Un Gobierno de los ciudadanos

En el último mes ha surgido con fuerza en el espacio mediático el tema de la regeneración democrática y reconozco que veo mínimamente reflejado en las propuestas lo que entiendo por este término. Cuando se está hablando sobre regeneración democrática, la mayoría de titulares hablan de los asuntos que tienen que ver con la justicia y la política: aforamientos, lucha contra la corrupción, indultos... Se están proponiendo medidas para aplicar cuando se den casos de corrupción, cuando nos deberíamos centrar en actuaciones que impidan que surjan casos de corrupción y, una vez que se den, ser contundentes con ellos.

Se está buscando luchar contra una corrupción que, en nuestro país, tiene indignados a los ciudadanos. Y ante esto cabe la siguiente pregunta: ¿estos son los cambios que demandan los ciudadanos de nuestro sistema democrático?

En una parte sí, pero en una pequeña parte. Como ciudadano y político en activo, creo que no se están entendiendo muchas demandas ciudadanas. Es cierto que estos valoran muy negativamente a partidos y políticos por los casos de corrupción, pero es sólo una pequeña parte del desapego. Otra gran parte tiene que ver con otros aspectos: la actitud de muchos políticos, tener un sistema electoral con poco margen para elegir a los representantes, participar en las decisiones políticas solo cada cuatro años, la falta de rendición de cuentas, el funcionamiento de los partidos políticos, las instituciones democráticas que tenemos y su funcionamiento propio de otra época.

Hace una año publiqué #DemocraciaHacker, intentando hacer un ejercicio de reinvención de nuestro sistema político, abriendo un debate que considero urgente. No hablo de corrupción, porque creo que es una de las consecuencias de un sistema mal diseñado y que la solución parte de un nuevo diseño general.

Los cambios deben pasar por un nuevo sistema electoral, que consiga que los ciudadanos se sientan representados y que los representantes públicos dediquen más tiempo a ganarse a los votantes, y no a los dirigentes, porque sean los primeros quienes posean la decisión de quienes les representan en las instituciones. Creo que esto lo puede garantizar un sistema electoral como el alemán adaptado a la realidad española. Debemos conseguir implicar a los ciudadanos en el diseño y decisión de las políticas que se ponen en marcha, a través de un verdadero Gobierno de los ciudadanos, que tenga la obligación de diseñar cada una de las políticas con participación e implicando a toda la sociedad en su aprobación final.

Además, considero urgente un cambio en las instituciones democráticas que forman parte de nuestro sistema institucional, revisando sus competencias y funcionamiento. Si alguien sigue la actividad parlamentaria, comprobará que es más propia de otra época que del siglo XXI en el que nos encontramos, pareciendo en ocasiones salida de un museo de Historia; en los últimos tiempos, los que nos gobiernan han dedicado más tiempo a alejar a los ciudadanos del Parlamento que a buscar fórmulas para atraerlos e implicarlos en la vida parlamentaria.

Los partidos también necesitan una revisión, y creo que no estaría de más aprobar una ley de primarias como existe en otros países, obligando a todos a elegir a sus carteles electorales a través de este procedimiento y garantizando unas condiciones mínimas a todos.

La obligatoriedad de la transparencia en nuestras instituciones y en el uso de dinero público no se consigue sólo con una ley de transparencia. Hemos comprobado cómo Extremadura, a pesar de tener una ley de este tipo, consigue menor puntuación en los índices de los informes de la organización Transparencia Internacional que cuando no disponía de ella. Sin la garantía de sanciones por el incumplimiento de la transparencia, una ley puede caer en saco roto, como está pasando en Extremadura.

No cometamos el error de hablar sólo de una parte de los cambios que necesita nuestro sistema democrático. Abramos un verdadero debate implicando a todos en su diseño y que conlleve una aprobación posterior a las elecciones, evitando que se hagan reformas electorales a la carta, pensando en el interés electoral de un solo partido y no en el interés de los ciudadanos.