La intrahistoria de la sentencia por la que las empleadas de hogar cobrarán paro por primera vez

Que la ley española era discriminatoria contra las trabajadoras de hogar era un secreto a voces desde hace años. Que ahora lo ponga por escrito el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es “una pasada”. Así lo define Arantxa Zaguirre, abogada que colabora con el colectivo Territorio Doméstico y autora de un informe que en 2019 ya manifestaba que lo que ocurre en España con las empleadas de hogar es “un caso evidente de discriminación indirecta”.

Porque, pese a que el artículo 41 de la Constitución española garantiza “la asistencia y prestaciones sociales [...] en caso de desempleo” para “todos los ciudadanos”, en la Ley General de la Seguridad Social se excluye a estas trabajadoras –actualmente unas 600.000– de la prestación de desempleo. 

En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 189 para asegurar a los trabajadores domésticos una protección “por lo menos equivalente” a la del resto de los trabajadores. Los compromisos de España para ratificarlo se han ido sucediendo, y siempre que Arantxa Zaguirre se ha reunido con funcionarios de los diferentes Gobiernos (progresistas) para discutir la cuestión, estos han reconocido el sinsentido que afecta a este sector, prometiendo por activa y por pasiva que enmendarían la injusticia. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho.

Uno de los compromisos “prioritarios” del actual Gobierno de coalición era: “Firmaremos y ratificaremos el  Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”. Si bien la pandemia no se consideró motivo suficiente para blindar el derecho a la prestación por desempleo –entre otras– de las trabajadoras del hogar, parece que el hito ahora está a punto de conseguirse por otra razón: una sentencia del TJUE del pasado 24 de febrero, que establece que España incumple la normativa europea al privar a estas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, del derecho a paro.

El martes pasado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció que “España tiene la obligación de cumplir” con esta sentencia, y anunció que la ratificación del convenio 189 “está en la antesala del Ministerio de Exteriores” para ser dirigido al Congreso.

Días después, desde Brasil, Díaz confirmó que “si todo va bien, en el siguiente Consejo de Ministros España remitirá a las Cortes Generales” la ratificación de este convenio. “Por fin creo que en un tiempo bastante rápido va a ver la luz”, manifestó la vicepresidenta.

Una denuncia que nace en Vigo

Aunque el Ministerio de Trabajo llevaba meses prometiendo avances en este sentido –después de una década de inmovilismo–, los expertos consultados por El HuffPost están convencidos de que, si no fuera por la sentencia del TJUE, la ratificación del Convenio no estaría sobre la mesa del próximo Consejo de Ministros. Y una de las personas a las que hay que agradecérselo es Javier de Cominges Cáceres, el abogado laboralista que defendió –y convenció– ante el Tribunal de Justicia europeo el derecho al desempleo de Mariana, trabajadora del hogar en Vigo.

A pesar de conocer perfectamente los pasos que debía dar, cuando De Cominges decidió llevar el caso de Mariana no se imaginaba que acabaría explicando su defensa ante los jueces del TJUE, en Luxemburgo. Por eso cuando se subió al avión estaba “como un flan”, igual que al bajarse de él ya en Luxemburgo. “Tenía una sensación de ahogo en el cuello por la presión”, relata el abogado a El HuffPost. La vista oral que había solicitado, que pensó que duraría media hora, se alargó más de tres horas. Por suerte, “a los cinco minutos, todo miedo o agobio desapareció”, cuenta. “No diría que se convirtió en furia, pero sí en una cierta fuerza en la defensa de nuestras argumentaciones”, explica.

Cómo De Cominges convenció a los jueces en Luxemburgo

Los alegatos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Abogacía del Estado –la parte demandada– quedaron desmontados, e incluso sorprendieron a los letrados del Tribunal Europeo. La Seguridad Social y la Abogacía del Estado argumentaron, entre otras cosas, que al ‘conceder’ la prestación por desempleo a las trabajadoras domésticas podría darse un uso fraudulento de de esta. A lo que De Cominges contestó: “Primero, que el fraude no se presume; segundo, que no hay profesiones fraudulentas en sí mismas; tercero, que hay muchísimas profesiones que se desarrollan desde casa y en ellas no se presupone el fraude; cuarto, que hay medidas para poder fiscalizarlo, empezando por la Inspección de Trabajo”. 

Lo que hizo el abogado laboralista para demostrar la discriminación fue, básicamente, recurrir a los datos: casi un 95% de las personas que trabajan como empleadas de hogar son mujeres. “La cuestión era por qué a este colectivo totalmente feminizado se le deniega una prestación y la protección que genera. Si no hay una justificación razonable, entendemos que se está discriminando a un colectivo de mujeres especialmente vulnerables”, explica.

“Los miembros del tribunal abrieron los ojos como platos”

Al igual que De Cominges, el TJUE también lo vio claro, y así lo puso de manifiesto en su sentencia. La parte demandada, en cambio, siguió insistiendo durante la vista oral en que había otros colectivos no feminizados que tampoco tenían derecho al desempleo, con lo cual no era una cuestión de desigualdad de género. 

A De Cominges este alegato le pilló desprevenido. “¿Qué colectivos?”, preguntó. “Los parlamentarios, los administradores de empresas y los ministros de cultos religiosos”, le respondieron. “Los miembros del tribunal abrieron los ojos como platos”, recuerda hoy el abogado, que asegura que alguno llegó a plantearle al letrado de la Seguridad Social: “Oiga, ¿usted de verdad considera que es comparable?”. “Esto daba una idea del nivel de las argumentaciones”, ilustra De Cominges.

“Quieren mantener la discriminación sobre un sector que dicen esencial”

Edith Espínola no estaba en aquella vista oral, pero como portavoz de la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac) conoce perfectamente el caso y sabe qué alegatos hicieron los abogados del Estado para negar a trabajadoras como ella el derecho a cotizar por desempleo. “Nos llamó poderosamente la atención ver cómo quieren mantener la discriminación sobre un sector laboral que luego dicen esencial”, lamenta. La crítica de Espínola va más allá: “Están sosteniendo un sistema que es esclavista”, dice la portavoz de Sedoac, que cita las condiciones de muchas trabajadoras internas –una figura anacrónica en el resto de Europa–, las cuales se han denunciado recientemente en reportajes de distintos medios, entre ellos RTVE y la BBC. 

“No puede ser legal que una persona tenga un contrato de 40 horas y que tenga que vivir 24 horas al día en su puesto de trabajo a disposición de su empleado”, critica Espínola. “Eso es esclavista, se mire por donde se mire”, lanza la portavoz de Sedoac, que espera que la ratificación del Convenio 189 venga también con una regulación de las condiciones para prevenir la explotación laboral.

Tras más de una década esperando que el Gobierno se decida a ratificarlo, Espínola no se cree todavía que esto vaya a ser una realidad en los próximos días. “Mientras no se concrete y hasta que no se empiece a aplicar, y esto puede tomar un año, para nosotras no existe”, zanja. “Así que sólo nos queda impulsar, insistir y seguir luchando y resistiendo, lo que siempre hemos hecho”, dice.

Espínola y sus compañeras de trabajo están convencidas de que el suyo es “un sistema tan especial que es especialmente discriminatorio”. “A todo el mundo se le dan esas prestaciones y a nosotras nos excluyen. ¿Cuál es la razón?”, plantea. 

Después de muchos años a vueltas con este tema, la abogada Arantxa Zaguirre sí sabe cuál es la razón de esa exclusión, que tristemente se resume en una palabra: clasismo. Pero para localizar el origen de esta discriminación hay que remontarse al menos varias décadas. 

Antes de 1985 no eran consideradas “trabajadoras”

Zaguirre explica que no fue hasta 1985 cuando se firmó un real decreto que consideraba a las empleadas domésticas “por primera vez trabajadoras”; hasta entonces, eran “la chacha” o “la chica que ayuda en la casa”, recuerda. El caso es que dicho decreto, que venía a regular su trabajo y estuvo vigente hasta 2011, era “brutal” (brutalmente discriminatorio), llegando a permitir que se pagara a estas empleadas un porcentaje de su sueldo en especies (comida y cama). 

“En aquella época ya existía la prestación por desempleo y el despido con causa para todo el mundo, pero se decidió que para ellas no”, cuenta la abogada. “Hablando con mucha gente de muchos puestos distintos lo que te acaban reconociendo es que todos los [legisladores] que decidieron esto tenían empleada del hogar”, afirma Zaguirre. “O sea que quien estaba diseñando esto a lo mejor era tu patrón”, cuenta. De ahí el resultado.

Zaguirre constata, además, que el colectivo de las trabajadoras de hogar no está marcado sólo por el género, sino por la procedencia. Según un estudio de la Universidad Pontificia Comillas, que cita datos de 2016 del Anuario de Estadísticas Laborales, el 72,2% de las empleadas de hogar en España son de origen extranjero, lo cual supone otro nivel más de discriminación.

No sólo sin derecho a paro

En su sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo describe como “desamparo social” la situación que genera el régimen especial para trabajadoras del hogar. Y es que no sólo se las priva del derecho a paro, sino de todas las prestaciones que dependen de ello, como las del Fondo de Garantía Salarial o el subsidio para mayores de 52 años. Además, recuerda la abogada Arantxa Zaguirre, en el caso de las empleadas de hogar se permite el despido sin causa, y estas cotizan por tramos salariales en lugar de por salario real. 

En resumen, sostiene Zaguirre, si se quisiera reorganizar bien el sistema habría que “ponerlo todo patas arriba”. “Ratificar el Convenio 189 sólo supondría empezar a hablar de todo esto”, señala la abogada, al tiempo que reclama que se distinga entre servicios de limpieza y cuidados a personas dependientes. “En España metemos todo como empleo del hogar, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque que te limpien la casa es un lujo, pero el cuidado de un enfermo con Alzheimer es una necesidad, y el Estado tendrá que subvencionarlo en determinados casos”, advierte Zaguirre.

Las victorias que se han logrado hasta ahora

Paso a paso. Por lo pronto, ya se puede decir que la labor de personas como Javier de Cominges, Edith Espínola y Arantxa Zaguirre está dando frutos. Antes de que se cumpliera un mes tras la sentencia del TJUE, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo declaró el derecho a paro de Mariana, y en Cataluña ya ha habido otros dos dictámenes similares. Por un lado, el 14 de marzo un juzgado de instancia de Barcelona condenó al Fondo de Garantía Salarial a indemnizar a una trabajadora del hogar que solicitó este subsidio porque su empleador era insolvente, y a la que le fue denegado por no cotizar por desempleo (algo que la ley no le permite). Dos días más tarde, el Tribunal de Justicia de Cataluña concedió un subsidio para mayores de 52 años a una empleada de hogar. 

“Aquí ya no se reconoce el derecho a cotizar, que es lo que pedíamos nosotros, sino que, también en base a la sentencia del TJUE, se les reconoce el derecho a distintas prestaciones sin haber cotizado a las mismas”, explica Javier de Cominges. “Es un paso más muy relevante”, celebra el abogado.

Lo que falta: “El Gobierno debe ser ágil”

Con todo, hasta que no haya un cambio legislativo que estructure el sistema, las empleadas de este sector no tendrán forma de acceder a estas prestaciones, a menos que hagan reclamaciones individuales en los juzgados, señala De Cominges. “El Gobierno debe ser ágil”, insta.

En lo que respecta a su clienta, Mariana, “está muy contenta”. El bufete en el que trabaja De Cominges no le cobró nada y asumió su caso pro bono, sabiendo que, aunque era una situación particular, “la sentencia afectaría a todas las trabajadoras de este sector”, explica el abogado. 

Cuando comenzó todo el proceso, De Cominges le advirtió por si acaso: “No te hagas ninguna ilusión”. Ahora ella está “impactada por la repercusión”. “Ya no sólo por la mejora que le puede traer a ella, sino a todas las demás mujeres que están en su misma situación”, dice el abogado. Él tampoco puede ocultar que está satisfecho: “Las semillas que el TJUE sembró antes de la primavera ahora están germinando”.