Destruyendo documentos y planeando indultos: Comienza la desbandada general en EEUU

El largo y lento golpe de estado que los ciudadanos americanos han presenciado con impotencia durante los últimos cuatro años, el cual llegó a su clímax tras las elecciones presidenciales, cuando Trump se lanzó a intentar subvertir por todos los medios los resultados de éstas, está empezando a disiparse poco a poco. Cada día que pasa, Trump sufre un nuevo revés.  Contradiciendo sus frívolas alegaciones de fraude electoral, los jueces van descartando los pleitos y los estados van certificando los resultados de las elecciones. Exasperado por su falta de control sobre la situación, este hombre tan acostumbrado a salirse con la suya está incitando a sus seguidores a rebelarse, y muchos lo están haciendo con furor. Varios políticos y funcionarios republicanos que, en el cumplimiento de su deber, declararon que no había habido fraude electoral, están recibiendo amenazas de muerte.  

Según noticias publicadas el 30 de Noviembre por The Huffington Post, Joe diGenova, uno de los abogados de Trump dijo en un programa radiofónico que el republicano Kris Krebs, director de seguridad cibernética del sistema electoral a quien Trump echó de su puesto recientemente por declarar que estas elecciones habían sido las más seguras de la historia, “merecía que lo destripasen y descuartizasen”, el castigo que se daba a los traidores en la Edad Media, o “que lo fusilasen al amanecer”.  Se trata de una situación muy peligrosa. Tanto es así que, según informó The New York Times el 1 de diciembre, el republicano Gabriel Sterling, director del sistema electoral de Georgia, dio un discurso muy apasionado instando a Trump a cambiar de actitud. “Esto tiene que parar,” dijo. “Señor presidente, parece que ha perdido usted el estado de Georgia… Deje usted de incitar a la gente a la violencia… Si no lo hace, va a pasar algo malo, va a haber heridos, va a haber muertos”, dijo.

En estos momentos, la cúpula republicana del estado de Georgia, del gobernador para abajo, está sufriendo amenazas de muerte por parte de los seguidores de Trump y estas amenazas en algunos casos se han extendido a sus familiares. Mientras tanto, los dos senadores republicanos de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffer, que se presentan a las elecciones especiales del 5 de enero para deshacer el empate con sus rivales demócratas, siguen secundando las falsas acusaciones de Trump respecto al fraude electoral para no perder los votos de los seguidores de éste.  Así pues, el partido republicano está consumido por fuertes tensiones internas.    

En el medio de esta crisis, el notoriamente servil fiscal general del estado William Barr, que hasta ahora había actuado siempre más como abogado personal de Trump que como el máximo representante de la ley que se supone que es, ha declarado que no hay indicios de que haya habido fraude en las elecciones. Con esta defección ha comenzado la desbandada general y la conversación ahora gira alrededor de la destrucción de documentos por un lado y de la concesión de indultos por otro.

Efectivamente, se cree que, como había advertido The New Yorker el 16 de noviembre, se pueden estar destruyendo documentos tanto para ocultar comportamientos inapropiados o ilegales por parte del Gobierno de Trump como para dificultarle la tarea al gobierno de Biden.  Ante esta situación, se ha exhortado desde los medios de comunicación a los funcionarios para que aguanten las presiones de sus jefes y protejan la información existente lo mejor que puedan hasta que se produzca el cambio de Gobierno y se puedan poner todos los documentos a buen recaudo. Además de eso, como informa The Hill el 1 de diciembre, varias asociaciones de historiadores y archiveros acaban de poner un pleito contra Trump y su equipo por no preservar íntegramente los documentos generados durante su mandato, de lo que ya hay algunas pruebas, exigiendo que se archiven sin depurar todos y cada uno de ellos como manda la ley.

Entre los republicanos, el intento de borrar las huellas de sus pasos ha venido acompañado de un gran interés por los indultos que el presidente puede conceder a sus colaboradores, salvándolos así de las consecuencias legales de sus acciones. Trump se ha jactado repetidas veces de este poder casi absoluto que tiene para perdonar cualquier delito federal. Aunque es verdad que puede indultar a quien quiera, se supone que no debe ejercer ese poder con fines corruptos. Curiosamente, acaba de saberse que el Departamento de Justicia está investigando un caso de soborno en el que al parecer alguien ha ofrecido dinero a cambio de un indulto. No está claro si Trump está implicado directamente o si los supuestos hechos delictivos los llevaron a cabo otras personas de su entorno. A la vez que esta noticia saltaba a la prensa, se supo que Trump estaba hablando con sus asesores sobre la posibilidad de otorgar indultos a sus tres hijos mayores, Donald, Eric e Ivanka, y a su yerno, Jared Kushner, así como a su abogado Rudy Giuliani. Recuérdese que Trump acaba de indultar a su aliado Michael Flynn y anteriormente le había conmutado la pena a su amigo Roger Stone. Así que ha perdonado ya a dos de las personas que violaron las leyes por ayudarle.

Se especula sobre la forma que estos indultos podrían tener, si general y preventiva, perdonando todas las acciones ilegales que se hayan cometido, o limitada y específica, detallando los delitos que se perdonan. Algunos expertos creen que el indulto específico podría ser más efectivo, aunque el indulto preventivo tiene sus ventajas y no carece de precedentes. Por ejemplo, Ford indultó a Nixon por todas sus acciones como presidente. Trump podría otorgar este tipo de indulto a sus hijos y a sus colaboradores.

El mayor interrogante, sin embargo, no es sobre el indulto que desean los hijos y los colaboradores de Trump, sino sobre el que éste necesita para evitar caer en manos de la justicia. Se barajan dos posibilidades. La primera, sugerida por Trump más de una vez, es que se indulte a sí mismo. Por absurdo que esto parezca, no está prohibido expresamente por las reglas y podría intentarlo, aunque lo más probable es que los tribunales después lo desautorizasen. La otra posibilidad es que Trump dimita antes del final de su mandato y el vicepresidente Pence, convertido en presidente, le otorgue el indulto. Esto libraría a Trump de muchos problemas, pero no de todos, porque el indulto es solamente para delitos federales y él tiene varias causas abiertas a nivel estatal. No es la solución ideal desde su punto de vista, pero más vale eso que nada.

A muchos ciudadanos les gustaría ver en la cárcel a todos estos personajes que tan poco respeto han mostrado por la ley. Sería una manera de lavar el honor del país y levantar su moral. Pero vista la impunidad con que Trump ha utilizado el aparato del estado para su propio beneficio, muchos ciudadanos dan por hecho que Trump, sus hijos y sus colaboradores de una manera o de otra van a ser indultados por los delitos federales y se conformarían con que tuviesen que rendir cuentas de sus actos a nivel estatal. Tras cuatro años de agotador asedio a la democracia, los ciudadanos están deseando dejar atrás este triste capítulo de la historia nacional. En estos momentos, el menor castigo que se les asignase a Trump, a sus hijos y a sus colaboradores sería recibido como una gran victoria.