"Esta niña tiene el cerebro cascado": denuncian a cuatro profesoras en Sevilla por burlarse de una niña con autismo

Los padres de una menor de siete años han presentado una querella contra cuatro docentes del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Cervantes’ de la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), por insultar y mostrar un trato vejatorio a la pequeña quien padece autismo y acude al citado centro donde se encuentra escolarizada en un aula específica.

En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que la pequeña, que padece un trastorno del espectro autista (TEA) y un trastorno específico del lenguaje (TEL) y sufre igualmente de epilepsia general, sufrió dos ataques epilépticos en un breve espacio de tiempo mostrando un “comportamiento anormal” y excesivamente “nervioso” desarrollando “conductas autolesivas desconocidas hasta la fecha”. Estas conductas se acentúan “cuando tiene que acudir al colegio”, mostrando “miedo y un rechazo frontal” a acudir al centro escolar desapareciendo esta conducta “en fines de semana cuando lógicamente no tiene que ir al colegio”.

Ante esta circunstancia, tal y como continúa la querella, los padres decidieron consultar la situación de la menor con profesionales médicos quienes concluyeron sobre la incidencia del “estrés” como causa de dichos ataques, llegando incluso a recomendar “el cambio de centro de la menor” ante la certeza de que ésta está sufriendo algún tipo de situación anormal “que incide directamente en su propia salud”.

De esta manera, los padres de la pequeña decidieron reunirse con las profesoras quienes “nearon la mayor” y tras exhibirles los informes médicos donde se apunta a la situación de estrés de la menor como principal o posible causa de los ataques epilépticos, “las propias profesoras dijeron no observar absolutamente ningún comportamiento extraño”.

La querella añade que por todo ello, los padres decidieron instalar una grabadora en la mochila de la pequeña ante los “fundados temores” de que en el centro público al que acudía la menor “se pudiera estar produciendo alguna situación irregular”.

Así, en seis horas de grabaciones se encuentran algunos extractos donde se escucha “claramente” cómo las profesoras desde el inicio de la jornada, “gritan exasperada y constantemente” a la menor como manera habitual de comunicación con ella, “hablan despectivamente del trastorno” que padece en presencia de la propia niña, así como que “cuando tienen un brote este tipo de enfermos cuando son adultos los meten en la cárcel”.

La demanda añade que en esos audios se puede constatar que pasan gran parte del tiempo lectivo “comentando sus vacaciones y otros temas absolutamente ajenos a sus labores como responsables de un aula integrada por niños con discapacidades varias y necesidades educativas especiales, reconociendo expresamente que no siguen las pautas y prescripciones educativas impuestas por los propios profesionales médicos de la Junta de Andalucía”.

Entre las “expresiones amenazantes y despectivas” con un “altísimo tono vociferante” que se han captado en la grabación, la querella recoge algunas frases como ‘esta niña tiene el cerebro cascado’, ‘lávate las manos cochina, que te estoy viendo jugar con los mocos’ o ‘y en el manicomio de Miraflores había este perfil en adultos’.

Asimismo, los demandantes apuntan que estas expresiones se hacen “en presencia de los alumnos” y que las docentes “comparan a la menor con el violador de las Ramblas de Barcelona, se mofan de ella, critican a su madre en su presencia y se dedican a enseñarse fotos de las vacaciones” mientras tanto, “la pequeña como el resto de sus compañeros puede apreciarse que están absolutamente desatendidos”.

Con todo, los padres, a través del abogado Javier Jaenes, han decidido interponer una querella contra la directora del CEIP ‘Cervantes’ así como contra la logopeda del centro, la monitora del aula específica y la tutora de la menor en el aula específica al entender que son responsables de un delito continuado de trato degradante del artículo 173 y 173.2 del Código Penal que estipula que quien ejerza violencia psíquica “contra personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados” se enfrentan a una pena de seis meses a tres años de prisión.