El juez Ruz interroga al exgerente del PP y al arquitecto responsable de la renovación de Génova
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este lunes al exgerente del Partido Popular Cristóbal Páez y al arquitecto Gonzalo Urquijo, responsable de la renovación de la sede de Génova entre 2005 y 2011. Ruz les preguntará si conocían la existencia de una "contabilidad paralela o en B".
El magistrado quiere ahondar en el informe policial en el que se pone de relieve la existencia de tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en 2008 en la supuesta contabilidad opaca del extesorero Luis Bárcenas y que coincidían con anotaciones halladas en el registro de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova.
Ruz considera que estos pagos confirmarían "a nivel indiciario" la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el PP al margen de su contabilidad oficial que habría sido utilizada para pagar a Urquijo, al que imputó como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios tanto Páez como Bárcenas.
También señala que, además de la "eventual responsabilidad tributaria", estos hechos podrían "conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental o contable, todo ello sin perjuicio de ulterior valoración".
Además de Urquijo y Páez, el juez ha citado a declarar como testigos a las trabajadoras de Unifica María Rey Salinero y Laura Montero Almazán, que habrían mantenido contactos por correo electrónico con responsables del PP por las reformas de la sede, y al exjefe de Seguridad popular y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, quien "habría participado en el seguimiento y decisiones" sobre esta reforma.
REGISTRO EN CONDE PEÑALVER
El informe policial fue elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a partir del registro de la sede de Unifica en la calle Conde de Peñalver de Madrid, que se produjo el pasado 27 de septiembre. Allí, se halló una factura de 195.000 euros por obras en la planta segunda de Génova que en los papeles del extesorero fue consignada como una salida cuyo beneficiario era 'Gonz. Urquijo'; así como otro recibo de 232.000 euros (235.000 en la contabilidad B para 'G.U.') relativo a las obras en la planta tercera.
En relación con los trabajos que se acometieron en las plantas cuarta y quinta, se incautó una factura por importe de 560.895,35 euros que coincidiría, según los papeles del extesorero, con dos salidas para 'G.U.' y 'Gonzalo (arquitecto)' de 200.000 y 258.000 euros, respectivamente.
Además, el juez Ruz ordenó la realización de una prueba pericial caligráfica sobre varios documentos manuscritos y un cuaderno incautados en el despacho de Urquijo en el que aparecían anotaciones sobre los pagos realizados por el PP.
CRÍTICAS DEL PP
El PP, que no está personado en esta causa, remitió el pasado 2 de diciembre un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que cuestionaba a este organismo policial por "creer a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado en prisión por la supuesta comisión de graves delitos, entre los que está la falsedad documental y la estafa", en referencia a Bárcenas. "No parece muy propio de un informe policial solvente", aseguraba.
Los populares sostienen que la resolución del juez Ruz, que daña "gravemente la imagen" de la formación, se basa en "un informe parcial, provisional y de avance" de la UDEF en el que se utilizan "simples presunciones (precisamente las más alejadas de la lógica)" pero no se examinan "los documentos, datos y registros contables" aportados por la formación.