COGAM o la construcción de la igualdad

La igualdad, como la justicia, la libertad y el pluralismo político, es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Tanta importancia tiene que nuestra Constitución así lo reconoce desde su primer artículo, en su primer apartado.

Pero la igualdad, a diferencia de los demás principios o valores, que gozan de un contenido material propio, por más complejo que sea precisarlo en cada momento, está necesitada de un término de comparación: ¿Quiénes han de ser igual a quiénes o qué ha de ser igual a qué? Eso es lo primero que debemos aclarar. Aquí vamos a compartir una reflexión sobre una vieja reivindicación: la igualdad entre las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y las personas heterosexuales y cisexuales (no transexuales).

Como es de todos conocido, en nuestro país se han producido avances extraordinarios en este sentido en los últimos años. Por un lado, la promulgación en 2005 de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (también conocido como matrimonio igualitario), declarado constitucional en una sentencia de 2012 por el Tribunal Constitucional, y, por el otro, la aprobación en 2007 de la llamada ley de identidad de género, constituyen dos hitos fundamentales en la aún no terminada Historia de la Igualdad.

Sin embargo, pronto descubrimos algo que, en realidad, ya sabíamos: Que por más importante que sea el reconocimiento de la (práctica) igualdad legal o formal, eso, por sí solo, no garantiza la ausencia de discriminación de las personas que tienen una orientación sexual o identidad de género diferente a la mayoritaria. El gran reto, por tanto, está en convertir en igualdad real lo que todavía solo es igualdad legal.

Y es en este punto en dónde la pregunta por la estrategia que seguir resulta determinante, y, seguramente, también controvertida. Hay algo, sin embargo, que parece difícilmente cuestionable, dado que no es más que una obviedad. Si queremos conseguir que un día ser gay, lesbiana, transexual o bisexual tenga el mismo significado en el espacio público que ser heterosexual o cisexual, va a resultar imprescindible que la gran mayoría de la sociedad considere con absoluta indiferencia la cuestión relativa a la orientación sexual o identidad de género de una persona. Y eso no va a ser posible si hay alguna fuerza política de peso que no asume este planteamiento. Es decir, en la medida en que algún partido político que represente a una parte importante de la sociedad no interiorice esta visión de las cosas, va a resultar, si no imposible, sí muy dificultoso, avanzar con garantías hacia la consecución de ese objetivo último de la igualdad real.

Las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, y, en general, todas aquellas personas que tengan una orientación sexual o identidad de género distinta a la mayoritaria (personas LGTB+), precisamente por ser tales (personas), gozan de la misma dignidad que las personas heterosexuales y cisexuales. Es, en efecto, de esto de lo que hablamos: de la dignidad de la persona, y de los derechos inviolables que le son inherentes, y del libre desarrollo de su personalidad, que junto con el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social, como muy bien reconoce nuestra Constitución en su art. 10.1. Esa es la clave, insisto: es una cuestión de dignidad humana, y de derechos inviolables que corresponden a toda persona por el hecho de ser tal, con independencia de cualquier otra consideración, incluida, por supuesto, la atinente a su orientación sexual o identidad de género. Y como es una cuestión de dignidad y de derechos debe de dejar de ser una cuestión de política partidista. Me explico.

Hasta ahora, en la vieja lucha por los derechos de las personas LGTB+, las asociaciones y colectivos de nuestro país que la han protagonizado, sin renunciar a su imprescindible independencia, han ido muchas veces de la mano de aquellas fuerzas políticas que se han ido mostrando cada vez más favorables al reconocimiento de tales derechos. A nivel nacional, han sido el PSOE e IU, sin olvidar a la prácticamente desaparecida UPyD, las que han protagonizada esa batalla política y parlamentaria. A nadie se le oculta que la determinación del presidente Rodríguez Zapatero resultó decisiva para aprobar las dos leyes a que antes nos referíamos, contando para ello con el apoyo parlamentario de otras fuerzas políticas. Enfrente, se posicionó de manera frontal el Partido Popular, hasta el punto de que muchos de sus diputados recurrieron, sin éxito, ante el Tribunal Constitucional la mencionada ley del matrimonio igualitario. Es una historia bien conocida, que no debemos olvidar. Pero esa es la historia pasada. Y ahora lo que nos preguntamos es cómo escribir la que un día será la historia futura.

Pues bien, en este punto me parece esencial comenzar a extraer de la lucha partidista lo que, como se ha señalado ya, no es nada más, y nada menos, que una cuestión de dignidad humana y de derechos fundamentales. Dicho sin ambages: Creo que ha llegado el momento de que las asociaciones y colectivos LGTB+ apuesten decididamente por facilitar que en aquellos partidos políticos en los que esto no esté aún mayoritariamente asumido, comience a estarlo cada vez más. De manera más clara y explícita: Creo que hay que apoyar que en el Partido Popular adquieran cada vez más peso y relevancia aquellos responsables o líderes nacionales, autonómicos o locales, que apuestan claramente por la igualdad, sin excusas ni excepciones, de las personas LGTB+. Hacer eso va a significar un cambio de estrategia muy valiente que es posible que no sea, en un principio, bien entendido, pero me parece que es algo imprescindible para lograr que un día, en este país, la igualdad de las personas LGTB+ sea una realidad (no solo un deseo con apoyo legal).

El pasado fin de semana se dio un paso muy importante en este sentido. COGAM, el Colectivo LGTB+ de Madrid, entidad de referencia en este terreno en toda España, por haber estado tantas veces a la vanguardia de la lucha por la igualdad de derechos de todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género, celebró su IX Congreso, bajo el lema: "COGAM. 30 años reivindicando la igualdad". El acto inaugural del mismo tuvo lugar el viernes en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un lugar lleno de simbolismo para la comunidad LGTB+, dado que allí se encontraba la antigua Dirección General de Seguridad, la temida DGS, por cuyos calabazos, no hace mucho tiempo, pasaron tantos disidentes políticos, pero también no pocas personas homosexuales, transexuales y bisexuales, por el simple hecho de ser como eran.

Pues bien, a esa inauguración acudieron, entre otros muchos representantes políticos, sindicales, sociales, etc., el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, cubriendo la ausencia de última hora de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la Alcaldesa de Madrid. También asistieron los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios que integran la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Todos ellos pronunciaron emotivas palabras de apoyo y reconocimiento a la inmensa labor desempeñada por COGAM durante estos últimos treinta años, en su lucha a favor de la dignidad de las personas LGTB+. Fue, sin duda, un acto lleno de simbolismo y emoción. Pero también fue un acto que marca un camino a seguir, al dejar claro un mensaje lleno de fuerza: Que la igualdad de todas las personas, al margen de cuál sea su orientación sexual o identidad de género, es una cuestión de derechos y dignidad, y que precisamente por eso hay que conseguir que todas las fuerzas políticas se sumen al logro de ese incuestionable fin. COGAM, una vez más, ha señalado el camino. Ahora hay que recorrerlo, por más obstáculos que tenga, con convicción y determinación. La igualdad real se lo merece.

Antonio Arroyo Gil ha recibido Premio Pedro Zerolo a la Trayectoria 2015, concedido por COGAM.