El Consejo de Estado, sobre el nuevo 9-N: "Eleva, si cabe, la gravedad"
El Consejo de Estado considera que la consulta alternativa que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pretende llevar a cabo el 9N "eleva, si cabe," la gravedad de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al omitir "algunas de las más elementales garantías constitucionales".
Este es uno de los argumentos del dictamen que ha aprobado este jueves por unanimidad la Comisión Permanente del Consejo de Estado, redactado a petición del Gobierno para la impugnación de la consulta alternativa ante el Tribunal Constitucional.
Este viernes, el documento será revisado por el Ejecutivo, que estudiará si recurre al Tribunal Constitucional.
El dictamen explica que el Gobierno catalán no ha aprobado un decreto de convocatoria del "proceso de participación ciudadana" y que, aunque se firmara pocas horas o días antes del 9-N, tampoco le otorgaría cobertura jurídica, ya que no cumple las exigencias mínimas previstas en el ordenamiento constitucional.
Asimismo, considera que el objeto y elementos esenciales de la nueva consulta son "sustancialmente idénticos" a los de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
"Lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, eleva si cabe la gravedad de los mismos", afirma el Consejo de Estado.
Así, argumenta que la consulta alternativa carece de garantías constitucionales como son la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de votantes, "siendo así que la inobservancia de tales garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio que es regla habitual de cualquier sistema democrático".
De esta forma, el dictamen señala que "se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades públicas convocantes".
MISMA CONSULTA "BAJO NOMBRE DISTINTO"
Los miembros del Consejo de Estado recalcan que queda fuera de las competencias autonómicas cualquier cuestión que afecte a la indisoluble unidad de la Nación española recogida en la Constitución.
El dictamen alude a la "antijuridicidad" de la consulta suspendida por el TC y la que ahora, "bajo nombre distinto", quiere realizar la Generalitat.
La identidad entre ambas consultas sirve al Consejo de Estado para estimar que tanto la convocatoria de la "alternativa" y las actuaciones "de todo tipo" que la Generalitat viene auspiciando para celebrarla vulneran la suspensión de la primera consulta decretada por el TC.
Sin embargo, el órgano consultivo aclara que eso no impide que el Gobierno pueda impugnar el nuevo proceso de forma autónoma.
El dictamen subraya que pretender celebrar la consulta del 9N con voluntarios o que las personas llamadas a participar sean las que se apunten en un "fichero de participantes" son también muestras de los "vicios de inconstitucionalidad" del proceso.
