El expresidente de Perú está en busca y captura por recibir sobornos millonarios
El expresidente de Perú Alejandro Toledo se encuentra desde este viernes en busca y captura por orden de un juez de su país, ante las sospechas de que recibió 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
A Toledo, que se encuentra fuera de Perú, la Fiscalía le imputa los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en la concesión de la Carretera Interoceánica del Sur. Los sobornos fueron depositados en un entramado de empresas offshore.
El Ministerio del Interior va a enviar una alerta roja a los 190 países que integran la Interpol, y ha advertido de que incluirá a Toledo en la lista de los prófugos más buscados del país, por los que se ofrece una recompensa a cambio de ayudar en su captura.
La orden ha sido dictada por el juez Richard Concepción a petición del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien está a cargo de la investigación. "No es un ciudadano cualquiera. Fue presidente de la República y, valiéndose de la más alta investidura del país, habría hecho todos estos actos corruptos para enriquecerse ilícitamente", ha acusado el juez.
Los delitos imputados están penados con al menos cuatro años de prisión, aunque Toledo, de momento, ingresará solo 18 meses de manera preliminar. La orden de captura se ha dictado, según Concepción, porque el expresidente "no tiene arraigo en el Perú", ya que su residencia habitual está en EEUU, donde ejerce como investigador de la Universidad de Stanford.
SU ABOGADO TAMBIÉN ESTÁ INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN
El juez ha rechazado la solicitud del abogado de Toledo, el excongresista Heriberto Benítez, para un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado o un arresto domiciliario mientras dure la investigación. Benítez, vinculado a dos redes de corrupción, presentará un recurso de apelación por considerar que el fallo viola los derechos fundamentales de su defendido.
A la salida de la audiencia, el letrado ha sugerido a Toledo no regresar a Perú hasta que no se resuelva su apelación porque cree que no existen las garantías procesales suficientes. El abogado del expresidente ha calificado la resolución de "vengativa" y ha anticipado que recurrirá al Tribunal Constitucional o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el fiscal Castro, Odebrecht y Toledo acordaron un pago de 20 millones de dólares en favor del mandatario si el empresario conseguía la concesión de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del Pacífico hasta la frontera con Brasil.
Toledo se encargó de que los plazos no se alargaran y de modificar las cláusulas para impedir o dificultar la participación de otras empresas en el concurso, adjudicado por 1.184 millones de dólares y con un coste final de 2.346 millones de dólares, según el tribunal de cuentas.
LA FISCALÍA SÓLO TIENE IDENTIFICADOS 9 DE LOS 20 MILLONES
De los 20 millones, la Fiscalía tiene identificados unos nueve, pagados entre 2006 y 2010 en cuentas de empresas offshore de Josef Maiman, empresario peruano-israelí e íntimo amigo de Toledo, que sería el testaferro del presidente.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014. Ese período comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
El expresidente está investigado desde 2013 por un presunto delito de blanqueo en Perú a raíz de las millonarias compras inmobiliarias hechas en el país por su suegra, Eva Fernenbug, con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por Maiman.
La Fiscalía de Costa Rica ha congelado este miércoles por un período de un año una cuenta de la empresa Ecostate en el Banco Santander cuyo saldo es de 6,5 millones de dólares, según ha informado el Poder Judicial de Perú.
