Cuándo se jodió la política y se judicializó la cosa

Una de las frases más recurrentes en el campo separatista, y en el excéntricamente garantista, es la de que "esto no tenía que haber llegado aquí" (al banquillo de los acusados del Tribunal Supremo) y la sinónima espiritualmente hablando de que "el Estado nunca se debió de abandonar la vía política".

Las dos afirmaciones, a pesar de su aparente obviedad, tienen trampa. Son como los garbanzos que los trileros esconden en un vaso opaco que mueven velozmente para engañar los ojos de los incautos. "Ninguno de nosotros ha cometido delito alguno. Somos presos políticos porque lo que se condenan son nuestras ideas", viene a ser el resumen argumental de las defensas de los doce procesados por poner en marcha un proceso ilegal de ruptura de la unidad nacional.

"¿Por qué estamos aquí...?". Hay un dato que puede dar alguna pista: hay millones de separatistas catalanes, más o menos, que no lo están, que no han sido imputados ni acusados de lanzar un misil contra la línea de flotación de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía sin respetar las vías legales para dar ese paso.

Y nadie ha ido contra toda esta gente porque en ningún país democrático se condenan las ideas que no hayan salido, claro está, del área del pensamiento y de la filosofía. La Fiscalía interviene, y los tribunales funcionan, en el momento en que se pasa de la teoría a la acción. Un conductor puede pensar en atropellar a un peatón que está haciendo el payaso en un paso de cebra, y no le pasa nada. Pero la Guardia Civil interviene en cuanto ese individuo intenta pasarle el coche por encima a alguien.

¿Quién impidió el debate en la vía política? Los que la abandonaron y eligieron, contra las advertencias de muchos soberanistas, la DUI, o Declaración Unilateral de Independencia, y destruyeron todos los puentes del diálogo en su loco avance hacia el precipicio.

Dice un aforismo jurídico que "a confesión de parte, ausencia de pruebas", aunque el derecho no se nutra de los proverbios y refranes. Pero hay una primera evidencia constatable en todo esto que está ocurriendo en España: si fuera tan fácil y elemental como argumentan los secesionistas, no sería un hecho inédito e insólito en Europa, donde ninguna Constitución reconoce el llamado derecho de autodeterminación, y ni con él o sin él permite la voladura del sistema mediante la ruptura de las reglas del juego.

Los mejores testigos son las páginas de los periódicos y las ampulosas declaraciones, revestidas de la solemnidad que suelen utilizar los nacionalismos provincianos para distinguirse de los demás pueblos en sus pompas y sus mitos. Los medios de comunicación, y las redes sociales, son los mejores notarios de lo que, en lenguaje actual, puede considerarse técnicamente como un golpe de Estado.

Las palabras se adaptan al uso que se les dé en cada tiempo. La RAE da constantes pruebas de su adaptación a las modas del lenguaje, sean por mal uso de él, o por la generalización de términos importados, como esa estupidez barroca de algunos periodistas de equiparar 'cuestionar' a 'preguntar', perversión que probablemente tuvo su arranque en una mala traducción del inglés.

Hoy los objetivos de un golpe de Estado clásico son prácticamente imposibles de conseguir sacando los tanques a la calle y calando bayonetas las tropas. Las 'primaveras' en oleada enseñaron que las nuevas armas de la insurrección están en Internet: son las redes sociales, la rebelión pacífica, llevando el significado de este término hasta su caricatura, sobre todo si se cuenta con una policía y una Administración al servicio de las ideas de quien les paga y no de las leyes, y, haciendo pareja de hecho con los smartphones, teléfonos inteligentes que a veces parecen tener más inteligencia que los cerebros colindantes.

Sí, en la actualidad distintos movimientos contra regímenes autoritarios han tenido éxito mediante 'rebeliones pacíficas'.

Cuando las rebeliones pacíficas –que lo son, pero que siempre tienen un cierto grado de violencia, sea destrozando mobiliario urbano, vehículos, desobedeciendo a las fuerzas del orden o celebrando a la fuerza actos prohibidos- tienen una motivación y una gestión que las sitúa fuera de la Ley, como la 'rebelión' de los chalecos amarillos contra Macron, el gobierno puede combinar dos contramedidas: los porrazos y el procesamiento, y el diálogo social.

Las intenciones tramposas de los soberanistas quedaron claramente expresadas en aquella frase de Artur Mas cuando encendió la mecha del procés (proceso) y dijo que había que ser "astutos". Y como en ese instante advirtieron algunos analistas, la astucia siempre conlleva un alto grado de riesgo, porque la astucia suele ser compañera y cómplice necesaria del engaño.

La astucia también aconsejó a Artur Mas dejarle la peligrosa tarea a un desconocido –para el resto de los españoles y de la mayor parte de los catalanes- Carles Puigdemont, que aunque no tuviera inteligencia sí tuvo olfato: huyó escondido en el portamaletas de un automóvil cuando fracasó el 'pronunciamiento' y empezó el 'procesamiento' consecuencia del procés. Huido en Bélgica, y puesto en libertad en Alemania, donde un tribunal regional no observó una identificación plena entre los delitos según el Código Español y los comportamientos iguales en el Código alemán, creó la novedosa figura del 'presidente representante', cargo que recayó en un hombre anodino y sin personalidad: Quim Torra.

A pesar de que puede decirse que "hechos publicados, hechos probados", la justicia no puede prescindir de la vista pública y de la aplicación de las garantías procesales constitucionales. El mejor relato de la acusación son los vídeos y las grabaciones de las televisiones y radios públicas de la Generalitat. Ellas recogen, minuciosamente, con todo detalle y la mayor solemnidad de los hechos históricos que escribirán nuevas páginas del libro de mitos y leyendas, el cronograma 'golpista'.

Allí está la prueba de que el gobierno y el parlamento autonómico se situaron fuera de la ley; conspiraron contra el orden autonómico y constitucional; intentaron llevar a cabo con una legislación ex profeso una 'desconexión' de España; burlaron las advertencias del Tribunal Constitucional y del Gobierno de la Nación... que, in extremis' pero muy extremis, se vio obligado a activar el artículo 155 de la Constitución.

Por eso las razones que dan las defensas, y los defendidos, para justificar la improcedencia de juicio alguno, cae por la ley de la gravedad, y si esta no existiera, caería, como recordaba Fraga, por su propio peso. Los constituyentes que elaboraron la Constitución en 1978 contemplaron el artículo 155 precisamente para situaciones en las que una determinada comunidad autónoma hiciera lo que hizo la Generalitat: ir contra la Constitución. Esta previsión, tan elemental que fue aprobada casi sin debate, estaba copiada de una casi idéntica de la Ley Fundamental de la RFA (ahora simplemente Alemania).

Por lo tanto, la propia Constitución – con este y otros artículos más o menos conexos- ya señalaba unos límites muy precisos que no se podían traspasar bajo ningún concepto.

Con lo cual, decir que los que diseñaron, dirigieron y ejecutaron la Declaración Unilateral de Independencia, la rimbombante proclamación de la República Catalana y las leyes de 'desconexión', etcétera, no han cometido ningún delito es una desvergonzada falsedad. Y además, es la 'causa de la causa del mal causado', como dice otro enrevesado dicho jurídico: el descarrilamiento de la vía política. La tripulación de ese tren, como si fueran los hermanos Marx pero en versión bruta, echaron tanta madera en el horno, que el horno estalló.

Y se vieron perseguidos por la justicia, como otros tantos que también sostienen que son inocentes – Rato, por ejemplo, o Villarejo, que ya es tener cara- porque solo dejaron abierta la generosa puerta de los juzgados; generosa, porque a nadie se le niega su entrada.

Eso sí, Europa nos contempla asombrada, como es lógico. No entienden cómo unas autoridades que son Estado han engañado al Estado tanto y tantísimo tiempo... cuando se les explica y se les demuestra que hoy España es un Estado federal aunque al federalismo se le llame autonomismo.

Tengamos el juicio en paz; que además ha desnudado al 'trío de la benzina', ése que aseguró más allá de toda duda que el malvado Sánchez había pactado con los separatistas la autodeterminación y un relator 'internacional' a cambio de los Presupuestos y de dar instrucciones a la Fiscalía, que está actuando con la mayor independencia.

Preparados... que quedan curvas.