artículo 135 constitución
Estimado señor Sánchez
Usted asegura que el derecho de autodeterminación o la realización de un referéndum para conocer democráticamente a qué atenernos respecto de la voluntad de la ciudadanía que compone un determinado territorio atenta contra España y contra la unidad constitucional de España, pero al mismo tiempo su partido lleva bastantes años proponiendo un Estado Federal.
El parto de los montes: nació el 20-D
¿Hay algún grupo político dispuesto a subvertir ese sistema de política de hechos consumados al dictado del FMI, el BCE y la Comisión Europea, sin incurrir en un mero brindis al sol? ¿No se convierte en persona antisistema todo aquel a quien le resulte inaceptable e insoportable este sistema cerrado de normas y condiciones que nos hace pasar por las horcas caudinas de una desigualdad creciente y una sistemática demolición de los derechos y las libertades del pueblo?
El 135, señor Sánchez, el 135
Mientras el artículo 135 consagre, mediante el eufemismo de estabilidad presupuestaria, que bajo ningún concepto el Estado podrá "incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros", los Presupuestos Generales y cualquier medida de gobierno estarán bajo la vigilancia de la Troika.
El 135 y la doctrina del 'shock'
Resulta curioso que lo que es un clamor en la calle, en las tertulias, en las charlas entre amigos o en familia, que es que España necesita de dirigentes políticos que incorporen nuevas maneras que demanda la ciudadanía, se convierte en críticas cuando estas actitudes son aplicadas por algún destacado dirigente.
Reformar la reforma
A mi juicio, el vicio más gravoso de la reforma del artículo 135 de la Cosntitución lo impuso la Disposición Adicional de la reforma, al mandatar la aprobación en una nueva Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del nuevo artículo 135: esa nueva ley orgánica la hizo ya el PP en el poder, y fue la que restableció el déficit cero, que en ningún caso figuraba en la reforma constitucional de 2011.