Educación aplicará el decreto de castellano el próximo curso "sí o sí"

Educación aplicará el decreto de castellano el próximo curso "sí o sí"

EFE

Más leña al fuego en la cuestión catalana. En esta ocasión llega desde el Ministerio de José Ignacio Wert. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado que el decreto relativo a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua cooficial se va a aplicar el próximo curso "sí o sí".

Gomendio ha hecho estas declaraciones al término de la conferencia sectorial este miércoles por la tarde, presidida por el ministro José Ignacio Wert y a la que no ha asistido la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, para mostrar su rechazo al real decreto que aborda la enseñanza del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales.

También ha resaltado la secretaria de Estado que el Ministerio está "abierto" a debatir este tema en un grupo de trabajo, tal y como han pedido algunas comunidades (al menos Cataluña y País Vasco), pero que se debe constituir con "celeridad".

Gomendio ha resaltado que "no ha sido posible" debatir esta cuestión en una "reunión bilateral" y ha aseverado que es deber del Ministerio "garantizar" la educación en castellano a aquellas familias que lo soliciten.

Además, ha comentado que no se trata de recibir la educación en castellano "al 100%" en las comunidades con lengua cooficial, sino que algunas asignaturas se hagan así.

CATALUÑA INTENTÓ RETIRAR EL TEMA

Ha explicado que Rigau se puso en contacto con Wert para pedir la retirada del orden del día de la sectorial del real decreto sobre la enseñanza en castellano, pero que la petición no pudo ser atendida porque las demás comunidades tenían derecho a tratar ese tema.

Asimismo, Gomendio ha detallado que el proyecto de real decreto por el que se desarrolla la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) determina que los alumnos adelantarán el pago de la matrícula en un centro privado cuando en su comunidad no haya colegios públicos o privados que garanticen su derecho a estudiar en castellano.

Después, las familias reclamarán el importe a Educación y el Estado deducirá o retendrá de la financiación autonómica el importe de los gastos de escolarización asumidos por el Ministerio.