes de los más graves a fin de aumentar sus márgenes de beneficios”.
“Esta investigación permitirá a la Justicia pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales de estas empresas”, añadió Cossart en una declaración difundida tras el enuncio de la Fiscalía Nacional Antiterrorista.
Inditex y Uniqlo lo niegan
Las firmas acusadas, por su parte, no han tardado en revolverse contra estas acusaciones. Este jueves, el grupo textil español Inditex rechazó “firmemente” las acusaciones presentadas en su contra en Francia, que según ellos “carecen completamente de base”.
“La compañía dispone de rigurosos controles de trazabilidad que han permitido confirmar que tales acusaciones son infundadas”, aseguró Inditex en declaraciones a Efe, y añadió que tiene “tolerancia cero hacia cualquier forma de trabajo forzoso”.
Del mismo modo ha respondido la multinacional japonesa Fast Retailing, de la que depende Uniqlo, y ha negado tajantemente las acusaciones. Esa práctica “no existe” en su cadena de suministro, dicen.
Aunque Uniqlo “no ha sido notificada” por las autoridades francesas sobre esta investigación, está dispuesta a “cooperar plenamente” con la misma con el objetivo de “reafirmar que no hay trabajo forzado en sus cadenas de suministro”, según afirmó en un comunicado este viernes.
La firma nipona “tiene una política de tolerancia cero con las violaciones de los derechos humanos”, y reiteró que “ninguno de sus suministradores están localizados en la región de Xinjiang, ni sus instalaciones de producción empleadas en productos Uniqlo están ubicadas en ese área”.
La empresa añadió que lleva a cabo auditorías con partes externas para asegurarse de que no se producen “violaciones de los derechos humanos” entre sus proveedores, y afirmó que en caso de detectar “pruebas” de este tipo de abusos, detiene sus negocios con ese suministrador de forma inmediata.