El 135 y la doctrina del 'shock'

Los ciudadanos llevan tiempo pidiendo a gritos nuevas actitudes en nuestros políticos, otras formas de actuar, otras formas de hacer política, que pasen por reconocer los errores, por dejar de comportarse como hooligans que parecen defender a ciegas todo lo hecho por su partido, sin tener o manifestar criterio propio, incapaces de valorar de forma constructiva las propuestas de otros partidos...

Resulta curioso que lo que es un clamor en la calle, en las tertulias, en las charlas entre amigos o en familia, que es que España necesita de dirigentes políticos que incorporen nuevas maneras que demanda la ciudadanía, se convierte en críticas cuando estas actitudes son aplicadas por algún destacado dirigente. No deja de sorprenderme que esto sea así, tanto por parte de los que representan la formas más rancias y conservadoras como por parte de algunos que incluso han convertido en bandera las críticas a lo que denominan las viejas formas.

La semana pasada, el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a presentar una propuesta que modifique el artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011, cuando los mercados empezaban a atacar la credibilidad económica de España, haciendo subir su prima de riesgo. Se incluyó en la Constitución, como prioridad absoluta, el pago de la deuda, pero, al contrario de lo que se esperaba, el diferencial entre el bono español y el alemán siguió subiendo: en agosto de 2011, llegó a un diferencial de 401 puntos, en noviembre del mismo año, a 468, y en julio de 2012, a 638.

Si Milton Friedman, máximo representante de la Escuela de Chicago y defensor del libre mercado siguiera vivo, podría haber disfrutado del éxito de sus teorías, que se reflejan en esta famosa reflexión:

Y justamente eso es lo que ha pasado en la economía española y europea en los últimos años, introduciendo reformas en nuestro sistema que han acabado en parte con el modelo de Estado del bienestar del que tan orgullosos nos sentimos, dirigidos por las políticas económicas liberales lideradas con astucia por la canciller alemana Angela Merkel, aplicando la doctrina del shock para que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable.

Los mercados y los poderes económicos sometieron a la sociedad en su conjunto y a los gobiernos al shock que les debía permitir hacer las reformas que siempre habían soñado. Por eso, en los últimos años, ante los recortes podías escuchar a ciudadanos que los justificaban diciendo que no había más remedio, o gobernantes que hacían reformas, acosados por los mercados y ante una amenaza de rescate. Así consiguió la derecha económica europea imponer medidas que nunca hubieran imaginado. En España se reformó la Constitución para calmar a los mercados, algo que no ocurrió.

Sin lugar a dudas, los dirigentes del PSOE, el entonces Gobierno socialista, se vieron obligados a actuar de forma responsable, pero también apremiados por el contexto económico, político y social de la España del 2011, que hizo precipitar una reforma urgente de la Constitución. Con la perspectiva que da el tiempo, yo en su lugar seguramente también hubiera actuado de lo misma forma, con el objetivo de garantizar la autonomía financiera y política, evitando el rescate de España, cuyos efectos hubieran sido impredecibles.

Pero es razonable que una vez pasada la tormenta y con el mismo barco todavía navegando, dirigiéndolo hasta que llegue a puerto seguro, analicemos los posibles errores que pudimos cometer e introducir los cambios necesarios, sin que se nos caigan los anillos por reconocer que algunas cosas no las hicimos bien, y que ahora estamos a tiempo de rectificar.

Y eso es exactamente lo que ha hecho Pedro Sánchez, reconocer que nos equivocamos en las formas, dejando a su vez incompleta la reforma en el fondo. En cuanto a la primera de las lecciones que hemos aprendido, es la de que las reformas constitucionales deben ser sometidas a la consulta y aprobación de los ciudadanos. La segunda es prever, y no lo hicimos, que junto con la estabilidad presupuestaria, la Constitución debía incorporar el blindaje de la educación, sanidad y pensiones, que hacen que nuestro modelo sea envidiado en otras partes del planeta. En definitiva, debíamos garantizar en nuestro texto constitucional el gasto social.