El puente aéreo de Sáenz de Santamaría
Hace diez años era normal ver salir casi de madrugada del Congreso de los Diputados a Soraya Sáenz de Santamaría. Cargada de carpetas, escritos, borradores. En su cabeza tenía toda la arquitectura institucional y era pieza clave del PP en las negociaciones de los estatutos de autonomía de segunda generación. Hasta sus adversarios políticos reconocían que impactaba cómo se sabía de memoria artículos, disposiciones y decretos.
Y es que la vida política de esta abogada de Estado ha estado marcada por la organización territorial de España. Aquella joven asesora vallisoletana de Mariano Rajoy dio precisamente su gran salto a la primera línea política cuando ejerció como secretaria de Política Autonómica y Local del PP, entre 2004 y 2008. En aquellos años fue ponente de los nuevos estatutos de Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León.
Siempre en su vida se cruza Cataluña. Fue una de las caras del ‘no’ al Estatut, presentó junto a Federico Trillo el recurso ante el Tribunal Constitucional, ha diseñado la respuesta judicial al desafío independentista junto a su brigada Aranzadi… y ahora tiene el mayor encargo del presidente: restablecer el diálogo e intentar encauzar la situación.
SANTAMARÍA VENDE "DIÁLOGO" Y "PRESENCIA AMABLE"
Desde que asumiera en el nuevo Gobierno también el Ministerio de Administraciones Territoriales, Sáenz de Santamaría se ha convertido en la persona fuerte de Moncloa en Cataluña. Esta semana ha empezado a desplegar con fuerza su agenda en la capital catalana, con reuniones con el delegado del Gobierno, Enric Millo, y los líderes en el Parlament del PSC, Miquel Iceta, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
La intención de Santamaría pasa no solo por encuentros con políticos, sino que quiere tener una amplia red de contactos en toda Cataluña en la que estén presentes empresarios y representantes de distintos ámbitos sociales de la autonomía. Y está trasladando a todos su intención de “diálogo” y de recuperar una mejor imagen del Estado, según fuentes conocedoras de las reuniones.
Una estrategia que se diseña desde La Moncloa y en la que participan el nuevo secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y el de Relaciones con las Cortes, el catalán José Luis Ayllón. Además, existe conexión con el también catalán Jorge Moragas, que ejerce como jefe de gabinete de Rajoy.
La orden dada por el presidente a su equipo más cercano y a los ministros es mayor proximidad y sensibilidad con los temas catalanes tras una durísima legislatura de choque entre Moncloa y el Govern. En estas dos instituciones ya se trabaja para preparar futuros encuentros entre Rajoy y Carles Puigdemont y Santamaría y Oriol Junqueras.
La vicepresidenta ya ha mantenido encuentros privados en la capital catalana, como con el propio Puigdemont. Sáenz de Santamaría quiso mostrar de manera discreta y de forma exploratoria la intención de iniciar una nueva época de diálogo y aprovechó un traslado a Barcelona el pasado 17 de noviembre con motivo de la entrega de medallas de Fomento del Trabajo. El Gobierno está lanzando el mensaje de que está estudiando detenidamente las 46 medidas solicitadas por Puigdemont a Rajoy el pasado mes de abril.
LE PIDEN "HECHOS" Y QUE SE DÉ "PRISA"
En sus encuentros en Barcelona, según fuentes que se han reunido con la vicepresidenta consultadas por El Huffington Post, Santamaría está trasladando a sus interlocutores que va a “estar muy encima” de los temas catalanes y que, “además de diálogo, quiere recuperar la presencia amable del Estado” en esta autonomía. Las primeras impresiones es que hay “un cambio de actitud”.
Los interlocutores, según las fuentes, han visto a una Santamaría, con “ganas”. ¿Y qué se ha encontrado? Algunas de las personas que se han entrevistado con ella le han pedido “hechos” y que sean “impactantes” para demostrar que no son solo palabras.
También algunas personalidades catalanas le han hecho llegar el mensaje de que esta operación de diálogo “llega tarde”, por lo que se tiene que “dar mucha prisa” en sus decisiones. Además, le están trasladando reivindicaciones para resolver la situación. Muchos coinciden en la necesidad de más inversiones, de potenciar el Corredor Mediterráneo, de mejorar el sistema de financiación y de ayudar en la mejora de Cercanías. Ella siempre “toma notas” literalmente durante los encuentros, apuntan las fuentes. Otro de los problemas que se plantea en Barcelona es que se ha judicializado en exceso la respuesta durante años, algo difícil de resolver al estar ya en los tribunales personalidades como Artur Mas, Irene Rigau, Carme Forcadell, Joana Ortega y Francesc Homs.
Lo que también está repitiendo en estos encuentros Santamaría es que el referéndum es “ilegal” y que no se hará, comentan las fuentes.
EL PP CATALÁN VE CON BUENOS OJOS EL CAMBIO
En el PP catalán lo han pasando “mal durante estos años”, confiesan fuentes del PPC, que explican que se ve con buenos ojos la nueva estrategia personificada en las figuras de Sáenz de Santamaría y Enric Millo -un rostro más amable que el de la anterior delegada, María de Llanos de Luna-. La propia vicepresidenta dijo del nuevo delegado que será sus “ojos, oídos, mano derecha y mano izquierda" en Cataluña. Y la ‘número dos’ del Gobierno tendrá hasta despacho en la Delegación del Gobierno en Barcelona.
Los populares catalanes niegan que antes el Gobierno no quisiera diálogo, pero celebran que ahora se muestre más “claramente”. Y entienden, según las fuentes, que este giro puede ayudar a hacer frente a unos nacionalistas que “viven de ese mito de España cerrada y negra, con un Ejecutivo que odia a Cataluña”. Pese a la discrepancia sobre el referéndum, el PP cree que es hora también de evidenciar que el Gobierno quiere hablar de muchos otros temas y de tomar la “iniciativa”.
Además, el PP catalán entiende que Sáenz de Santamaría tiene la misión de volver a intentar restablecer los cauces de confianza entre las administraciones, que se han destruido durante esos años. Esto debe llegar incluso a “sintonías personales” entre dirigentes. En el PP dicen era muy difícil avanzar porque era tan mala la relación que hasta al plantearse ceder competencias existía la sensación de que "la Generalitat te va a apuñalar".
En este sentido, en La Moncloa quieren mostrar esa intención de diálogo y que sea la Generalitat de Cataluña la que diga si quiere cooperar o no. Es decir, contraponer el intento de cooperación con las decisiones unilaterales de Puigdemont. Así están reaccionando desde que este jueves se conociera la convocatoria de una cumbre por el referéndum el próximo 23 de diciembre, una condición impuesta por la CUP y que tendrá lugar un día después de la aprobación de los presupuestos autonómicos.
Los dirigentes del PP catalán también han pedido al Gobierno que los contactos no solo se hagan con los políticos, sino también con representantes del mundo económico, la sociedad civil y la cultura. Los populares catalanes llevan tiempo mostrando su preocupación a sus compañeros de Madrid de que “ha calado” la visión “subjetiva” de que “España maltrata a Cataluña”. Por lo tanto, creen que es un tema que hay que tratar asimismo “con actitud, imágenes y gestos”.
Y otra idea que repiten en el PP catalán es que todo ha cambiado y nadie puede pensar que eso se arregla pactando “con las élites convergentes, que ya no existen”. “Hay mucha gente en Cataluña que piensa que se trata de una cuestión de dignidad y de democracia. Esto no es lo de siempre, es mucho más complejo”, reflexionan populares catalanes.
Por eso, sostienen que el Gobierno debe explicar bien lo que ha hecho. Muchos sectores, indican, han podido salir adelante durante la crisis gracias al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del Ministerio de Hacienda, pero “la Generalitat se ha puesto la medalla”. Es decir, comentan, era necesaria “otro tipo de interlocución”.
Tiene mucho trabajo por delante Santamaría en Cataluña, donde debe ganarse también a algunos sectores del partido con los que mantiene diferencias ideológicas. El encaje de esta comunidad es su gran reto. Y afectará incluso a la carrera de sucesión de Rajoy. La hora de convertir los artículos y decretos en política.
