Detener el ecocidio o sufrir más pandemias

Hay tres grandes retos que se entrelazan formando una crisis de civilización, y que la humanidad deberá tratar de enfrentar rápida y coordinadamente. Porque, según la ciencia más puntera, se acaba el tiempo para responder. La transición energética, el cambio climático y la crisis de biodiversidad.

Esta última es claramente la problemática menos discutida y conocida. A pesar de su relación directa con nuestra propia salud y la proliferación de sucesos terribles como la pandemia que estamos sufriendo, cuya relación con la presión del ser humano sobre los ecosistemas está más que documentada.

En los últimos 50 años según el Living Planet Report de 2020 hemos hecho desaparecer el 68% de todos los individuos vertebrados del mundo: mamíferos, pájaros, peces, anfibios y reptiles. Una masacre gigantesca en apenas 50 años. La tasa de extinción de especies está pulverizando registros que harían enmudecer a cualquier escéptico: según un estudio reciente publicado en Nature, la tasa en algunos grupos supera a la de la última extinción masiva, la del cretácico. Y los efectos permanecerán durante millones de años.

Ante esta situación, hay una tendencia clara por parte de la sociedad civil: organizarse y buscar vías jurídicas para apuntar a los responsables directos de estos tres grandes problemas. El reciente juicio contra Shell en los Países Bajos lo demuestra, la justicia ambiental avanza lenta, pero avanza. Y ahora un movimiento internacional busca reconocer el delito de destrucción de ecosistemas y contra el medio ambiente, el delito de ecocidio.

Este término fue acuñado por el malogrado político sueco Olof Palme en los años 70 y hacía referencia al uso del agente naranja por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La campaña Stop Ecocidio se originó en el trabajo de la jurista ya fallecida, Polly Higgins, y reclama a todos los estados su apoyo para la construcción inmediata de una herramienta jurídica muy potente: el reconocimiento por la Corte Penal Internacional del delito de ecocidio.

Muchos estados no consideran aún como crimen concreto la destrucción de ecosistemas, y hay obstáculos claros por los intereses económicos en juego —siempre basados en un cortoplacismo exasperante— y por el poder de algunas compañías multinacionales que no deben estar muy contentas con los avances.

Sin embargo, esta revolución jurídica y democrática está en marcha y parece imparable: Bélgica solicitó el 30 de diciembre de 2020 que el ecocidio se incluyera en el Tratado de Roma que regula el derecho internacional y ya está tramitado el reconocimiento de este crimen en su propio derecho nacional. En Francia, en junio 2020, fue la ciudadanía, reunida en asamblea ciudadana climática, quien pidió el reconocimiento inmediato del ecocidio y de los límites planetarios por el estado. Hasta el papa Francisco se ha mostrado partidario. El debate y los avances son incuestionables, la cuestión es si llegarán a tiempo de evitar las peores consecuencias, tras haberse sobrepasado los límites planetarios en cuestión de biodiversidad y extinción de especies hace mucho tiempo.

El movimiento Extinction Rebellion España reclama actualmente al Gobierno que la asamblea climática recién aprobada, cuyo inicio se ha programado para otoño de 2021, trate todos los temas de transformación profunda —esos tres retos que comentábamos al principio— y, en particular, el ecocidio. Esta asamblea climática debería reunirse de manera presencial para que la ciudadanía pueda informarse, deliberar y decidir en materia de protección de los ecosistemas y de la propia sociedad. El derecho a la vida y la tipificación penal del ecocidio deben estar presentes en los debates. Nos estamos jugando —y cada vez es más evidente— no solo el futuro de las generaciones venideras, sino también nuestro presente.