Interior gastará medio millón en un camión con agua a presión que no utiliza desde hace 20 años
Los camiones antidisturbios con cañones de agua a presión llevan sin usarse en España más de 20 años. El Ministerio de Interior decidió sin embargo adquirir uno por medio millón de euros en diciembre pasado, según dice, para proteger "la integridad física de los ciudadanos".
Varios diputados socialistas registraron una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso para saber cuándo había sido la última vez que se había usado este tipo de vehículos en todas las comunidades autónomas en tareas de orden público en manifestaciones, cuando el Boletín Oficial del Estado desveló las intención de Interior de adquirir uno para la Policía Nacional por un valor de 493.680 euros.
El Ejecutivo ha respondido a todos con el mismo texto, al que ha tenido acceso Europa Press. En sus contestaciones, especifica que en la Jefatura de Unidades de Intervención Policial de la Dirección General de la Policía sólo consta que se haya hecho uso de estos vehículos "el 23 de enero de 1987, en Madrid, y el 7 de septiembre de 1991, en Valencia". Hace más de 20 años.
El Gobierno justifica la adquisición de un nuevo camión antidisturbios en la respuesta que ha remitido a otro diputado que también se interesó por el mismo tema, el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto.
SUJETO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
El Ministerio de Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, explica que "el aprovechamiento de las capacidades" de estos camiones por parte de las unidades policiales "se enmarca en la necesidad de proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana frente a la acción de quienes se conducen con extraordinaria violencia durante manifestaciones y actos de concentración en detrimento del ejercicio pacífico de derecho de reunión".
"Se trata, en definitiva -alega Interior- de un medio destinado a evitar actos de violencia que pudieran producirse durante actos de manifestación y o reunión, protegiendo la integridad física de los ciudadanos, bienes y servicios esenciales".
Además, en esta respuesta el Gobierno subraya que el uso de estos camiones de agua está "sujeto a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad" y que también se utilizan en otros países de nuestro entorno "como Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Portugal o Grecia, entre otros".
RECHAZA DESTINAR ESE DINERO A COMBATIR LA CORRUPCIÓN
El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, también preguntó al Gobierno por este tema, en concreto, por qué no destinaba los 500.000 euros que se iba a gastar en comprar el polémico camión a reforzar los juzgados que investigan asuntos relacionados con la corrupción.
El Gobierno le ha contestado que los presupuestos del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia "contemplan las dotaciones económicas necesarias para el funcionamiento de los distintos órganos judiciales" y que si estos necesitan refuerzos se les conceden.
Además, aclara a Baldoví que la Ley General Presupuestaria, establece que no pueden "realizarse transferencias entre créditos de distintas secciones presupuestarias", como sería el caso que él plantaba y que implicaría un trasvase de fondos del Ministerio de Interior al de Justicia.
