España y la Cumbre del Clima de Glasgow: lo cumplido y lo pendiente

Será el lunes, 1 de noviembre, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncie su discurso en el seno de la llamada COP26, la Cumbre del Clima que se celebrará en Glasgow (Escocia) desde el domingo y durante dos semanas. A esta cita, retrasada un año por la crisis del coronavirus, Madrid acude “con los deberes hechos”, en palabras de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui. Y, sin embargo, los grupos ecologistas, las formaciones más verdes y algunos estudios científicos insisten en que hay un margen mayor de progreso, en que se puede y debe hacer más.

El Ejecutivo defiende que, desde la última cumbre celebrada accidentalmente en Madrid en 2019 -debería haberse hecho en Santiago de Chile, pero unas serias protestas sociales lo impidieron- se han aprobado leyes comprometidas con la emergencia climática, se han revisado al alza los compromisos de reducción de emisiones y se está acometiendo una transformación energética seria. “Se ha trabajado duro para elevar la ambición climática” y para “alinear a España con el objetivo climático europeo”, en palabras de Ularqui.

Ha sido esencial para ese avance la primera ley española de lucha contra el cambio climático, con la que se pretende cumplir con el Acuerdo de París, el pacto mundial para frenar el calentamiento global que firmó hace cinco años, que fija que en 2050 el lanzamiento de gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente de dióxido de carbono (CO2), tiene que equivaler a cero. Se prevé lograrlo mediante una reducción escalonada de emisiones, el fin de los vehículos, transportes e industria que quemen combustibles fósiles (la principal fuente de CO2), la generalización de las energías limpias, y la eficiencia energética.

Con dicha norma, España se subió a la locomotora europea contra el calentamiento global, que buscar desterrar con urgencia el petróleo y el carbón de su forma de vida y tener así posibilidades de frenar el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 o 2 grados máximo, lo que paliaría los efectos del cambio climático y minimizaría las catástrofes naturales y hambrunas que todos los científicos vaticinan.

La propia ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, admitió en el debate en el Congreso, la pasada primavera, que la emergencia climática “ya está aquí” y que España va con una década de retraso en esta carrera. Prueba de ello, dijo, es que 2020 fue el año más caluroso de su historia, con una subida de 1,7 grados sobre la media de la época posindustrial. Ribera achacó buena parte de la culpa por la demora a la “inacción climática” de los Gobiernos del PP.

La norma obliga a que en 2050 se logre la llamada “neutralidad climática” -esto es, que no se emita más CO2 del que son capaces de capturar bosques, los suelos y las lagunas y mares de forma natural- y que el 100% de la electricidad proceda de fuentes renovables. Sabedores de que tiempo corre en nuestra contra, los compromisos más severos han de lograrse para 2030, dice el articulado porque, de lo contrario, el fenómeno puede ser ya irreversible. Por eso la ley prevé que, para dentro de nueve años, España habrá reducido un 23% el CO2 con respecto al año de referencia mundial (1990), momento en el que se habrá logrado que el 42% de la energía consumida proceda de renovables, y habrá aumentado la eficiencia energética en un 39,5%.

Un poco más

Esta velocidad de reducción fue calificada y sigue siendo calificada de demasiado lenta por los partidos que apoyaron la norma, porque una cosa es que sea necesaria y, otra, que sea panacea. La rebaja de emisiones comprometida por la Unión Europea para esa fecha es del 55% y la pedida por los científicos, del 65%, de ahí que se califique de poco ambiciosa.

Lo afirma así, también, el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi, quien se adhiere a la propuesta al alza de los especialistas porque, recuerda, ni la UE ni España tienen en cuenta el porcentaje de emisiones pasadas para la reducción de emisiones, por lo que “estamos en el vagón de cabeza, es imprescindible medirnos con los países que tienen una responsabilidad histórica mayor de emisiones”.

“No estamos llegando a tiempo y estamos jugando con la salud de las personas”, afirma rotundo. A su juicio, los objetivos de la Ley de Cambio Climático son “insuficientes”, al señalar que no se puede fijar una reducción del 23 % de emisiones cuando la propuesta europea recoge un 55%, por lo que pide al Gobierno español una revisión de la ambición climática, para estar en “el lado correcto” de la pelea. Habla de “falta de voluntad política” y “falta de ambición”, más que de imposibilidad o de irreversibilidad del problema.

Marcellesi -que estará presente en la COP26– ha insistido en la petición al Gobierno de abandonar la dependencia energética del gas y otros combustibles fósiles y realizar una transición energética justa.

Actualmente, y según datos publicados en julio por el ministerio que comanda Ribera, por primera vez en 30 años, la balanza de emisiones de dióxido de carbono es favorable con el medio ambiente en España. Las emisiones brutas de CO2 durante el 2020 fueron de 271,5 millones de toneladas, lo que supone una reducción del 13% respecto a 2019 y del 6,4% respecto a 1990. Hoy es el país número 157 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes.

Según el informe Net Zero Economy Index 2021 de la consultora internacional PricewaterhouseCoopers (PwC), el año pasado España disminuyó la intensidad de sus emisiones de carbono un 7,9%, entendida ésta como las emisiones de CO2 por unidad de PIB, una cifra que convierte al país en el tercero que más ha avanzado en esta materia, respecto de los países del G-20, por detrás de México (-12,4%) y de Indonesia (-10,6%).

“La caída en el consumo de combustibles fósiles, vinculado en gran parte a las restricciones de movilidad y al parón de actividad por la pandemia, y el incremento del peso de las renovables y de la energía hidroeléctrica en el mix”, son los factores que explican la reducción en la intensidad de emisiones en España el pasado año, según estos analistas.

Pero, dice el estudio, España tendrá que duplicar casi su ritmo de descarbonización anual para limitar hasta 1,5 grados el incremento de la temperatura del planeta, que es el principal objetivo del mundo entero y que está lejos de cumplirse por parte de los países desarrollados, como denuncia sistemáticamente Naciones Unidas.

Lo que se sufre ya

Está la España política, que intenta hacer cosas, y está la España física, la que sufre ya, como todo el planeta, los efectos del calentamiento general. No estamos entre los territorios que estarán más dañados por el cambio, pero tampoco entre los más tranquilos. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC), presentado el pasado agosto, contempla por primera vez un análisis regionalizado y la zona del Mediterráneo, la nuestra, no sale bien parada: sólo en cuanto a incremento de temperatura, ya se espera un aumento superior a la media global en un escenario de emisiones moderadas, superando los tres grados. Recordamos que el Acuerdo de París y el compromiso por el que todo el mundo batallará en la cumbre de Glasgow es de 1,5 grados.

La subida de la temperatura media en la Península Ibérica ya es superior a la media del planeta, 1,7 grados frente al 1,14 global. En el citado informe del IPCC, incluso con las proyecciones más optimistas, se hablaba de fenómenos seguros que afectarán a nuestra zona, como más calor y más sequías -ahora mismo hay restricciones por falta de agua en Cataluña, sin ir más lejos-, la evaporación de la humedad y un descenso de las precipitaciones. Son fenómenos esperados, aunque el grado en que afectarán es un dato que los científicos dejan aún bastante abierto.

“El informe recoge, no solo para España sino para toda la cuenca mediterránea, entre otros fenómenos que aumentarán su frecuencia y su intensidad, la ocurrencia de sequías, de olas de calor -en verano e incluso en periodos de primavera y otoño-, el mayor riesgo de grandes incendios y, como en el resto del planeta, la posibilidad de que ocurran fenómenos extremos que no tienen precedentes en la historia del ser humano”, decía en El HuffPost Francisco J. Doblas-Reyes, uno de los redactores del informe.

Ya estamos asistiendo a fenómenos que ya se daban pero ahora vienen agravados, como la gota fría o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), mucho más concentrados en el tiempo y son mucho más dañinos. Ya no son sólo una cita puntual de cada año en el Levante peninsular.

El informe del IPCC también apunta al fenómeno de la desertificación, con una “alta probabilidad” de que la región mediterránea se vuelva más árida a medida que aumenten las temperaturas, a un nivel que solo comparten en el resto del mundo el centro de Norteamérica y el sur de África. Madrid será tan calurosa como Marrakech en 2050, dice por ejemplo un estudio auspiciado por la Universidad ETH de Zurich y publicado en la revista científica Plos One.

Siendo el Mediterráneo una zona cerrada, nuestro parece menos expuesto por ese flanco a las subidad del nivel del mar, pero aún así el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático estima que el agua podría tragarse el 50 % del delta del Ebro y otras zonas en el mar Menor, el cabo de Gata o el golfo de Cádiz. En el mar Cantábrico y la fachada atlántica, la situación sería aún más grave: si el mar sube hasta medio metro, un escenario plausible, supondría la desaparición del 40% de las playas. El Ministerio del Interior acaba de aprobar el Plan estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos para estar alerta.

Sí se perderá el hielo de dentro, los pequeños glaciares que quedan en nuestras montañas, especialmente en los Pirineos, con la pérdida de la biodiversidad actual de la zona que ello conlleva.

Cambia el paisaje, cambia la naturaleza, cambia la vida. El reto es que se frene ese cambio antes de que sea invivible.