Palabra de acusado: así se han defendido en el juicio del procés

Han sido siete sesiones durante tres semanas en las que ha habido de todo en el juicio del procés. Momentos de alta tensión, frases que quedarán para la posteridad e incluso algún momento distendido en la sala a pesar de las altas penas que se piden para los acusados.

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Después de más de un año apartados de la vida política, los 12 acusados por el intento de secesión de octubre de 2017 han tenido la posibilidad de decir la suya ante el Tribunal Supremo. Algunos han optado por una defensa claramente política y ni siquiera han respondido a las preguntas de la acusación. Otros han añadido a sus alegatos un intento de desmontar las preguntas de la Fiscalía mientras que un tercer grupo ha centrado su defensa estrictamente en intentar demostrar su inocencia.

La manifestación del 20 de septiembre ante la Consellería de Economía, la financiación y organización del referéndum, la jornada del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia en el Parlament han sido los principales elementos de confrontación entre la Fiscalía y los acusados. Desgranamos las diversas posiciones que ha habido respecto a estos temas.

La existencia de violencia es determinante para probar un supuesto delito de rebelión. La Fiscalía ha tratado durante estos días de demostrar que en Cataluña hubo violencia en dos días determinados: la manifestación del 20 de septiembre alrededor de la Consellería de Economía y el 1 de octubre, cuando miles de ciudadanos se concentraron alrededor de los colegios electorales para impedir que la policía los clausurara.

La mayoría de los acusados ha insistido en el carácter pacífico de las movilizaciones independentistas de los últimos años y ha tratado de desprestigiar el relato del Ministerio Público. Jordi Turull ha calificado de "delirante" y Joaquim Forn de "peliculera" la versión de la Fiscalía sobre lo que ocurrió el 20 de septiembre. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, los organizadores de esa manifestación, han mostrado vídeos en los que se muestra que desconvocaron la manifestación e insistieron a los manifestantes que evitaran la violencia y aislaran a quien actuara indebidamente.

Todos los acusados han señalado en la misma dirección: la única violencia que hubo en otoño de 2017 en Cataluña fue la que ejerció la Guardia Civil y la Policía Nacional contra los votantes en los colegios. Carles Mundó rechazó referirse a estos hechos al estar únicamente imputado por malversación y desobediencia.

¿Se impidió a la Guardia Civil llevar a cabo el registro en la Consellería de Economía? Gran parte del tiempo de los interrogatorios se ha dedicado a esta cuestión. Los acusados consideran que la manifestación que se convocó no impidió a la Guardia Civil llevar a cabo el registro mientras que la Fiscalía ha dibujado una turba enfurecida que intentaba acceder al edificio y bloqueó la salida de los agentes.

Carme Forcadell ha explicado que nadie trataba de entrar a la Consellería porque ella pudo llegar hasta la puerta sin ninguna dificultad. "Manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un tumulto", ha añadido Raül Romeva al respecto. Rull lo ha enmarcado dentro de las "expresiones normales" de un Estado de derecho y ha condenado cualquier "incidente puntual" que pudiera haber.

Sànchez ha admitido que no esperaban tanta gente en la concentración y que hubo "momentos de tensión" y "abucheos a la policía", pero que el "ambiente mayoritario" era "pacífico y festivo". El expresidente de la ANC ha recordado que no hubo ningún intento de asalto a la Consellería y que entidades como UGT y CC.OO también secundaron esa manifestación. Sobre la icónica imagen de Cuixart y Sànchez subidos al coche de la Guardia Civil, Sànchez ha afirmado que contaba con el permiso del teniente responsable del operativo. "Suba, suba", ha asegurado que le dijo.

Todos los acusados han afirmado que no se destinó ni un solo euro público para el referéndum del 1 de octubre. "A los contribuyentes no les costó nada el referéndum", ha sostenido Oriol Junqueras. Turull ha afirmado que las campañas televisivas en TV3 "salieron gratis" y ha asegurado "desconocer" cómo se hizo el censo universal para que los ciudadanos pudieran votar en cualquier colegio durante el 1-O. "No encontrará ninguna factura con el pago de algún tipo de gastos vinculado al referéndum porque no se produjo", ha retado Rull a la Fiscalía. "Además, las finanzas estaban controladas por el Estado", ha añadido, refiriéndose a la intervención de las cuentas de la Generalitat llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 2017. Santi Vila, alejado políticamente del resto de acusados, también ha afirmado que Carles Puigdemont le "garantizó" que no se usaría dinero público.

Si el Govern no gastó ni un euro en papeletas, urnas ni publicidad... ¿quién pagó el referéndum? "Se sufragó con dinero privado, pero no sé de quién", ha admitido Carles Mundó. Los diversos consellers han asegurado desconocer de dónde salían las urnas. Jordi Turull incluso ha sostenido que la primera vez que las vio fue dos días antes del referéndum, cuando las mostraron a los periodistas en un acto junto a Romeva y Junqueras. Rull tampoco sabía de dónde saldrían, pero ha declarado al Tribunal que "tenía la plena convicción de que aparecerían" porque "la fuerza de la esperanza es extraordinaria".

¿Qué papel jugó el Govern en el 1 de octubre tras su prohibición por el Tribunal Constitucional? Las respuestas de los acusados han diferido sobremanera en función de las aspiraciones políticas que tiene cada uno.

El sector más duro del independentismo –Junqueras, Romeva, Rull, Turull– parece haber asumido el delito de desobediencia y ha sacado pecho de la convocatoria. Han tratado de justificarla asegurando que convocar un referéndum no está tipificado en el Código Penal y que, además, era la voluntad del "80% de los catalanes".

Mundó, Bassa, Vila y Borràs, en cambio, han intentado desligarse de la organización de la votación y han afirmado que dejaron de promoverlo una vez llegó la prohibición del Constitucional. "A partir de la resolución que suspendía la ley del referéndum no hicimos ningún paso ni gasto, ya avisamos que el Govern no podía materializar nada", ha declarado Bassa. Vila ha sostenido que no fue un referéndum sino una "gran movilización política".

Más difícil lo ha tenido Forn, que en ese momento era responsable de los Mossos y en la actualidad es candidato independentista a la alcaldía de Barcelona. El exconseller de Interior se ha desligado del operativo policial y ha negado haber dado "instrucciones políticas" a los Mossos d'Esquadra, pero ha insistido en su "compromiso político" con el referéndum. Se ha escudado en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que emplazaba a los Mossos a actuar "sin alterar la convivencia ciudadana" y ha señalado que los Mossos cerraron 396 colegios electorales ese día por los 106 que clausuraron Guardia Civil y Policía Nacional.

La declaración de independencia del 27 de octubre fue un fake que no se publicó en los diarios oficiales: ni el de la Generalitat ni el del Parlament. Esto es lo que se desprende de las respuestas de los acusados sobre ese día, en el que también se activó la suspensión de la autonomía de Cataluña.

Forcadell y Borràs han señalado que era una "declaración política sin consecuencias jurídicas" y Forn ha recordado que "no hubo ningún acto de resistencia" para implementar lo que se había aprobado en la Cámara catalana. "El 27 de octubre se leyó la declaración de independencia, pero sólo se votaron las propuestas de resolución, que son meras declaraciones políticas", ha añadido Bassa.

Turull también ha respondido en términos similares y ha tildado la declaración de "expresión de voluntad política" que encajaba con el "sentir mayoritario del pueblo catalán". Para Rull también fue una declaración "importante y solemne" aunque, según él, no indicaba "una voluntad política".