Una oportunidad para los jóvenes

Pese a la urgencia con la que se debería actuar para frenar el gravísimo problema que representa el desempleo juvenil, la burocracia de la Unión Europea y la pasividad de los Estados en la elaboración de sus planes podrían ralentizar la transferencia de 1.800 millones de euros asignados a España para 2014 y 2015. En la cumbre que se celebró en París, en la que los jefes de Gobierno y de Estado evaluaron las políticas encaminadas a luchar contra el paro juvenil, el presidente Mariano Rajoy trató de restar importancia al rotundo fracaso de la cita anunciando que dará un paso al frente y no esperará a la decisión de Bruselas para comenzar a ejecutar la partida que nos corresponde.

Sin embargo, no deja de ser un gesto insuficiente ya que su Gobierno no ha definido un plan de actuación coordinado con todas las Comunidades Autónomas ni tampoco se sabe si España aplicará una estrategia en la que se garantice a los jóvenes el acceso a una de las tres opciones que exigen las autoridades comunitarias a los Estados miembros: la continuidad de su formación, el acceso a un contrato en prácticas o facilitar su acceso al mercado laboral.

Rajoy aseguró a sus homólogos que presentará en diciembre su plan de acción para reducir el 56,5% de la tasa de desempleo juvenil. Un plan que desconocen las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia, y que, según él, se centrará en la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social y la rebaja de impuestos. Una propuesta coja con la que no cubre los tres pilares que reclama la Unión Europea para dar cobertura a todas las casuísticas que se plantean entre los jóvenes que carecen de empleo.

El plan sigue en el aire, pese a que el presidente haya tratado de sacar pecho en París, y el primer paso que debe acometer es citar a las Comunidades Autónomas para conocer sus propuestas y decidir entre todas las partes cómo se distribuirán los fondos entre los territorios. España pidió a Europa un trato especial por su elevada tasa de desempleo juvenil y lo lógico es que aplique la misma regla en nuestro país para prestar el mismo trato diferenciado a aquellas Comunidades más castigadas por el paro juvenil.

Es cierto que no existen soluciones mágicas, pero es una obviedad que si la estrategia de España pivota exclusivamente sobre las dos iniciativas anunciadas por el presidente, sus medidas sólo beneficiarán a aquellos territorios en los que existe más dinamismo y dejarán a la intemperie a aquellos con menor capacidad para generar empleo y sin soluciones concretas para aquellos jóvenes que necesitan mejorar su formación o para quienes buscan sumar experiencia una vez concluidos sus estudios.

El presidente tampoco plantea alternativas para el drama del desempleo juvenil que más duele: 456.926 jóvenes parados menores de 30 años inscritos en los servicios públicos de empleo (en marzo de 2013) ni siquiera han acabado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Y lo que es todavía más estremecedor: 77.816 jóvenes menores de 30 años no tenían estudios o no habían terminado siquiera los estudios primarios. En total, casi 535.000 jóvenes en paro cuyas probabilidades de encontrar empleo son extremadamente difíciles y que, en la mayoría de los casos, abandonaron los estudios para incorporarse al mercado creado en torno a la burbuja inmobiliaria.

España tiene, ante todo, un gravísimo problema de formación de jóvenes sin empleo que convive con la falta de experiencia laboral de los jóvenes con titulación. Dos grupos que reclaman una nueva oportunidad para mejorar su formación y favorecer su entrada en el mercado a través de la realización de prácticas.

Ha llegado la hora de tomar decisiones políticas inteligentes que contribuyan a corregir el desajuste que existe entre el tipo de formación que reclama la economía y los estudios que se ofertan en la Formación Profesional. O, por ejemplo, e incluso más importante, que la FP sirva para ofrecer una nueva oportunidad a aquellas personas sin empleo que ansían retornar al sistema educativo para ser más competitivos.

El informe presentado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es inequívoco a este respecto: "España tiene que incrementar el porcentaje de jóvenes con formación profesional de grado medio como instrumento para luchar contra el creciente desempleo juvenil". Una reforma en la que, a mi juicio, se debe apostar, como refleja un estudio de la Fundación la Caixa, "por un buen sistema de formación profesional para que las empresas dispongan de trabajadores cualificados que permitan su supervivencia y progreso en un entorno cada vez más competitivo y global. Un entorno, además, cambiante y en el que elementos como el conocimiento, la tecnología o la innovación son fundamentales y exigen una formación inicial especializada y, a la vez, una alta capacidad de aprendizaje que permita extender esa formación a lo largo de toda la vida".

Sé que las soluciones que existen para afrontar con éxito un plan de tanta envergadura son limitadas, pero también creo que no podemos seguir cometiendo los mismos errores aplicando soluciones cortoplacistas para obtener resultados inmediatos y volver a caer en el mismo abismo una vez desaparezcan las ayudas comunitarias. El plan que ahora nos corresponde ejecutar debe contribuir a paliar varios de los problemas fundamentales: la falta de formación, el poco peso específico que tiene la FP y el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de los contratos en práctica. En caso contrario, si el Gobierno solo actúa en una de las tres vertientes que propone la UE, sólo se conseguirá maquillar las cifras y el problema seguirá estando presente con la misma intensidad que ahora.

El futuro a corto y medio plazo depende de las decisiones que adopte el Gobierno y, cuando menos, debería afrontarlo junto a las Comunidades Autónomas para intentar ofrecer respuestas más realistas y eficaces para combatir las diferentes aristas de una tragedia que ha sumido en un profundo pesimismo a toda una generación.