La guerra de partidos por la regularización del cannabis
El Congreso debate en una Subcomisión aprobar su uso medicinal en España, frente quienes proponen su legalización integral.
España ocupa el tercer puesto en el ránking de los países europeos que más cannabis consumen, según un estudio publicado recientemente en The Lancet Regional Health- Europe. El último barómetro del CIS refleja por su parte que el 90% de la población aprueba su uso terapéutico, pero el debate sobre su regulación en el terreno político, trae cola.
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados constituyó una Subcomisión para evaluar su posible uso medicinal después de que ésta fuera aprobada a proposición del PNV hace cuatro meses. Pero lo que realmente llevó la cuestión a la cámara fue que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociera algunas de sus propiedades en diciembre de 2020.
Ahora, esta delegación se propone “analizar las experiencias promovidas por distintos Gobiernos que tienen en marcha programas de uso médico de cannabis y escuchar a cuantos agentes y personas expertas se considere oportuno”.
Legalización integral versus uso medicinal
En el tablero político, las posturas entorno al asunto son contrapuestas. Podemos, Más País o Esquerra Republicana ya se han mostrado a favor de una legalización integral, registrando en las últimas semanas hasta tres iniciativas, mientras que PP, Vox y cuatro diputados de derecha, integrados en el grupo mixto, se han posicionado en contra.
La pelota está en el tejado del PSOE, quien a pesar de que hasta hace poco defendía que “no existía evidencia científica suficiente para avalar el uso del cannabis pese a los programas implementados por diversos países vecinos”, con el cambio de parecer de la ONU -sacándolo de su lista de drogas más fiscalizadas y peligrosas-, los socialistas han dado un giro en su argumentario. “Promoveremos la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del SNS [Sistema Nacional de Salud] y con prescripción médica”, exponían durante una de las intervenciones del 40º Congreso del partido.
“Recientemente, los organismos internacionales han avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al bajar su catalogación dentro de los estupefacientes. La evidencia científica ha dado pasos adelante, con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos en algunas enfermedades crónicas. A su vez, diversos países de la UE han aprobado el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Los y las socialistas valoraremos los distintos marcos establecidos en Portugal, Francia y Alemania, entre otros países, para implantar el uso del cannabis medicinal en nuestro país”, añadían.
Seis meses para elevar una propuesta al Gobierno
Con sus votos y los grupos parlamentarios que ya apoyan la iniciativa, la Comisión de Sanidad y Consumo cuenta con un plazo de seis meses para elevar la propuesta al pleno para su posterior debate y aprobación. Después, el Gobierno tendría que aprobar una nueva regulación basándose en dicho informe.
A día de hoy, se calcula que en España unas 200.000 personas se benefician del cannabis medicinal, según el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), desde donde califican como un “hito” la apertura del Congreso a debatir sobre esta materia.
“Desde el OECM confiamos en que los grupos parlamentarios implementen la Subcomisión lo antes posible y que ésta permita analizar con objetividad el estado actual del cannabis para uso medicinal mediante los informes que presenten los expertos más competentes en la materia. Para nosotros será de gran importancia aprovechar la Subcomisión para escuchar a los legisladores en materia de sanidad de países con legislación y regulación para el cannabis medicinal, así como a investigadores, sanitarios y juristas participantes en la creación de esas leyes. De igual manera, entendemos de vital importancia la presencia de pacientes que se han beneficiado de las leyes que han permitido regular el uso del cannabis medicinal en sus países”, sostienen.
Al margen de lo puramente terapéutico, otro de los aspectos que plantea su regulación son las cifras que arrojaría su posible legalización. Según el informe elaborado por la Unidad de Políticas de Drogas de la Facultad de Psicología de la UAB, el Estado recaudaría 3.312 millones al año en concepto de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Además, señalan los expertos, se regularizarían 101.569 puestos de trabajo para producir los 820.597 kilogramos necesarios con el fin de abastecer la demanda legal. Un volumen de negocio total que podría superar los 8.514 millones de euros anuales. “Todo ello sin contemplar las incautaciones anuales –solo muestra los datos de aquello que está regulado–, por lo que se calcula que estas cifras podrían multiplicarse al menos por tres”, corroboran Lilith Vestrynge y Lucía Muñoz, diputadas de Unidas Podemos.
A pesar de la prohibición de consumo, en España se produce cannabis de manera legal, algo que las organizaciones a favor consideran ventajoso si finalmente se da el pase: habría producto disponible. Según los datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en junio se emitieron 21 licencias para cultivar cannabis medicinal, tanto para investigar como para producir y exportar.
