Anular el SMI, primer paso para los salarios del hambre

Hace unos días se daba a conocer la memoria anual del Banco de España, acompañada de unas incendiarias consideraciones de su actual gobernador, Luis María Linde, quien se despachaba con total naturalidad sobre los próximos recortes que el PP debería llevar adelante, centrándose especialmente en la reducción de salarios y el retraso en la edad de jubilación.

Aunque en las primeras noticias aparecidas en los medios de comunicación pareciera que estas propuestas tenían como destinatarios exclusivamente a los jóvenes, nada más lejos de la realidad. El gobernador del Banco de España defiende con claridad la imposición de salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -645,30 euros-, a los trabajadores "con mayores dificultades para su empleabilidad", es decir, para todos los parados de larga duración, casi tres de los seis millones doscientos mil desempleados que hay actualmente.

Para el gobernador del Banco de España y, cómo no, para líderes de la derecha como Esperanza Aguirre, que no ha tardado ni un segundo en salir a respaldar estas declaraciones, la reducción de salarios es una medida necesaria. Eso sí, la reducción debe circunscribirse a los salarios de los jóvenes y trabajadores más golpeados por la crisis económica, nunca para los responsables de la misma. Para ellos los ingresos deben seguir siendo multimillonarios.

Con el PP, los pobres más pobres...

Y es que para el Partido Popular no es suficiente que el 60% de quienes tienen trabajo cobrasen ya en 2011 salarios netos inferiores a los 1.000 euros mensuales, o que, como en 2012 desveló en esta ocasión el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio del conjunto de los trabajadores fuese de 1.345 euros mensuales.

El expolio tan brutal que en cinco años se ha llevado adelante por parte de las grades empresas contra los sueldos de los trabajadores ha sido tal, que hoy en día conocer a un joven mileurista parece casi un relato de ciencia ficción.

Pero el empobrecimiento de millones de familias trabajadoras no se mide únicamente a través de un salario cada vez más menguante. En estos años hemos visto cómo el IVA ha pasado del 18% al 21% -aunque para productos como el material escolar la subida ha sido del 4% a ese mismo 21%- y los precios al margen del IVA también han continuado disparándose, especialmente el de los carburantes, el transporte público, la luz, el gas o la comida fresca. También en este tiempo derechos sociales como la gratuidad de las recetas médicas, determinados medicamentos o becas para el estudio han comenzado a desaparecer de un plumazo, de tal manera que los menos de mil euros que un trabajador pudiese cobrar en 2011 poco tienen que ver con el valor de esos mismos mil euros en la actualidad.

Ellos más ricos

La indignación que entre la mayoría de la sociedad despiertan las declaraciones que hacen el gobernador del Banco de España, Esperanza Aguirre o los ministros y tertulianos del PP, se ve acrecentada cuando se hacen públicos los ingresos de estos mismos personajes. Y es que el mismo gobernador que pide la eliminación del SMI, ha cobrado, sólo en los últimos seis meses del año, 81.320 euros, es decir que cada mes ingresaba el equivalente a 21 salarios mínimos.

La lista de sueldos completamente desorbitados es muy, muy larga, y entre los dirigentes del Partido Popular se da además la paradoja de que en los mismos años que explicaban que era necesario "apretarse el cinturón", ellos no sólo no se aplicaban el cuento, sino que llevaban adelante subidas escandalosas de sus ingresos declarados.

Alicia Sánchez Camacho -presidenta del PP en Catalunya- es uno de los mejores exponentes de este milagro de la subida salarial meteórica en plena crisis, pasando de cobrar 35.000 euros en 2009 a 113.000 en 2011, una subida de casi el 300%, que no incluye el dinero recibido por ser senadora y el que obtiene de las dietas del Parlament, cuya suma da un ingreso final declarado de 180.000 euros anuales (15.000 euros al mes).

Lejos de ser un caso aislado, este ejemplo es algo completamente normalizado en el partido de la derecha, hasta el punto de que el propio Mariano Rajoy entre los años 2006 y 2011 (cuando se hacía fotos frente a las colas del paro, o decía cosas como: "Miro mi cuenta al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos") disfrutó de una subida salarial del 36%, pasando de cobrar 146.000 euros anuales a 200.000 euros. Casi 17.000 euros al mes.

Los casos de Mariano Rajoy y Alicia Sánchez Camacho son la tónica general dentro del PP, que reconoce sin problemas cómo sus parlamentarios con responsabilidades en la sede, entre muchos otros, perciben una "compensación por gastos de representación", de hasta 50.000 euros sobre su propio sueldo. Todo este caudal de dinero, claro está, no incluye los ingresos derivados de los famosos sobres de Bárcenas, y que según las últimas informaciones periodísticas habrían proporcionado sólo a Mariano Rajoy ingresos a razón de 25.000 euros por año entre 1999 y 2008.

A la luz de estos y muchos otros datos que llenan páginas enteras de casi todos los diarios, queda en evidencia cómo muchos políticos del PP y de los partidos que sustentan el sistema, sí que entran en la vida política para hacerse ricos, y además a costa del erario público, puesto que como el Partido Popular reconoce abiertamente, el 95% del dinero que gestiona y del que salen estos sueldos millonarios, llega de diferentes subvenciones y ayudas públicas.

Y los muy ricos, mucho más ricos

Estos sueldos astronómicos que demuestran cómo sí que hay dinero de los fondos públicos para que por lo menos unos pocos vivan a cuerpo de rey, son una minucia comparados con los salarios que se adjudican a sí mismos los grandes empresarios, accionistas, banqueros y especuladores de todo tipo. De esta forma los sueldos de los consejeros de las 35 empresas más punteras en el Estado español, las que cotizan en el IBEX-35, se incrementaron en 2011 una media del 4%, alcanzando cantidades de hasta 279.300 euros anuales, 432 veces el salario mínimo.

Nuevos ataques en el horizonte a nuestras condiciones de vida

Todo es objeto de revisión y de "reforma", desde los convenios y los salarios, hasta por supuesto, el futuro de las pensiones. Los efectos de todas estas medidas los conocemos muy bien, incluso en los países que se invocan constantemente como ejemplos a seguir, este tipo de recortes tienen consecuencias nefastas: en Alemania, 760.000 pensionistas se ven obligados a buscar un minijob con el que poder complementar los ingresos de su magra pensión, mientras en Gran Bretaña los extendidos programas de "aprendices" para los jóvenes entregan salarios de 2,7 libras la hora, 480 euros al mes por jornadas de 8 horas diarias.

Estos ejemplos de otros países muchas veces son utilizados por la derecha para justificar los ataques que llevan adelante en el Estado español, pero nada dicen de que nuestro salario mínimo es de los más bajos en la Unión Europea, y menor a la mitad del SMI francés, que llega a los 1.425,67 euros mensuales.

El problema de fondo de toda esta situación es que se continúan drenando recursos públicos por valor de miles de millones de euros, de recortes a las prestaciones sociales para beneficio de una minoría que incrementa sus fortunas a costa del empeoramiento sostenido de nuestras condiciones de vida. De hecho con los cien millones de euros que diariamente salen de las arcas públicas para pagar la deuda del rescate a la misma banca que no para de lucrarse, podrían construirse al final de un año 365 hospitales de 500 camas cada uno a lo largo y ancho de todo el Estado.

La solución a toda esta situación es clara: rescatar a las personas, defender nuestros derechos sociales, y poner fin a este escandaloso saqueo. Por eso muchos jóvenes luchamos por la expropiación del parque de viviendas propiedad de la gran banca para ponerlas en alquiler social y anular así todos los desahucios. Contra la reforma laboral, la reforma de las pensiones, o la contrarreforma franquista de la enseñanza (LOMCE), y la privatización de la sanidad y la enseñanza públicas para tener un futuro digno. No vemos otra alternativa que la nacionalización sin indemnización de todo el sector financiero bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones para garantizar así unas condiciones de vida dignas para toda la población, y no sólo para unos cuantos.