La Junta de Fiscales del Supremo ordena investigar a Puigdemont por terrorismo

Nueva vuelta de tuerca en lo relativo a la investigación al expresident Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en el 'caso Tsunami'. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha tomado una decisión que, en la práctica, supone tumbar el informe anterior emitido por Álvaro Redondo que no apreciaba motivos para imputar al líder de Junts y también rechazaba que hubiese indicios de terrorismo. Los 15 fiscales que componen la Junta de Fiscales de la Sección Primera del alto tribunal han votado en el mismo sentido.

Se trata de la decisión adoptada en la reunión mantenida esta mañana por dicho órgano del ministerio fiscal del alto tribunal por el que se da la vuelta a la tortilla de la postura de la Fiscalía en relación con la presunta implicación de Puigdemont en los disturbios derivados de las protestas de Tsunami Democràtic en el otoño de 2019, tras la publicación de la sentencia del procès. 

En este sentido, el giro no solo supone que Redondo se haya quedado solo en la postura adoptada sobre Puigdemont en su informe, también significa que la Fiscalía se alinea con las tesis del juez instructor de este caso, Manuel García Castellón. La noticia ha saltado mientras tenía lugar la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha sido preguntada la ministra portavoz y titular de Educación y Deportes, Pilar Alegría.

Alegría ha recordado la habitual posición del Ejecutivo en esta materia, la del máximo respeto a las decisiones judiciales y fiscales, si bien ha recordado que la postura adoptada no tiene por qué ser finalmente la que prevalezca, al recaer en la Fiscalía General del Estado: "La decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país"

La polémica de un cambio de borrador que el mismo Redondo niega

Esta decisión tiene un antecedente clave, ante diversas informaciones publicadas en medios de comunicación. Dichas noticias apuntaban a que Redondo habría cambiado el borrador inicial sobre este asunto -donde sí habría calificado los hechos de Tsunami como terrorismo-, tras reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El propio Redondo lo desmintió ayer lunes mediante un escrito: "Desmiento haber recibido ninguna instrucción del fiscal general en relación con este asunto. Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia".

No se quedó ahí Redondo, quien detalló que elaboró "un primer borrador interno como documento de trabajo" y que "varios días después", redactó "el borrador de ponencia para la junta de Fiscales", en el que concretaba que "los hechos no constituían concretamente un delito de terrorismo".

¿Y ahora qué?, ¿cómo afecta el cambio al proceso y qué escenarios se abren en el Supremo?

Precisamente, es más que previsible que de este cambio se genere un nuevo choque judicial entre fiscales. El motivo es que el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional que investiga este caso, Miguel Ángel Carballo, es la de que no hay motivos para la elevación de la exposición razonada en la que el magistrado reclama al Supremo investigar por terrorismo a Puigdemont, al diputado del Parlament Rubén Wagensberg y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como otras personas.

El motivo de que Castellón tenga que trasladar esta cuestión al alto tribunal es que tanto Puigdemont, como eurodiputado, como Wagensberg, como diputado autonómico, cuentan con aforamiento y solo pueden ser juzgados en dicha instancia.

Con todo, para comprender la clave e importancia de la decisión adoptada por la Junta de Fiscales no solo jugará un papel clave la elaboración de un nuevo informe de la Fiscalía. Se abre la puerta incluso a que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, pueda dar el paso para proceder a la unificación de criterio elaborando ella misma el informe definitivo.

Y ¿por qué ese informe definitivo podría ser clave? Precisamente porque será el documento que vaya a parar a manos del juez Juan Ramón Berdugo, en la Sala de lo Penal, y éste tendrá que decidir si da luz verde a la antes mencionada exposición razonada que elevó García Castellón. 

En otras palabras, si se admiten los indicios y tesis manifestada por el juez de la Audiencia Nacional para juzgar a Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo. Unos delitos que el magistrado consideran escapan al último cambio pacto con Junts en la propuesta de ley de amnistía, antes de que los propios posconvergentes la hiciesen caer en la votación en el Congreso, la posibilidad de amnistiar tipos delictivos de terrorismo que no contravengan el convenio europeo de derechos humanos.