Los nuevos partidos ponen los motores económicos en revisión

En pleno proceso de despegue económico, se reclama respeto a los contratos firmados, estabilidad jurídica y planificación a largo plazo desde algunos de los sectores con peso en el PIB español, como el turismo, la obra pública o el negocio inmobiliario. Su devenir está íntimamente ligado a decisiones tomadas en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Control al inmobiliario

El mercado inmobiliario tiene en el aire grandes operaciones e impulsos a la edificación como es la megaampliación Distrito Castellana Norte, en Madrid. La fuerza emergente Ahora Madrid, con la que Manuela Carmena apunta al Gobierno de la capital, apuesta por paralizar el proyecto, que incluye la construcción de 17.000 viviendas además de varios rascacielos de oficinas. Desde la empresa promotora, controlada por BBVA y Construcciones San José, se explica que trabajarán con las nuevas Administraciones para desarrollar el proyecto e insisten en que se hará lo que les pidan.

Carmena también pondrá la lupa en la operación Canalejas, que lleva a cabo el empresario Juan Miguel Villar Mir para convertir el edificio histórico en un hotel de lujo, entre otras instalaciones, con la promesa de dinamizar el centro de la capital. Igualmente cobra incertidumbre la operación Campamento y la urbanización del área del Calderón, actualmente paralizada por la justicia. “Las elecciones sí tienen repercusión según quien gobierne, tanto en modificaciones fiscales como en los planes de urbanismo”, dice Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de promotores APCE.

Obra civil, aún en la UVI

Al sector de la obra pública se le ha atragantado el panorama multicolor recién salido de las urnas. “Un cambio tan notable en los gobiernos autonómicos y locales, a expensas de materializarse con pactos con partidos emergentes, ofrece un escenario nuevo y heterogéneo, que puede no garantizar la continuidad de proyectos de inversión en curso o en estudio”, explica Jaime Lamo de Espinosa, presidente del colectivo de constructoras medianas de obra civil, Anci, que agrupa a referencias como Sando, Aldesa, Rubau, Torrescámara, Copcisa, Copisa, y así hasta 25 empresas. Para el colectivo, el nuevo contexto político “presenta muchas incógnitas e incertidumbres cuando se estaba iniciando una cierta recuperación”.

En todo caso, las mayores constructoras, en buena parte dependientes de la Administración central y cada vez con mayor peso de la actividad internacional en sus cuentas de resultados, van a mandar mensajes pidiendo estabilidad en la planificación y ejecución de infraestructuras, así como en el mantenimiento de las que ya existen.

El ATC, en peligro

En el ámbito municipal, las consecuencias del resultado electoral del domingo sobre el sector energético serán casi nulas, ya que los ayuntamientos no tienen potestad regulatoria. Los pactos de las grandes eléctricas con los mayores ayuntamientos, como el de Endesa sobre el desarrollo del coche eléctrico o la pobreza energética, seguirán su curso pues no dejan de ser iniciativas progresistas.

Otra cuestión son las autonómicas ya que los gobiernos regionales tienen transferidas algunas competencias relativas a la seguridad del suministro o los tributos medioambientales. De hecho, algunos partidos han incluido en sus programas la posibilidad de cobrar nuevas tasas. Pero la experiencia indica que los ingresos por tributos autonómicos energéticos o medioambientales (sobre redes o generación nuclear), acaba quedándosela el Ministerio de Hacienda a cambio de compensar a la comunidad correspondiente los mismos ingresos vía Presupuestos.

La pírrica victoria de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha (16 escaños frente a los 17 que suman PSOE y Podemos, que otorgan la mayoría absoluta necesaria para gobernar que los socialistas no quieren desperdiciar), ha centrado todas las miradas en el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos que la hasta ahora presidenta no ha podido culminar. El líder del PSOE en la comunidad castellanomanchega, Emiliano García-Page, ha dejado claro que está en contra del llamado cementerio nuclear, aunque no hay que olvidar que es un viejo proyecto socialista impulsado por el PP. En general, las compañías eléctricas, petroleras o gasísticas, analizan los resultados municipales y autonómicos más como una proyección de lo que pueda ocurrir en las Generales a celebrar a finales de año.

Turismo y el efecto Colau

Un mandato encabezado por Ada Colau en la Ciudad Condal podría suponer, según la hoja de ruta de Barcelona en Comú, la paralización de la concesión de todas las nuevas licencias de alojamientos y hoteles. El anterior ejecutivo no llegó a aprobar el Plan General Metropolinato (PGM) de la ciudad, que debía impulsar la reconversión de la torre Deustche Bank para su uso hotelero. Su propietario, el fondo KKH Property, prevé construir un hotel operado por Four Seasons, y para ello elevaría la altura del edificio, de 71 a 98 metros. Además, la moratoria también afectaría a la de apartamentos turísticos. Colau se ha mostrado a favor de reconvertirlos en pisos de alquiler social.

Otra promesa que ha resonado en los últimos meses es que la tasa turística que cobra Barcelona se destine a servicios a la ciudadanía, en vez de a promoción turística como se hace en la actualidad.

Esperanzas en las ‘tic’

Uno de los sectores más esperanzados con la oleada de cambio es el de las tecnologías de la información: “El campo de las TIC ha sido el patito feo para este Gobierno”, sostiene un alto directivo, que espera que no se frene la economía en los próximos meses por el componente procíclico que tiene este negocio. Entre las fuentes consultadas se confía en que se dé impulso al mercado único digital en España y se eliminen trabas burocráticas y costes que dependen de administraciones locales.

La apuesta por la reindustrialización con base innovadora, el paso hacia la administración cloud o un mayor incentivo a las empresas digitales, especialmente cuando operan en ámbitos con competencias transferidas, como el de la economía colaborativa, están entre las peticiones de las empresas a los futuros gobiernos autonómicos. Desde la patronal Ametic se reclama el cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones y la definitiva apuesta por conceptos como la ventanilla única.

Amenazas para el motor

En la automoción, cautela. Determinadas iniciativas relacionadas con el tráfico, como es el cobro por entrar en la almendra central de las grandes ciudades, así como la política impositiva de los ayuntamientos, pueden afectar a la renovación del parque de automoviles.