A Casado no le gusta la ley contra el fraude fiscal

Esta semana se ha debatido en el Senado el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, y el PP ha vuelto a estar en contra. Nada nuevo. Lo que sí llama la atención es la dureza en sus intervenciones, dejando claro lo poco que le gusta esta Ley y este tema. Nada nuevo.

Con Rajoy en el Gobierno no se incrementó la plantilla de trabajadores en la Agencia Tributaria, es más, se recortó un 10%. Y es que, el PP prefiere las amnistías fiscales para los grandes defraudadores a poner recursos para combatir el fraude.

Y para muestra un botón, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el primer año se recaudó 2.000 millones de euros más en la lucha contra el fraude fiscal de lo que conseguía como media anual con el Gobierno del PP.

Se va a continuar en esta línea, puesto que este año se ha incrementado un 8,5% respecto al año anterior en medios y personal y existe la previsión de alcanzar un total de 596 millones en el periodo 2020/2024.

En este sentido el Gobierno prevé que se lleven a cabo 6.591 investigaciones en el ámbito tributario durante el presente año para detectar actividades no declaradas como parte de su objetivo de abordar los retos de la prevención del fraude y la evasión fiscal y la lucha contra ellos.

El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal traspone una Directiva Comunitaria, la 1164/2016, y pretende prevenir y luchar contra el fraude y la elusión fiscal, lo que debe ser un gran objetivo de país. 

Un objetivo que además se incluye dentro del Plan de Recuperación económica aprobado por la UE la pasada semana. Los comportamientos fraudulentos o elusorios son prácticas injustas con el resto de ciudadanos. Todos debemos contribuir al mantenimiento de las cuentas públicas y la financiación de los servicios públicos (más necesarios que nunca, como hemos comprobado durante la pandemia) y debemos hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad fiscal.

Los objetivos de esta reforma son reforzar las normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior, así como modificar impuestos directos e indirectos, determinados impuestos de las administraciones locales y la regulación de los juegos de azar.

La reforma también introduce cambios en la normativa destinados a establecer parámetros de justicia tributaria y a facilitar acciones destinadas a prevenir y combatir el fraude mediante el refuerzo del control tributario.

El PP está empeñado en buscar excusas para oponerse a esta ley que no les gusta nada. Hablan de que con ella se suben los impuestos. ¡Qué memoria más flaca tienen! Nadie subió más los impuestos en nuestro país que Montoro y Rajoy, aumentando más de 50 veces los impuestos.

Si se quiere poder pagar los ERTEs, el paro de los autónomos, ayudas para las pymes, aumentar los recursos en sanidad y educación para las Comunidades Autónomas, si se quiere implantar el Ingreso Mínimo Vital, aumentar las pensiones y los recursos para la Ley de Dependencia se necesitan impuestos. Si se quiere fortalecer el Estado de Bienestar se necesitan impuestos. Eso sí, pagando más quien más tiene y luchando contra el fraude fiscal.

Casado y los suyos deben dejar de alarmar a los ciudadanos, porque los únicos que tienen que preocupar por esta ley son los defraudadores, los únicos que tienen que preocuparse son los que hacen obras en sus sedes con montones de dinero negro y facturas sin declarar.

En definitiva este es un Proyecto de Ley que mira al futuro, que dota de mayores herramientas a nuestro sistema fiscal y que se alinea con el derecho de la Unión para hacer frente al desafío global de la competencia fiscal desleal y que permite proteger los ingresos fiscales de nuestro país para fortalecer las políticas sociales. No puede haber justicia social sin justicia fiscal.