El Gobierno impulsa la ley integral contra la violencia sexual

El Gobierno respaldará este martes la ley integral contra las violencias sexuales, que modificará el Código Penal con la creación de nuevos delitos y acabará con la distinción entre abuso y violación gracias a la introducción del consentimiento, una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista español.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales en la semana del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Deficiencias “corregidas” en el último momento

Un texto provisional que fue considerado “deficiente” por los equipos de Igualdad y Justicia, coordinados por la vicepresidenta Carmen Calvo, y que provocaron una tormenta de objeciones por parte de vicepresidencia, Hacienda  y Justicia,  entre otros sectores socialistas del Ejecutivo.

Entre las principales críticas, sus detractores aseguraban que el proyecto “era más político que legislativo, bajaba las penas sin tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no incorporaba correctamente el Convenio de Estambul y contaba con errores formales”, según informa la Cadena Ser.

Estos hechos obligaron tanto a la Vicepresidencia Primera como al Ministerio de Justicia  a mejorar el texto para llegar a tiempo al Consejo de Ministros de este martes.

Por su parte, Montero destacaba este lunes que el anteproyecto “amplía el foco” e introduce nuevos delitos en el Código Penal y modificaciones en las penas, que serán “proporcionales y eficaces”.

“Hay penas que suben, hay penas que cambian muy mínimamente y sobre todo lo importante no es el número de penas, sino que amplía el foco, que se consideran violencias machistas muchas cosas que no se consideraban”, declaraba la ministra este lunes.

La ley es un “marco normativo integral que reconozca como formas de violencias machistas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual”.

Agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta- también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación- o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual son algunas de ellas.

Red de servicios de información y asistencia especializada

La ley también conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con “centros de crisis” que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día.

Y la sensibilización y la prevención serán pilares básicos de su funcionamiento.

Aunque esta ley era uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, su camino hasta llegar al Consejo de Ministros no ha sido precisamente el de la unanimidad.

En febrero, fuentes de Unidas Podemos reconocían “discrepancias” en el seno del Ejecutivo -sobre todo entre Igualdad y Justicia- respecto a la ley, cuyo impulso ha coincidido con la decisión del Gobierno de hacer un paquete de reformas del Código Penal en el que se incluyera la revisión del delito de sedición.

Sin embargo, Moncloa salió presurosa a negar esas diferencias y a asegurar que había un consenso total en torno a la ley de libertad sexual y que el anteproyecto vería la luz la semana del 8M.

Irene Montero ha explicado este lunes que el Gobierno se ha volcado y ha trabajado de forma consensuada en la ley, un proyecto del que el Ejecutivo está “orgullosísimo”.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que expertos y penalistas están realizando las últimas aportaciones para “mejorar el texto”, “un procedimiento habitual” para “lograr el mejor texto posible”.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha explicado este lunes en rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal del PSOE que el anteproyecto de ley pueda aún ser objeto de algún tipo de modificación y que otros ministerios podrán incorporar “elementos que consideren urgentes para la libertad de las mujeres”.

Ha recordado que el anteproyecto de ley es parte del “acervo programático del Partido Socialista y de su programa electoral”.

La ministra Montero ha precisado que el borrador que llevará al Consejo de Ministros está “bastante depurado” después de las aportaciones que ha recibido de los distintos ministerios y que éstos podrán seguir contribuyendo una vez se apruebe el anteproyecto, que también recibirá previsiblemente modificaciones en su tramitación parlamentaria.

La titular de Igualdad ha reconocido que el crédito de esta ley no es ni de su ministerio ni del Gobierno, sino del movimiento feminista español, que ha exigido en las calles que se acabara con la distinción entre abuso y violación y ha reivindicado respeto por la libertad sexual de las mujeres.

El auge de las manifestaciones feministas de 2018 coincidió con el fallo de “La Manada”, la violación grupal a una joven en los Sanfermines: la denuncia de la violencia sexual se convirtió en una de las principales reivindicaciones del movimiento.

Las calles se llenaron de protestas y las consignas “tranquila hermana, aquí está tu manada”, “no es abuso, es violación” o “yo sí te creo” recorrieron el país de norte a sur.

Y con tal magnitud que ya el Gobierno de Rajoy empezó a estudiar la reforma del Código Penal para acabar con las contradicciones de la tipificación de los delitos sexuales.

Una moción de censura y dos elecciones generales después, este cambio se va a articular mediante una ley integral que no sólo pretende modificar el Código Penal para adecuarlo al Convenio de Estambul, sino que pone especial énfasis en la prevención y sensibilización para acabar con la violencia sexual, otra forma de violencia de género.

Prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales, así como proteger y reparar a las víctimas son los objetivos de la ley, en palabras de la ministra Montero, que aspira a que esta legislación sea tan pionera como lo fue la ley 1/2004 para la lucha contra la violencia de género.