Justicia paraliza la "privatización" del Registro Civil impulsada por Gallardón
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes que la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil queda de momento aplazada. Este proyecto, que debía ponerse en marcha el 15 de julio, había levantado mucha polémica por considerarse desde muchos sectores, oposición y sindicatos incluidos, una "privatización" del Registro Civil.
El abandono supone, además, una rectificación más de la política llevada a cabo por el antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón.
"El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con caracter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha señalado este viernes Catalá en unas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo, donde había acudido a un acto de imposición de medalla del Colegio de Abogados de Madrid.
El ministro ha transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada -ha dicho- por las "discrepancias" con este colectivo y la "crítica" y "oposición importante" por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.
"Por eso nos replanteamos el plazo del 15 de julio, nos replanteamos incluso el modelo", ha dicho Catalá que ha anunciado que convocará para la próxima semana a las Comunidades Autónomas, sindicatos y otros representantes del sector de la Justicia "para seguir trabajando en ello".
"NO CUENTA CON LOS APOYOS NECESARIOS"
"Sería absurdo que el Gobierno se empeñara en llevar a cabo una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha indicado. El ministro ha criticado, eso sí, la falta de soluciones alternativas a esta propuesta y ha dicho que "a fecha de hoy" nadie le ha ofrecido un proyecto distinto al que hasta hora impulsaba su Ministerio.
La decisión del departamento dirigido por Rafael Catalá de encomendar a este colectivo este servicio ha levantado duras críticas en los últimos meses. Los partidos de la oposición, funcionarios de la administración de Justicia, sindicatos u otros colectivos como los secretarios judiciales, han expresado su oposición a lo que consideran una "privatización" encubierta.
El ministro ha insistido en que su deseo es obtener "un servicio público y de calidad" y continuará trabajando para su mejora con la idea que implantar en el menor tiempo posible algunos de los avances pretendidos como, por ejemplo, el registro automático de nacimientos y defunciones por vía telemática desde los hospitales.
