Condena de muerte a la ordenación del territorio

El urbanismo español ha vuelto de las vacaciones con el informe sobre el mercado del suelo que ha presentado la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). El regulador independiente de los mercados ha analizado los motivos que, dicen ellos, imponen a nuestro país una oferta rígida de viviendas que dificulta la competencia. Empecé a leerlo con mucho interés, aunque rápidamente se convirtió en una curiosa mezcla entre asombro y enfado. Me insulta que en 2013, y tras al menos seis años de crisis por la explosión de la burbuja inmobiliaria, con una cantidad de suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento sin más motivo evidente que sostener los caprichos del político local de turno con los beneficios del proceso urbanizador, un parque de miles de viviendas vacías -unas cuantas de ellas propiedad de la SAREB- y habiendo consumido en los últimos veinte años tanto suelo como en los dos mil años anteriores vengan unos señores que cobran de mis impuestos -precisamente desde ese 2007 en que se vislumbraba la crisis, que fue cuando fueron designados- a decirme que en España las viviendas están caras, y que si están caras es porque hay pocas. ¡Venga, hombre!

Se me podrían ocurrir muchos diagnósticos de los males del mercado del suelo en España, desde la mal entendida participación de la comunidad en las plusvalías de la acción urbanística de los entes públicos, que si bien consagrada en la Constitución para preservar el interés general -y de hecho, es un precepto constitucional con el que no podría estar más de acuerdo- se ha pervertido hasta el extremo, y ha llevado a la mayoría de los Ayuntamientos españoles a pagar promesas electorales a golpe de reclasificación, hasta la ausencia, hasta tiempos muy recientes, de un planeamiento territorial de ámbito superior al municipal que limitase la libertad de los Ayuntamientos para hacer y deshacer a su antojo en el ámbito urbanístico (y es que, la competencia en urbanismo la tienen las comunidades autónomas, a pesar de lo que pueda parecer); pero desde luego ni distorsionando la realidad hasta el extremo se me habría ocurrido el razonamiento de la CNC.

Claro, que de razonamientos insensatos solo pueden surgir conclusiones aún peores. En el documento, el organismo que debería servir de guía a la acción de los Gobiernos estatal y autonómicos propone la sentencia de muerte de la ordenación del territorio, tildando de innecesario clasificar y calificar suelo de forma detallada, y pidiendo, en definitiva, la derogación de la legislación urbanística para sumirnos en un libertinaje inmobiliario del que solo se salvarían aquellas zonas que las administraciones, justificadamente, protegieran.

El regulador estatal, en definitiva, defiende que se pueda urbanizar apenas sin límite, impidiendo así toda forma de control de la sociedad contra el abuso de su territorio y su medio ambiente, pero también obligando a las administraciones públicas a renunciar a la planificación territorial y estratégica, sea para determinar el modelo de ciudad, las infraestructuras o el modelo económico del territorio, generando perjuicios irreparables que costarían muchísimo más que todo el beneficio que este competitivo modelo que se plantea pudiera lograr, tanto ambientales y paisajísticos como, sobre todo, económicos; pues un territorio sin una definición analizada y profesional de sus perspectivas está condenado al colapso de sus infraestructuras y a una irremediable pérdida de empleo, derivada, precisamente, de la escasa competitividad de lo irracional frente a lo razonado.

Que los poderes públicos sean responsables de ordenar el territorio es una garantía para el cumplimiento de muchos de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y que se plantee poner en juego los derechos más básicos con una excusa tan excéntrica como que en España las viviendas son caras porque hay pocas es ofensivo, más si se hace con dinero público y desde una Administración Pública. Y más todavía, nos habla muy mal del trabajo de quienes deberían regular una cuestión tan fundamental para una economía como es la competencia, pues demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad. A pesar de que el territorio es el recurso menos renovable y el bien más preciado del planeta, en España hay un enorme excedente de suelo urbanizable, todo y que en el informe se advierte de que es escaso. Solo se me ocurre una conclusión: menos mal que la Comisión Nacional de la Competencia desaparece con la reforma de las administraciones públicas que está llevando a cabo el Gobierno. Y esperemos que desaparezcan también de sus sillones quienes hayan firmado semejantes barbaridades.