Arnaldo, candidato del PP al TC, afirma que dejó su empresa en 2017 pero seguía contratando en 2019
En el Boletín Oficial del Registro Mercantil se publicó el cese del candidato como administrador de su empresa en noviembre de 2020.
La Comisión de Nombramientos del Congreso examinará este martes a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional que habían caducado. Por ello han presentado sus respectivos curriculum, y en el de uno de los candidatos del Partido Popular, Enrique Arnaldo, “existe una discrepancia con la realidad”, según ha informado este lunes la Cadena SER.
Arnaldo afirma en el texto remitido a la Cámara Baja que fue “abogado-socio del despacho Estudios Jurídicos y Procesales (desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2017)”, y que desde esa fecha “ejerce la abogacía autónomamente”. Sin embargo, según ha desvelado el medio, en el portal de contratación pública figura que el 9 de octubre de 2019 fue el encargado de presentar la documentación necesaria para un contrato como “coordinador” de esta empresa.
Además, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se publicó el cese del candidato como administrador de su empresa el 26 de noviembre de 2020.
El contrato de octubre de 2019 al que se refiere la información fue para la adjudicación de la “defensa jurídica ante juzgados y tribunales” de Las Rozas. Este municipio madrileño, gobernado por el PP, adjudicó en noviembre de 2019 el primer lote de ese contrato por un importe de 144.000 euros a la empresa citada de Arnaldo.
En el expediente de contratación ante el Ayuntamiento de Las Rozas, Arnaldo expone su curriculum y no el de su empresa, comunicando que es Letrado de las Cortes Generales desde el 10 de enero de 1986, que consta de alta en el Colegio de Abogados de Madrid desde el 8 de abril de 2002 y cuenta con 33 de experiencia.
No es el único caso en el que los negocios privados de Arnaldo cuestiona su idoneidad para ocupar un sillón de magistrado en el Tribunal Constitucional.
El jueves la Cadena SER también adelantó que el bufete de abogados que era propiedad del jurista ha facturado trabajos para administraciones gobernadas por los populares por 979.000 euros, según información de la Agencia Tributaria incluida en el sumario del caso Palma Arena.
Esos trabajos aparecen detallados en un informe de Hacienda con el que el juez balear José Castro pretendía determinar si el expresidente balear Jaume Matas amañó un contrato de la empresa de estudios jurídicos.
El viernes, además, el diario El País ahondó en la polémica al publicar un email de Arnaldo a Jaume Matas, exministro de José María Aznar y expresidente del Gobierno de las Islas Baleares. Según el sumario del Palma Arena, donde el propio Arnaldo fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo regional, el ahora candidato al Constitucional envió en 2008 un correo a Matas donde le proponía un negocio y añadía: “No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir”.
