Pablo González: fin a dos años en una prisión polaca sin una prueba en su contra sobre la mesa

La guerra de invasión de Rusia sobre Ucrania ha cumplido más de dos años, un tiempo en el que le ha dado la vuelta al mundo en materias como la geopolítica, la defensa o la energía. Frentes de batalla con altibajos, fuerzas y contrafuerzas que avanzan o se estancan, presupuestos que se reorientan, alianzas que se refuerzan o se rompen. Todo cambia. O casi todo, porque más de dos años llevaba también en la cárcel un periodista español que cubría el conflicto y cuyo caso sigue enquistado, sin cargos, sin juicio, sin derechos, hasta hoy. El periodista ha sido excarcelado este jueves tras ser incluido en el canje de prisiones acordado entre EE UU y Rusia, según ha confirmado su abogado Gonzalo Boye.

El de Pablo González es un caso totalmente inusual: es el único informador europeo detenido en la cárcel de un país comunitario. Un español encarcelado en Polonia en práctica incomunicación, sospechoso de espionaje en favor de Rusia, pero sobre el que no acaban de presentarse pruebas, mientras cada trimestre se le prorroga la prisión provisional. 

El pasado 28 de febrero, cuando se cumplían dos años de su arresto, hubo movilizaciones en Bilbao, en Barcelona o en Madrid, ante el Ministerio de Exteriores, para reclamar su liberación o, como poco, un proceso justo. También en redes sociales se lanzaba la campaña #FreePabloGonzalez, con la que se trató de concienciar sobre su caso y reclamar una solución, un llamamiento al que se han sumado esta semana de aniversario juristas, actores y periodistas reconocidos. 

Quién es Pablo González

Pablo González (Moscú, 1982) es periodista, lingüista y y politólogo. Su trabajo como reportero, en gran parte como freelance o autónomo, se ha centrado en cubrir países del espacio postsoviético y Europa del este. Se especializó en los conflictos armados y por eso ha informado en estos años de la Segunda guerra del Alto Karabaj o la Guerra del Donbás y Crimea de 2014, antesala de la invasión a gran escala actual, iniciada en 2022. Cuando Vladimir Putin lanzó su "operación militar especial", González acudió también a cubrirla. Ha trabajado para medios como la Agencia EFE, Público, Naiz, Gara, La Sexta, DW o France 24, prensa escrita y televisión, sobre todo.

Es nieto de un niño de la guerra: su abuelo se fue exiliado a Rusia durante la Guerra Civil y allí hizo su vida. El informador tiene padre ruso y madre española y por eso tiene doble nacionalidad y doble pasaporte. En Moscú fue inscrito con el nombre de Pavel Rubtsov. En la que aún era la URSS, a punto de desmoronarse, vivió hasta los nueve años, cuando tras el divorcio de sus padres se instaló con su madre en España, en Cataluña y el País Vasco. En el registro civil quedó asentado entonces como Pablo González Yagüe. Sus dos nombres son legales, como sus nacionalidades y documentos.

Cursó estudios de Filología Eslava en Barcelona y más tarde hizo un máster de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional para dedicarse al periodismo, que fue su apuesta de oficio final. Tras sus estudios, comenzó a viajar y a cubrir información internacional. 

Ya bajo detención, ha sido finalista del premio José Couso y ha sido galardonado con el premio José María Portell a la Libertad de Expresión de la Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y el Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien Euskal Elkargo, o el premio Llibertat d’Expressió 2023 de la Unió de Periodistes Valencians. Distinciones que ha agradecido como ha podido desde su "Guantánamo particular".

El arresto

El periodista, como ya hizo en 2014 cuando Rusia se anexionó Crimea y ayudó a los prorrusos de Donetsk y Lugansk, acudió a Ucrania para cubrir la sorpresiva invasión rusa. Estando en Kiev, los servicios de Inteligencia locales lo visitaron. Lo interrogaron durante cuatro horas y le retuvieron sus teléfonos, ordenadores y cámaras, le hicieron copias de sus materiales y le dieron 72 horas de plazo para abandonar el país. 

Contactó con las autoridades españolas, porque desconocía los motivos de esa visita y esa expulsión, y le dijeron que no había nada formalizado en su contra. Fue un aviso verbal. Por eso y porque tenía compromisos profesionales, se quedó en la zona cuatro días más. Pero voló a España muy poco después, cuando supo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español había ido a hacer preguntas a su casa en Nabarniz (Bizkaia), donde viven su esposa y sus tres hijos, y también había contactado con sus allegados en Cataluña. Quería responder personalmente sobre lo que fuera que quisieran saber.

Como no podía entrar de nuevo en Ucrania sin riesgos, decidió ir a Polonia y cubrir la salida de refugiados ucranianos a los países vecinos -se calcula que aún hay uno siete millones de civiles en el exterior-. En la localidad fronteriza de Przemysl, mientras dormía en su hotel, oficiales de la Agencia de Seguridad Interna polaca lo detuvieron. Era el 28 de febrero de 2022. Sólo pudo llamar a su esposa y contarle que estaba arrestado, que avisara a su abogado y poco más. 

Durante 48 horas, ni su defensa ni su familia supo dónde se encontraba, completamente incomunicado. Los servicios consulares españoles no podían prestarle servicio hasta que él lo solicitara, rocambolesco dada sus circunstancias. Tras una primera vista, al fin, se le decretaron tres meses de prisión preventiva. A la semana de su arresto le llegó la acusación formal por un supuesto caso de espionaje en favor de Rusia, en función del artículo 130.1 del Código Penal de Polonia. 

Los motivos

Desde entonces y hasta el día de hoy, no se han presentado aún los cargos concretos sobre los que se sustenta esa acusación, los hechos detallados ni las pruebas hipotéticas con que cuenta la Fiscalía. El Tribunal de Apelaciones de Lublin acaba de decidir (el 15 de febrero) que prorroga su internamiento por tres meses más; es la octava renovación pero tampoco en esta ocasión viene con una fecha de juicio a la que atenerse. 

El portavoz del Ministerio de Servicios Especiales, Stanisław Żaryn, afirmó en el momento de su arresto que Gonzáles había "sido identificado como un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General Ruso (GRU)", que "realizó actividades de espionaje para Rusia sirviéndose de su condición de periodista". Por esta acusación puede ser condenado hasta a diez años de cárcel.

Los pocos detalles que se conocen sobre el procesamiento no son oficiales. Han sido filtrados a la prensa y, en concreto, a Proekt (o Agentstvo), un medio ruso independiente, de corte opositor, que en 2023 publicó dos entregas sobre el caso. En mayo, indicó que sus fuentes confirmaban que en "los dispositivos digitales del periodista español" se habían localizado informes sobre Zhanna Nemtsova. Es la hija del disidente ruso Boris Nemtsov, asesinado en el centro de Moscú en 2015, que comanda una fundación en recuerdo de su progenitor sobre la que el periodista tendría datos. 

Más recientemente, en noviembre, el mismo medio indicó que González habría tomado en una ocasión los mismos medios de transporte que Sergei Turbin, un oficial de Inteligencia ruso. Dicho viaje "confirmaría la acusación de los servicios de inteligencia polacos", señalaba la web. Sostenía que la reserva de los billetes se hizo a la vez, en el mismo lugar y momento, en junio de 2017. "Una fuente de Agentstvo, que se comunicó con González en agosto de 2017, dijo que el periodista le había dicho que quería ir a Rusia a trabajar pero que no sabía cómo conseguir un visado. Sin embargo, en esa conversación el periodista español no reveló que poseía pasaporte ruso", cita Público, uno de los medios en los que trabajaba el reportero y que está llevando la bandera su su batalla, entre otros. 

Oihana Goiriena, la pareja de Pablo González, cree que el hecho que ha podido llevar a confusión es que tuviera dos pasaportes distintos, con nombres diferentes, pero ambos son legales y se explican por su origen como nieto de un niño de la guerra. Eso fue lo que se desmontó en las primeras horas del arresto y hace ya más de un año la Justicia polaca envió también una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional para preguntar si el periodista contaba con nacionalidad española. 

Este flanco estaba cerrado, igual que el de la supuesta financiación que le llegaba todos los meses desde Moscú: 350 euros que su padre, que sigue viviendo allí, le pasa a su hijo cada mes, como a su hermana, que vive en Australia. Y si extrañaba que cobrase muchos pocos de diferentes empresas, la clave está en su situación laboral: es autónomo y factura a diferentes medios de comucación. 

El problema es que luego no ha habido más contacto explicando el porqué del encarcelamiento, ni siquiera los detalles publicados por el medio ruso. Su abogado se queja especialmente de "la opacidad de las autoridades polacas, la lentitud del procedimiento y, sobre todo, el hecho de que sabemos que los cargos son infundados". "No hay un documento que no podamos explicar", defiende. 

La violación de derechos

La defensa de González, que lleva el abogado Gonzalo Boye, su familia, organizaciones profesionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) o el defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional han estado clamando durante dos años y medio por un proceso justo para el informador. Más allá de los cargos que cuajen si procede, hay que garantizar "un mínimo de transparencia", dice RSF. "Pedimos su inmediata puesta en libertad y que se respete su presunción de inocencia" y "un proceso judical con todas las garantía", añadía el Sindicato de Periodistas de Madrid.

A la acusación de espionaje, ambigua, genérica y sin confirmación, se suman, según su círculo, unas condiciones de encierro que violan derechos humanos esenciales y que se suelen reservar para delincuentes de otra naturaleza. "Pablo González se encuentra en la cárcel de Radom, en un régimen de semi-aislamiento: 23 horas al día encerrado en una celda de cinco metros cuadrados sin luz natural y con apenas una hora de paseo en un patio diminuto", denunciaba la portavoz del grupo de apoyo en Madrid, Cristina Ridruejo. "Si ya a esa prisión se le denomina el Guantánamo europeo, Pablo González se halla en una cárcel dentro de esa cárcel", afirma el comunicado de aniversario que leyó Ridruejo el pasado febrero, junto al también periodista Javier Sáenz.

Sólo disponía de una hora al día para salir al patio de esta cárcel de máxima seguridad, por lo que está prácticamente incomunicado de los demás reclusos. El resto del tiempo lo pasaba en la celda, que se mantenía permanentemente vigilada. Durante estos dos años y medio, sólo ha podido ser visitado dos veces por su pareja, la última, acompañada de su hijo mayor; a los dos pequeños no los ha visto desde su arresto, porque no tiene permiso ni para hacer videoconferencias ni llamadas. Ha visto una vez a su madre. 

Siempre "bajo unos niveles altísimos de seguridad: con varios funcionarios polacos presentes y con Pablo esposado de pies y manos. Sus hijos pequeños llevan dos años sin escuchar y ver a su padre. No saben cuándo podrán volver a verle y no entienden por qué no les puede llamar su aita", denuncia la Asociación #FreePabloGonzález. Su familia sólo ha sabido de él a través de su abogado -con quien tiene también acceso limitado y de cuyo servicio careció en las primeras semanas del proceso- y se comunicaban a cuentagotas vía cartas, que llegabban con dos meses de media de retraso, abiertas, traducidas y censuradas. 

Por eso denunciaban que se estaba sometido a "tortura psicológica". Durante una visita en febrero de Boye, su abogado, tuvo acceso a su defendido y lo encontró "bien de ánimos", aunque ha perdido bastante peso.

A eso se sumaba que no tiene información sobre el proceso que le atañe. no hay pruebas ni acusación en firme, ni tampoco garantías procesales. Y además prisión es provisional, porque no hay ni fecha de juicio ni sentencia firme. Habitualmente, la prisión temporal se va renovando para armar la investigación contra un preso, pero no suele superar los dos años. En el entorno comunitario en el que está Polonia, superar ese tiempo es excepcional. Claro que se contemplan supuestos en los que se puede ir más allá, pero se reservan a delitos graves. 

Del caso de González se desconoce este extremo, por más que se le trate como un preso peligroso. Lo que sí se sabe es que, de ser cierto el caso de espionaje, no se produjo ni en suelo polaco ni contra intereses de Varsovia, por lo que su arresto tiene poco sentido. Una laguna más por rellenar. 

Una de las quejas de Goiriena, su compañera, es que tampoco ha habido intervención de las autoridades españolas en su favor. "No hemos tenido contacto ni con el Gobierno central ni con la Embajada en Polonia", relata a la Cadena SER. Sí que hay contacto regular con el cónsul en Varsovia, a quien agradecen su amabilidad, y quien les cuenta cómo lo ve cuando lo visita. Hasta en 17 ocasiones lo ha hecho. Poco más. Es "un funcionario de alto rango que no tiene potestad política", se duele. 

La familia reclamaba "apoyo real" del Ejecutivo, "gestiones diplomáticas verdaderas", y lamenta las declaraciones reiteradas del ministro José Manuel Albares, quien ha calificado de "graves" las acusaciones contra González y sostiene que sus derechos están plenamente garantizados y que la asistencia consular es suficiente. Entienden que vulnera, además, la presunción de inocencia de González. En octubre de 2022, Albares llamó a su colega polaco para pedirle que el reportero "tenga un juicio público lo antes posible". Exteriores no ha trasladado la petición de la familia de que la prisión preventiva la cumpla mientras en España, algo que su defensa sostiene que se podría hacer. 

En el vídeo de apoyo difundido el pasado febrero, exjueces como Baltasar Garzón y José Antonio Martín Pallín se quejaban del "secretismo" en torno al caso, que es "inconcebible" a la vista de que se enmarca en un país de la Unión Europea, donde "se supone que se debería respetar el Tratado de Derechos Fundamentales". Reclamaban el acceso "completo" a su expediente, que nunca se ha logrado, y que se conozcan las pruebas sobre las que el fiscal se apoya para, una y otra vez, pedir la prórroga de su detención. Ni siquiera se han suavizado las medidas de retención en estos dos años, en los que no ha habido incidentes con él. En escrito remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cronista ya argumentaba que Polonia estaba violando varios artículos de la Convención de Derechos Humanos.

La plataforma de ayuda a Pablo González esperaba que la llegada de un nuevo Gobierno a Polonia, el de Donald Tusk, que ha desplazado a la ultraderecha y defiende el europeísmo, sirviera para desencallar este caso y mejorar las condiciones del preso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había advertido en repetidas ocasiones, no obstante, de que el uso de la prisión preventiva es un problema estructural en Polonia. Hay precedentes de esperas largas y sin garantías. 

"En un país de la UE, es totalmente inusual mantener detenido a un periodista durante dos años sin juicio y con cargos secretos. Instamos a las autoridades judiciales polacas a que pongan en libertad a Pablo González para que pueda defenderse ante un tribunal, que debe llamarlo a juicio lo antes posible. Aunque respetamos el principio del secreto de sumario, pedimos a la Fiscalía que garantice -de acuerdo con las normas de la UE- un mínimo de transparencia sobre las pruebas que obran contra el periodista encarcelado durante tanto tiempo", concluía Alfonso Bauluz, presidente de la ONG Reporteros Sin Fronteras.