La ley Wert: una contrarreforma que devuelve la escuela pública a los años 50

Durante todo este curso los jóvenes no hemos dejado de movilizarnos: hemos salido a las calles, realizado huelgas, asambleas en los centros de estudio, concentraciones y acciones reivindicativas a lo largo y ancho de todo el Estado. En todo este tiempo hemos dejado clara nuestra oposición a la que sin duda es la peor ley educativa que en los últimos treinta y cinco años hemos conocido.

Masificación y recortes

Desde los primeros compases de este curso 2012-2013 desde el Sindicato de Estudiantes nos propusimos tratar de dar a conocer entre toda la comunidad educativa algunos de los aspectos más dañinos de la nueva contrarreforma. La exitosa Huelga General Educativa del pasado 9 de mayo, la más contundente en los últimos años, ha dejado claro cómo, junto con la acción de padres y profesores, hemos logrado popularizar algunas de los rasgos más perniciosos de la LOMCE, esta nueva ley educativa. La enorme labor informativa tuvo como resultado que por primera vez en la historia profesores, madres, padres y estudiantes llamamos y fuimos llamados a la paralización del sistema educativo durante 24 horas para dejar claro cómo esta contrarreforma quiere ser impuesta desde el deslegitimado Gobierno del Partido Popular contra la opinión de los que día a día construimos y vivimos la escuela pública.

La única intención del Ministerio de Educación es acabar con la escuela pública tal y como hoy la conocemos. Para ello desde su llegada a la Moncloa están llevando a cabo una única política educativa que se divide en dos caras de una misma moneda. Por una parte unos recortes sin precedentes en los presupuestos de la educación pública -5.000 millones de euros- que sólo este curso han supuesto 62.000 despidos del personal de la red pública. Al mismo tiempo, ante la evidente masificación de las aulas que incumpliría la legalidad vigente sobre el número máximo de alumnos por clase, el PP se vio obligado a aprobar en abril de 2012 una nueva norma que permitiera incrementar hasta en un 20% el número de estudiantes por aula; pasando de 25 a 33 en primaria y de 35 a 42 en secundaria.

La segregación social en su máxima expresión

Estas medidas de recorte eran el preámbulo a su ya conocida como franquista contrarreforma educativa, que basándose en los recortes y la masificación da un nuevo paso adelante recuperando los itinerarios segregadores y clasistas que, en última instancia, dependiendo de la extracción social de cada estudiante, empujarán a una determinada modalidad educativa; a quienes provenimos de familias trabajadoras o de los barrios más humildes nos deparará la salida lo más rápido posible del sistema educativo, mientras que para aquellos que dispongan de amplios recursos económicos permitirá su continuidad hasta la educación superior.

En el fondo de estos itinerarios está la concepción del futuro que el PP prepara para los jóvenes de las familias más humildes. Desde su punto de vista es un desperdicio económico que los hijos de los trabajadores cursemos estudios de bachillerato, formación profesional de grado superior o incluso la universidad, si al fin y al cabo lo que nos tienen preparado es el paro, la precariedad o la emigración. Por ello al finalizar segundo de la ESO -con 13 años de edad- la LOMCE obliga a los estudiantes a "decidir" si se encaminan hacia un 3º de la ESO que les llevará, en la práctica de manera irreversible, a la FP de grado medio, masificada y sin medios suficientes, o bien hacia el bachillerato y la pelea por entrar en la FP de grado superior y mucho más difícilmente en la universidad. Para que la decisión sea la "adecuada" se creará el Consejo Orientador que será el encargado de empujarnos en un sentido u otro. Los que tengamos dificultades a la FP de grado Medio, los otros... a ver que pasa en el Bachillerato.

Estos dos itinerarios bien diferenciados se completan con un tercero, el de la Formación Profesional Básica, que al finalizar 3º de la ESO y tras dos años cursándolo nos deja fuera del sistema educativo con un título académico inferior al que obtendríamos al terminar 4º de la ESO. Es decir, que con 17 años de edad obtendremos una titulación inferior al graduado en ESO que se obtiene al finalizar a los 16 años 4º de la ESO.

Reválidas franquistas: la expulsión fulminante del sistema educativo

Sin duda el otro aspecto más pernicioso de la contrarreforma es la recuperación de las reválidas franquistas que en los años 50 y 60 existían en el sistema educativo. Barreras artificiales que, de no ser superadas, supondrán la no obtención del título de la ESO o Bachillerato en cada caso y la imposibilidad de continuar estudiando. Cualquier estudiante que apruebe 4º de la ESO, si quiere obtener su título y seguir estudiando en la FP de grado medio o el bachillerato, tendrá que pasar un examen de selectividad, de no aprobarlo no se le entregará el título y se le impedirá continuar dentro del sistema educativo. Esta misma situación se repetirá al finalizar 2º de Bachillerato, nuevamente si no se supera esta, ya segunda selectividad, no se obtendrá el título de bachiller (teniendo únicamente el título de graduado en 4º de la ESO) y en cualquier caso, aunque sea aprobado, no permitirá todavía el acceso a la universidad. Para poder entrar en cualquier facultad será necesario superar un tercer examen de selectividad diferente en cada universidad a la que queramos acceder.

Si por fin logramos superar esta lamentable carrera de obstáculos tampoco tendremos garantizado nuestro acceso a la universidad, ya que la última subida de tasas de un 66% de media en las matrículas universitarias está haciendo que actualmente 3.500 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid puedan ser expulsados porque sus familias no pueden pagar uno de los tramos, o los 1.500 ó 2.000 euros de media, que han alcanzado los precios para poder permanecer cada año en la universidad. Una escandalosa subida que como ya se anunció hace unas semanas desde el Ministerio de Educación, volverá a repetirse este nuevo curso porque "queda claro que las familias de los universitarios no se están esforzando lo suficiente para que sus hijos puedan realizar estos estudios"

Ante esta situación la única alternativa que nos queda a los jóvenes, y a quienes defendemos la escuela pública, es seguir explicando las consecuencias de la LOMCE y organizar y profundizar la mayor respuesta social a un Gobierno que sólo se preocupa por legislar a favor de una minoría de grandes poderes económicos, mientras hunde las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad y especialmente el presente y el futuro de la juventud.