Colombia incauta 262.000 euros al 'número dos' del caso Lezo

Edmundo Rodríguez Sobrino, el exconsejero del diario La Razón y supuesto testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la llamada Operación Lezo, guardaba en Barranquilla (Colombia) al menos de 262.000 euros en metálico, una cantidad que ha sido incautada por la fiscalía de ese país sudamericano. La foto que la propia Fiscalía ha difundido en Twitter, con los tacos de euros encima de una cama es, hasta ahora, el mejor resumen gráfico de la explotación que se hizo de la empresa de aguas del Canal de Isabel II.

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Rodríguez Sobrino, presidente de la sociedad colombiana Inassa, filial del Canal, guardaba el dinero ahora localizado en una caja fuerte ubicada en un apartamento de Barranquilla, al norte del país americano. La vivienda llevaba desocupada unos dos meses -a Ignacio González lo detuvieron el pasado 19 de abril-. La entrada en la casa se produjo el miércoles pasado, esto es, tres semanas después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se reuniera en Madrid con su homólogo colombiano, Néstor Humberto Martínez.

LIBERTAD DENEGADA

La noticia se ha conocido el mismo día en que la Audiencia Nacional ha denegado la puesta en libertad de Rodríguez Sobrino por la trama madrileña, al entender que persiste aún el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La sección cuarta de lo Penal rechaza así en un auto el recurso que interpuso Sobrino contra su ingreso en prisión el 21 de abril, al igual que ya ha hecho con respecto a la prisión provisional del González y de su hermano, Pablo González.

En su recurso, su defensa aseguraba que si hubiera querido huir lo habría hecho antes de ser arrestado, dados sus frecuentes viajes y "la información facilitada acerca desde que hace un tiempo sabía que era objeto de investigación", aunque no especifica quién le dijo que efectivamente estaba bajo sospecha.

"Si hubiera querido ya se habría marchado de España y refugiado en otro país, lo que no ha hecho ni hará", insistía su abogado. Invocaba además el arraigo familiar como prueba de que no tenía intención de fugarse, alegando que dirige un despacho de abogados en Madrid, donde convive con su esposa, atiende a su madre de 92 años y además va a ser próximamente abuelo.

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La Sala, sin embargo, considera que persiste el riesgo de fuga por sus contactos y cree que el "indudable arraigo personal y familiar" no es suficiente para "evitar los relevantes riesgos de sustracción a la acción de los tribunales".

La defensa alegaba además que el hasta ahora juez del caso Lezo, Eloy Velasco, tenía "un claro prejuicio acusatorio" contra él y que su auto de prisión se basaba "en meras presunciones huérfanas de suficiente sustento, ineficaces para construir una imputación sólida". A este respecto la Sala, tilda de "cabal y ponderada" la medida adoptada por Velasco y señala que aparecen "graves indicios" de su posible participación "en conductas que pudieran constituir múltiples delitos", "un panorama totalmente opuesto al descrito" en su recurso de apelación.

POR QUÉ SE LE PERSIGUE

Los magistrados recuerdan que a Rodríguez Sobrino se le sitúa "en la dirección de una operativa defraudadora de los intereses de la Administración de Madrid" mientras fue presidente de la sociedad colombiana Inassa, participada mayoritariamente por Canal Extensia, filial del Canal de Isabel II.

Según la investigación, colaboró en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio "con el fin de desviar a fines privados los fondos públicos utilizados en un adquisición" por 20 millones de dólares. Eso le llevó a adoptar, "conductas subrepticias que llevaron a colocar el importe de la compra, por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil".

Se ha determinado "la existencia de un extenso patrimonio" a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios "de aquellos anómalos negocios".